Se acerca el invierno y, con él, los rigores del frío y la vida en interiores. Se avecinan también las festividades de diciembre y los ansiados encuentros navideños, que, en muchos casos, el año pasado hubo que suspender. Con la mirada puesta en todos estos factores, las comunidades autónomas buscan anticiparse a posibles rebrotes de COVID y a la hipotética llegada a España de una nueva ola que ya está azotando el centro y este de Europa, con tasas de incidencia nunca antes registradas en algunos países del continente.
Tras dos semanas en las que este indicador ha aumentado un 40% en territorio nacional, al pasar de 49 casos por 100.000 habitantes a principios de noviembre a los 82 de este lunes, las comunidades han puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar algunas restricciones o aplicar otras nuevas para frenar la propagación del virus. La obligatoriedad del pasaporte COVID, de la vacuna para ciertos colectivos o de actuaciones preventivas en los colegios son algunas de las opciones barajadas por las autonomías.
El objetivo de las regiones con la implantación de estas limitaciones es evitar que el incremento de la incidencia acumulada termine por repercutir negativamente otra vez en la presión hospitalaria, ahora en el 4,6% y por debajo del marcador de riesgo del 5%. En este contexto, el perfil de los ingresados en las comunidades es variopinto, pero con un denominador común: los no vacunados son mayoría y son los que ocupan las unidades de cuidados intensivos. Por eso, las regiones se plantean actuar sobre este colectivo.
Es precisamente esa la determinación adoptada en buena parte de Europa, donde la tasa de vacunación es sustancialmente más baja que en España. Así, ante la incesante subida de las infecciones por coronavirus y la creciente presión hospitalaria, Austria optó este domingo por restringir la movilidad de las personas que no han recibido el suero contra la COVID; una medida ya aplicada en Rumanía desde hace semanas. También Alemania se ha decantado por limitaciones similares, y el test negativo ya no sirve para ir a bares y restaurantes.
El acento en el certificado COVID y la vacunación
Aunque la sexta ola todavía no ha llegado a España y solo el 11% de la población diana rechaza vacunarse, el conselleiro de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha advertido este lunes que "no se descarta tomar medidas de ningún tipo". Entre ellas, contemplan exigir a las visitas hospitalarias el certificado COVID, que ya es obligatorio para acceder al ocio nocturno en esa comunidad y en Cataluña.
"No se descarta tomar medidas de ningún tipo"
De momento, el Ejecutivo gallego evaluará la posibilidad de endurecer las restricciones en el sistema educativo autonómico, motivado por el alza de contagios en las últimas semanas, si bien la comunidad presenta la mayor tasa de vacunación de España, con un 95%.
Por su parte, el País Vasco ha abierto el debate en torno a la vacunación obligatoria de determinados trabajadores, aunque el Gobierno de Iñigo Urkullu confía en que se decida de manera "uniforme" en toda España. Por eso, ve "difícil" adoptar este tipo de medidas "si no están enmarcadas en una decisión" de ámbito estatal, especialmente cuando varios tribunales han tumbado diversas restricciones y se han declarado inconstitucionales los dos estados de alarma.
Lo que sí ha avanzado Urkullu es que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, anunciará este martes "nuevas directrices" en las zonas con una mayor incidencia en el País Vasco, que se encuentra ya en riesgo alto, por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en toda la región.
Tampoco Navarra, la comunidad con una incidencia acumulada más elevada en estos momentos, descarta recuperar alguna medida para luchar contra el avance de la pandemia.
Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que su Gobierno "acelera los procesos de carácter legal para que se pueda implantar el certificado COVID en determinados centros" y "proteger así a los más vulnerables". Se trata de una medida contemplada también por Canarias y Aragón desde hace días y respaldada por el lehendakari vasco, que, no obstante, quiere que se decida de manera uniforme en el conjunto del país, como en el caso de la vacunación obligatoria de ciertos colectivos.
En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero murciano de Sanidad, Juan José Pedreño, que pide un "marco legal" a nivel estatal que "garantice" que el pasaporte COVID puede exigirse en acontecimientos de "ocio y eventos multitudinarios", particularmente los dirigidos a la población entre 20 y 39 años, que tiene la menor cuota de inmunización en un país donde el 78,9% de la población tiene pauta completa.
Sin medidas por el momento
Contraria a reintroducir medidas se ha confesado Madrid. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad, Antonio Zapatero, descartó este lunes que se barajen nuevas restricciones en la región ante el repunte de casos. Sin embargo, sí ha hecho un llamamiento a la vacunación, ya que el 70-80% de los ingresos corresponden a población que no ha recibido el suero contra la COVID.
Tampoco Andalucía, con una incidencia de 44 casos y el 91,2% de sus ciudadanos con la pauta completa, contempla la adopción de medidas duras "a corto plazo", ya que la tendencia "ascendente" de los contagios de la COVID no va aparejada de un aumento de la presión asistencial. Por eso, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, confía en que la "prudencia" y "el gran índice de vacunación" en la comunidad les dé "un cierto respiro de cara a las fiestas navideñas".
Similar es el posicionamiento de Extremadura, que no se plantea "en este momento" implantar el pasaporte COVID para determinadas actividades o lugares.
Otras autonomías se han decantado por realizar un llamamiento a la vacunación, como es el caso de Castilla y León y Cantabria, que han apelado al sentido de la responsabilidad de los ciudadanos para hacer frente a la pandemia.
Como respuesta a todas estas posturas, Sanidad no oculta que no es partidaria de legislar a nivel nacional para dar un uso distinto al certificado COVID del que ya tiene, esto es, facilitar los viajes entre los países de la UE. De este modo, la iniciativa sigue en manos de las comunidades y del aval de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.
Situación de las comunidades autónomas
Estas disquisiciones se producen cuando hay dos las comunidades autónomas en riesgo alto por incidencia acumulada: Navarra (203) y País Vasco (174). Tras ellas, doce están en la franja media y cuatro, en la baja. Incluso los territorios que alcanzaron unas tasas más bajas en los últimos meses, como Asturias o Galicia, están viendo cómo este indicador no deja de subir y se encamina hacia los 50 casos por 100.000. Tan solo Ceuta, con 16, permanece en 'nueva normalidad'.
No obstante, la incidencia acumulada no es el único factor que determina la situación de riesgo por COVID. Intervienen otros, como la tasa de pruebas de diagnóstico positivas, los casos cuyo origen se conoce o la ocupación de los hospitales y, dentro de ellos, de las UCI.
En este sentido, la ocupación hospitalaria es un marcador crucial para evaluar el riesgo en cada comunidad. Actualmente, La Rioja encabeza la lista de comunidades con mayor presión en las UCI (13,2%), seguida de Aragón (10%), Cataluña (8,1%), Baleares (7,2 %), Navarra (6,7%) y Madrid (6,3%).
