Ayudas para jubilados: del alquiler a la hipoteca, viajes o factura de electricidad

 

Ayudas para jubilados: del alquiler a la hipoteca, viajes o factura de electricidad

©[Mónica Silvestre] a través de Canva.com

La pensión media en España es de 1.032,33 euros mensuales, según los últimos datos de la Seguridad Social. La más elevada es la de jubilación con una nómina media de 1.187,80 euros, mientras que el resto (incapacidad permanente, viudedad, orfandad) no alcanzan ni los 1.000 euros al mes. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en varias ocasiones que el punto más importante de la reforma de pensiones, que entrará en vigor en 2022, es garantizar el poder adquisitivo de las mismas. 

Y es que aunque las pensiones por jubilación sean las que más gato suponen, alrededor del 70% del total, muchas veces resultan insuficientes, por los que son muchos que necesitan tirar de ayudas públicas para llegar a final de mes. Veamos a continuación cuáles son los principales programadas en favor de los jubilados por partes de las Administraciones Públicas.

Complemento para pensionistas que vivan de alquiler

Aquellos jubilados que cobran una prestación no contributiva, por no haber llegado al mínimo de cotización exigido que son 15 años, tienen también acceso al complemento de 525 euros para aquellos titulares que residan en una vivienda alquilada y que tengan dificultades para afrontar las rentas. Los requisitos que se exigen para acceder a esta ayuda son:

• Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la de resolución.
• Carecer de vivienda en propiedad
• Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda
• No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado ni constituir con aquel una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.
• Tener fijada su residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada. Se entenderá que es considerado como tal, cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y haya residido en la misma durante un periodo mínimo de 180 días anteriores a la fecha de solicitud.

En el supuesto de que en el mismo inmueble residan dos o más personas con una pensión no contributiva, solo tendrá derecho al complemento el titular del arrendamiento y en caso de ser varios, el primero de ellos.

Ayudas para jubilados: del alquiler a la hipoteca, viajes o factura de electricidad

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La pensión media en España es de 1.032,33 euros mensuales, según los últimos datos de la Seguridad Social. La más elevada es la de jubilación con una nómina media de 1.187,80 euros, mientras que el resto (incapacidad permanente, viudedad, orfandad) no alcanzan ni los 1.000 euros al mes. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en varias ocasiones que el punto más importante de la reforma de pensiones, que entrará en vigor en 2022, es garantizar el poder adquisitivo de las mismas. 

Y es que aunque las pensiones por jubilación sean las que más gato suponen, alrededor del 70% del total, muchas veces resultan insuficientes, por los que son muchos que necesitan tirar de ayudas públicas para llegar a final de mes. Veamos a continuación cuáles son los principales programadas en favor de los jubilados por partes de las Administraciones Públicas. 

Complemento para pensionistas que vivan de alquiler

Aquellos jubilados que cobran una prestación no contributiva, por no haber llegado al mínimo de cotización exigido que son 15 años, tienen también acceso al complemento de 525 euros para aquellos titulares que residan en una vivienda alquilada y que tengan dificultades para afrontar las rentas. Los requisitos que se exigen para acceder a esta ayuda son:

• Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la de resolución.
• Carecer de vivienda en propiedad
• Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda
• No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado ni constituir con aquel una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.
• Tener fijada su residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada. Se entenderá que es considerado como tal, cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y haya residido en la misma durante un periodo mínimo de 180 días anteriores a la fecha de solicitud.

En el supuesto de que en el mismo inmueble residan dos o más personas con una pensión no contributiva, solo tendrá derecho al complemento el titular del arrendamiento y en caso de ser varios, el primero de ellos.

Prestaciones de atención a la dependencia

Aquellas personas en situación de dependencia pueden solicitar prestaciones, que serán tanto económicas como de servicios, para atender sus necesidades. La legislación establece que la prioridad es la atención mediante los servicios públicos, pero en caso de no ser posible podrán recibir una prestación económica y ser atendido por cuidadores no profesionales siempre que la vivienda cumpla las condiciones de habitabilidad.

Además, para aquellos dependientes que quieran continuar viviendo en su casa, se ofrecen ayudas como la teleasistencia, ayudas personales, servicios domésticos o comida a domicilio, entre otros, que buscan mejorar su calidad de vida sin que suponga un coste adicional para ellos

Bono social eléctrico

No es una ayuda dirigida directamente a los jubilados, pero aquellos con menos recursos podrán beneficiarse del bono social eléctrico. En concreto, esta ayuda se destina a los jubilados, entre otros colectivos, más vulnerables por su condición social o económica y concibe descuentos de entre un 25% o un 50% de la factura eléctrica.

Abono social telefónico

El bono social telefónico es menos conocido, aunque también existe para estos mismos colectivos y supone una rebaja del 95% sobre la tarifa de teléfono fijo contratada. Las opciones para contratar que ofrecen las compañías de telecomunicaciones son cada vez son más variadas. Podemos contratar la fibra para casa, canales 'premium' de la televisión de pago o el móvil con llamadas ilimitadas y gigas para navegar intensamente cada día. Pero el precio de estos paquetes puede ser bastante elevado y llega a superar los 100 euros.

Sin embargo también hay personas con uno intereses diferentes que por ejemplo solo van a utilizar el teléfono fijo en casa para lo que hay tarifas económicas desde 6,90 euros. Estos servicios básicos tienen la gran ventaja de que sus precios son más baratos y pueden cubrir sus necesidades. Si además las personas son jubilados, pensionistas, ciudadanos con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social pueden acogerse al Abono Social Telefónico.

Tarifas de teléfono para pensionistas

Además del anterior, compañías como Movistar, Orange o Vodafone tienen tarifas para jubilados y pensionistas, que son más económicas y se ajustan a sus necesidades. También hay descuentos especiales para familias con rentas bajas como el Abono Social. Y otras tarifas disponibles para todos los públicos, con servicios básicos y precios baratos, que también pueden resultar interesantes para sus necesidades. A continuación vemos las tarifas telefónicas económicas pensadas para personas mayores de cada empresa

Viajes del Imserso

Otra de las necesidades que también tienen las personas jubiladas es el ocio y la cultura. En ese sentido, el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), desarrolla un programa de turismo para "proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior". Más allá de los viajes turísticos más conocidos, el Imserso también incluye el programa termalismo, alojamiento y manutención junto con tratamientos termales básicos.

Hipoteca inversa

En el presupuesto mensual de muchos pensionistas uno de los principales gastos es el pago de una hipoteca. A este respecto, para conseguir reducir el desembolso total existe la opción de la hipoteca inversa. Como su nombre indica, invierte los roles del préstamo tradicional, ya que es el propietario de una vivienda quien recibe una cuota mensual del banco, a cambio del inmueble.

El importe de la renta que se percibe depende del valor de la vivienda, de la edad de la persona que contrata la hipoteca y de la elección que se haga entre recibir la renta por un periodo determinado o de forma vitalicia. Con esta modalidad, el propietario no pierde su propiedad y puede seguir utilizándola hasta su fallecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que esta opción implica una deuda que recibirán los herederos.

Estas son las principales ayudas que se ofrecen desde la Administración Estatal, no obstante las Comunidades Autónomas, con base en sus competencias, conceden otras prestaciones dirigidas a estos colectivos.

 

Accidentes laborales

Las enfermedades profesionales que dan derecho a pensión o indemnización

 

Trabajadora que ha sufrido un accidente laboral.

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El concepto de enfermedad profesional puede llevar a cierta confusión. Si un trabajador se pone enfermo, la patología puede ser considerada una enfermedad común o profesional. Para que una dolencia sea reconocida como enfermedad profesional, se han de cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, la enfermedad tiene que haber sido contraída en el puesto de trabajo y a consecuencia del mismo. Si un reponedor de supermercado sufre una lesión cuando se dirige a la tienda será clasificada como una enfermedad común. Pero si un veterinario sufre diarrea y fiebre como consecuencia de una infección transmitida por un perro de la clínica será considerada una enfermedad profesional.

El origen laboral de la patología no es suficiente para que sea calificada como profesional. Además de ser contraída en el puesto de trabajo, existe un requisito imprescindible para que una enfermedad sea considerada como tal: tiene que estar recogida expresamente en la ley. Es decir, la enfermedad tiene que figurar dentro del listado oficial de enfermedades profesionales reconocidas por la Seguridad Social.

Así lo establece la legislación española: “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia de un trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley y que esté provocada por acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indique para cada enfermedad profesional”, señala el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Listado de enfermedades profesionales

El listado de enfermedades profesionales está recogido en el Real Decreto 1299/2016. El cuadro de dolencias está dividido en seis grupos: causadas por agentes químicos; físicos; biológicos; por inhalación de sustancias; enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no incluidos; y por agentes carcinogénicos.

Se trata de un listado es muy exhaustivo, donde cada dolencia viene acompañada de los trabajos que pueden sufrirla. Por ejemplo, la hipoacusia o sordera provocada por el ruido puede ser reconocida como enfermedad profesional a personas que realicen trabajos relacionados con el tráfico aéreo, como personal de tierra o mecánicos, o a quienes trabajen en discotecas. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de un profesor o un periodista. La rigidez de este listado ha provocado quejas por parte de los trabajadores, ya que en muchas ocasiones la dolencia no es calificada como profesional. El 20% de las enfermedades provocadas por el trabajo no están reconocidas en el cuadro de enfermedad profesional, según ha denunciado el sindicato UGT en diversos informes.

El cuadro de enfermedades profesionales puede ser actualizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero la realidad es que apenas se ha modificado desde su aprobación. Hace tres años, en mayo de 2018, el cáncer de pulmón por inhalación de polvo de sílice fue incluido en la lista.

A raíz de la pandemia, el contagio por coronavirus entre el personal sanitario y sociosanitario se considera enfermedad profesional, en lugar de como accidente de trabajo. Sin embargo, esta medida se adoptó de forma temporal y no se incluyó en el cuadro. “Los contagios por covid-19, entre personal sanitario y sociosanitario únicamente serán considerados como enfermedad profesional hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2”, ha señalado UGT.

Cómo reconocer una enfermedad profesional

Si un trabajador sufre una enfermedad provocada por el trabajo, tiene que acudir a la mutua de la empresa. Esta se encargará de declarar el origen profesional de la contingencia y dar la baja laboral. Si el empleado acude a su médico de cabecera puede emitir un parte de sospecha de enfermedad profesional, que será revisado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Aunque parezca una obviedad, solo están protegidos ante una enfermedad laboral aquellos trabajadores que estén dados de alta en la Seguridad Social. Los autónomos también tienen la obligación de cotizar por contingencias profesionales desde 2019.

Derecho a una prestación por incapacidad

Un trabajador que esté de baja por enfermedad profesional tiene derecho a asistencia sanitaria, así como a percibir una prestación por incapacidad temporal. No existe ningún tipo de requisito de antigüedad para poder cobrar esta prestación. ¿Cuánto dinero recibirá el trabajador durante la baja? El empleado recibirá el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja laboral. El salario correspondiente al día de la baja lo tiene que abonar la empresa.

Tras la baja médica es posible que el trabajador sufra secuelas de las que no se pueda recuperar. En algunos casos las secuelas derivadas de una enfermedad profesional pueden derivar en una incapacidad permanente. Esta puede ser total, cuando inhabilita al trabajador para ejercer su profesión pero puede realizar otras, o absoluta, cuando no puede desempeñar ningún oficio. Si un trabajador tiene reconocida la incapacidad permanente, recibirá una prestación económica por parte de la Seguridad Social. Los pensionistas por incapacidad permanente total cobran un 55% de su base reguladora, mientras que los que tienen reconocida la absoluta cobran el 100%.

Otra secuela que puede sufrir el trabajador son las lesiones permanentes no invalidantes. Estas lesiones no alteran de forma significativa la actividad profesional, pero sí repercuten en su integridad física. Algunos ejemplos son lesiones o pérdida de dedos de las manos o alteraciones en la capacidad auditiva. El trabajador que sufre este tipo de lesiones no recibe una pensión como ocurre con aquellos trabajadores que sufren una incapacidad permanente. En este caso, se tiene derecho a recibir una indemnización, que se cobra una única vez. El cobro de esta prestación es compatible con el salario recibido por el trabajo.

La situación más trágica ocurre cuando se produce el fallecimiento del trabajador a causa de la enfermedad profesional. La Seguridad Social establece que en caso de muerte se concede al cónyuge y a los huérfanos una indemnización, además de la pensión.

 

Así afecta la subida del salario mínimo (SMI) a los subsidios y ayudas del SEPE

 

El indicador clave para poder acceder al subsidio por desempleo y a la RAI

©[coyot] a través de Canva.com

La subida del salario mínimo es uno de los principales retos que el Gobierno se ha fijado para este nuevo curso, en contra de la intención de la CEOE, que mantiene su rechazo a que la nómina se incremente este año y espera a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Economía, Nadia Calviño, consensúen una propuesta. Mientras, desde CCOO insisten al Ejecutivo en que saquen adelante el nuevo SMI, aún sin el apoyo de la principal organización empresarial. 

Por lo pronto, Trabajo tiene convocado para este mismo miércoles, a las 10 de la mañana, un encuentro con los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para iniciar las negociaciones sobre la subida del SMI que está ahora fijado en 950 euros mensuales y que el Gobierno se ha comprometido a que alcance el 60% del salario medio en esta legislatura. 

Recordemos que como consecuencia de la severa crisis económica por la Covid-19, un posible incremento del salario mínimo quedó congelado el pasado año y postergado hasta mediados de 2021, una vez hubiera acabado el estado de alarma. Por tanto, fue en junio cuando el Gobierno retomó las negociaciones con la patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo. 

Lo que todavía es una incógnita es de cuánto será la subida. Fuentes de los contactos informales que mantienen de 2020 abogaban, según publicaba este mismo medio, por que la cifra podría quedarse por debajo de los 1.000 euros, que era la intención inicial del Ejecutivo, "en algún punto entre los 950 euros actuales y los 1.000 de referencia". 

Límite de rentas

Sea como fuere, la subida no solo incidirá en la nómina de los trabajadores que cobran en el salario mínimo, también en determinados subsidios para desempleados del SEPE. En la práctica, además, supondrá abrir en cierto modo el abanico a más personas para poder acceder a estas ayudas. 

¿El motivo? Que tanto el subsidio para mayores de 45 años con cargas familiares, como el subsidio para mayores de 52 años o el subsidio extraordinario por desempleo tienen un requisito que dice lo siguiente: "carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo". Es decir, el 75% de 950 euros (SMI) implica que el límite de rentas es actualmente de 712,15 euros; en caso de subirse el salario mínimo a, por ejemplo, 985 euros, el límite sería de 783,75 euros. 

 

Ayuso eliminará los tres impuestos de la Comunidad y convertirá a Madrid en la primera autonomía sin tributos propios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que liderará la creación de una ley para eliminar todos los impuestos propios que actualmente tiene la autonomía, que son tres. "Madrid se convertirá así en la primera comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios", ha señalado la líder del Ejecutivo regional en una rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno del curso político.

Los tributos que quedarán suprimidos cuando se apruebe la ley anunciada son el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados, el que pesa sobre depósito de residuos y un tercero de recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.

La Comunidad de Madrid viene abogando desde hace años por una baja presión fiscal y eso también se nota en la regulación de los impuestos propios: la región ya es una de las que menos tributos propios tiene en vigor. La regulación madrileña contrasta con la que hay en otras comunidades como Cataluña, que tiene 15 impuestos específicos en vigor este 2021, o Andalucía, que tiene 8, de acuerdo con la información en materia de tributos propios que facilita el Ministerio de Hacienda.

La puesta en marcha impuestos propios es una atribución que tienen todas las comunidades autónomas en virtud de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la propia Constitución Española, que en su artículo 133 reconoce a las autonomías y a las corporaciones locales la capacidad de "establecer y exigir tributos".

Esta es la primera decisión de calado sobre regulación fiscal que anuncia la presidenta madrileña, en el primer día de curso político tras la vuelta del verano, pero no será la única. Díaz Ayuso mantiene desde 2019 el compromiso de bajar medio punto todos los tramos de la parte autonómica del IRPF. La pasada primavera, durante la campaña electoral, la presidenta anunció que esta medida entraría en vigor en 2022, por lo que antes de que termine el año la ley que hará posible esta bajada impositiva debe llegar a la Asamblea para su tramitación

Recaudación de 3,4 millones en 2020

Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, en la Comunidad de Madrid, la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total, una cifra que se traduce en unos 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente. En 2020, la tributación total por ambos impuestos fue de 3,4 millones de euros.

El impuesto sobre las máquinas en locales de hostelería autorizados grava la instalación de máquinas recreativas, con o sin premio, en este tipo de establecimientos. Se trata de un impuesto que para el Gobierno de la Comunidad ha quedado obsoleto tras la creación del impuesto estatal sobre el juego.

Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única región que tiene un impuesto de estas características, siendo su recaudación residual ya que el grueso de la tributación se queda en la tasa fiscal sobre el juego. Así, en 2020, se tributó 1,2 millones de euros por el impuesto propio mientras que por la tasa fiscal se recaudó 144,6 millones.

Por su parte, el impuesto sobre depósito de residuos, destinado a la protección del medio ambiente, quedará solapado por el impuesto estatal que va a poner en marcha el Gobierno de España. En 2020, la recaudación en la Comunidad de Madrid por el tributo propio fue de 2,2 millones.

El recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)está fijado en el 0% desde el año 2009. Este impuesto grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional. La gestión es compartida entre el Estado y las comunidades.

 

Los Mossos desarticulan la mayor banda de narcotráfico de Cataluña

Un operativo internacional en que también han participado la Policía Nacional y Europol detiene a 107 ciudadanos albaneses dedicados al tráfico de marihuana

Cronica Global .........   ALEIX MERCADER 

Un operativo conjunto de los Mossos d'Esquadra y la Policia Nacional ha desarticulado la mayor banda de narcotraficantes de Cataluña. Los agentes detuvieron en julio a 107 ciudadanos de origen albanés que se dedicaban al tráfico internacional de marihuana y cultivaban la droga en plantaciones interiores repartidas por toda la comunidad. En el dispositivo también han participado analistas de Europol y miembros de las policías alemana y albanesa.

"Se trata de la operación policial realizada más grande en Cataluña contra la mafia albanesa", ha declarado Ramón Chacón, jefe de la división de investigación criminal de los Mossos. En un total de 51 registros, la policía se ha incautado de una tonelada de cáñamo procesada en cogollos y 25.000 plantas, así como armas, 70.000 euros en efectivo y tres vehículos, dos de alta gama.

Primer operativo en 2020

Las primeras pesquisas arrancaron en junio de 2020, después de que distintas comisarías de los Mossos advirtieran la existencia de una red de facilitadores en la comunidad. Estos cooperadores de los traficantes eran inmobiliarias, que proporcionaban los locales para los cultivos, así como trabajadores vinculados con el sector eléctrico. Esta red ayudaba a la organización a establecerse y les dotaba de la logística necesaria para realizar sus actividades.

La primera intervención se realizó en diciembre de 2020, cuando las autoridades alemanas neutralizaron un camión procedente de España con 140 kilos de cogollos ocultos en una carga de pistachos. En esta operación se detuvo a cuatro personas y se incautaron 100 kilos de droga.

 

 

Redada de Mossos y Policía Nacional contra una red internacional de narcotráfico / MOSSOS

Droga con destino a Alemania

A partir del primer operativo, se produjo un intenso intercambio de información entre la policía catalana y alemana. Los Mossos han destacado que los países nórdicos son el principal destino de la mayoría de plantaciones de marihuana. En mayo de 2021, los Mossos arrestaron en Reus (Tarragona) a tres integrantes de la banda e interceptaron 1.170 plantas. En paralelo, informaron sobre la llegada a Alemania de otro camión con 100 kilos de cogollo.

Finalmente, esta colaboración internacional propició la detención en julio de los 107 traficantes albaneses, que pertenecen íntegramente a un único clan familiar. En el marco de un dispositivo autorizado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, cerca de 400 agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Europol y la policía albanesa participaron en la redada en Girona, Tarragona --donde los cabecillas tenían fijada su residencia--, Barcelona y Castellón. En total, 19 de los detenidos ya han ingresado en prisión.

Más de 30 plantaciones

La actividad generada por los investigados ha permitido la identificación de más de 30 plantaciones dispersadas por Cataluña en las localidades de Reus, Tarragona, Amposta, Sabadell, Mollet, la Llagosta, Polinyà, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Celrà, Vendrell, Olesa de Montserrat, Sant Sadurní d’Anoia, Selva del Camp, Constantí, Canyelles, Vila-rodona, Creixell, Santa Margarida i els Monjos, Montblanc, Sant Fruitós del Bages y Sant Feliu de Llobregat.

Los Mossos consideran que los detenidos podrían haber cometido los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. "Lamentablemente, España es el país número uno importando no solo marihuana, sino también crimen organizado. No hay ningún país de la Unión Europea donde esté llegando este volumen de crimen organizando. Se puede llegar a crear en España un clúster de crimen organizado", ha advertido Chacón.

Preocupación de los Mossos

El intendente se ha detenido en subrayar la preocupación creciente porque son organizaciones "muy violentas" debido a los vuelcos de la droga entre bandas rivales o al uso de armas para defender la mercancía ilícita. "El crimen organizado compra armas; hasta ahora no se veía, pero se ha generado una demanda", ha alertado.

También ha ofrecido datos sobre lo que suponen para la "huella medioambiental" este tipo de enganches ilegales a la luz para conseguir ciclos de tres cosechas al año. Endesa ofreció 76 inspectores y realizó 22 desconexiones, en un fraude que se estima en entre 1,6 y 6 millones de euros. Si se toma a la baja, ya sería el equivalente al consumo de 2.000 familias españolas durante un año.