El desastre de la transparencia de Ada Colau
Dice la Real Academia Española que transparencia es cualidad de transparente y transparente es, en su cuarta acepción, algo “claro, evidente, que se comprende sin duda o ambigüedad”. Ninguna de las acepciones de los académicos coincide con lo que es (o debería de ser) la página web de la transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Este portal aporta información parcial, incompleta y, por lo tanto, ambigua, de lo que es el consistorio. Construido a mayor gloria de la supuesta pureza ideológica y ética del equipo de gobierno municipal, es el reflejo de una manera de hacer que dista mucho de los cánones democráticos por los que debería regirse una corporación pública.
La página dispone de varios apartados relacionados con el código ético y de conducta, el comité de ética, la Sindicatura de Greuges y la Transparencia. Esta última incluye tres apartados: uno sobre evaluación de la transparencia municipal; otro sobre las jornadas de transparencia y buen gobierno; y el último, sobre el Consejo Asesor para la Transparencia.
UN SOLO INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Pero ya se sabe que “el derecho de acceso a la información, fundamental e indispensable en cualquier democracia, suele confundirse y se ha vuelto intercambiable en el debate público con el atributo o cualidad de transparencia”, según el politólogo mexicano Benjamín Hill. O sea, el primero es un derecho vinculado al desarrollo democrático. La segunda, un atributo o cualidad que se puede tener. No hay que confundir peras con manzanas.
Por eso, el contenido de la página municipal sobre la transparencia de la Administración Local deja mucho que desear. Para empezar, los responsables municipales mantienen colgados en la web un solo informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, el número 1.418 que lleva por título Informe de fiscalización del cumplimiento de a ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales. Se trata de un texto de 278 páginas que analiza los indicadores de los principales consistorios españoles en cuanto a la materia citada. Es decir, sobre información pública. Pero no constan los duros informes de ese mismo Tribunal sobre contratación y subvenciones de los principales consistorios españoles, en los que el Ayuntamiento de Barcelona sale malparado. La omisión de los informes críticos desvela, cuanto menos, una distorsión de la ética municipal que deja en mal lugar a los responsables municipales.
Los informes sobre contratación no se refieren a la transparencia, sino a la actividad del Ayuntamiento. Si se ha escogido el informe que está colgado es, precisamente, porque es el informe del Tribunal de Cuentas que mide la transparencia de los ayuntamientos, no su actividad”, replica una fuente municipal a Metrópoli.
JORNADAS DE AUTOBOMBO
En la misma web, se incluyen los informes de evaluación del Síndic de Greuges, la evaluación participativa que realiza la UAB y un gráfico sobre el índice de transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos españoles que realiza Transparency International España “para medir el nivel de transparencia de los principales ayuntamientos españoles ante los ciudadanos y la sociedad”, evaluados a partir de un conjunto de 80 indicadores. El gráfico destaca que Barcelona está muy por encima de la media estatal de transparencia. En la misma página, junto al anterior gráfico, otro destaca que Barcelona tenía en 2008 un total de 81,3 puntos sobre 100 puntos en el 2017 (la media española es de cerca de un 90%).
La página también incluye un apartado sobre Jornadas de transparencia y buen gobierno, en la que incluye la grabación de las sesiones de Transparencia y buen gobierno de junio de 2017 y las Jornadas de transparencia y eficacia comunicativa de diciembre de 2020. Todas organizadas por el propio consistorio y, por tanto, destinadas a apuntalar el ego político de los responsables municipales.
UN CONSEJO DESFASADO
El último apartado de la página es el del Consejo Asesor para la Transparencia, cuyo objetivo es “convertirse en un espacio de debate, reflexión y seguimiento de políticas de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona”. Este consejo está presidido por la “tercera tenencia de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia”. Este nombramiento, sin embargo, está desfasado, puesto que la tercera teniente de alcalde, Laia Bonet, no se ocupa de Derechos de la Ciudadanía, sector que recae sobre los hombros de Marc Serra. Bonet renunció oficialmente a la presidencia de ese consejo. Una nota marginal que certifica la poca diligencia del propio consistorio en el campo de la transparencia señala: “Pendiente de actualización del decreto de creación del Consejo para adaptarlo a la nueva estructura municipal del mandato 2019-2023. Han pasado dos años y medio desde las últimas elecciones, pero esa adaptación no ha llegado a la transparencia.
Los miembros de la comisión son Miguel Ángel Mayo, Francesc Torralba, Karma Peiró, Arcadi Oliveres, Eulàlia Pascual, Joaquim Borràs, Rosa Valentí, Mar Giménez-Salinas y Rosa María Sánchez. Total, 9 miembros, más presidencia y vicepresidencia. Entre ellos, contando estos dos últimos, se contabilizan seis altos cargos del Ayuntamiento. Y algunos de los miembros restantes están muy vinculados a la política: Arcadi Oliveres ha sido uno de los impulsores de la formación independentista Procés Constituent. Por si fuera poco, Oliveres falleció el pasado 6 de abril, pero continúa figurando como miembro del consejo ocho meses después; Karma Peiró también está alineada con el independentismo y fue, durante tres años, directora del diario Nació Digital; y Eulàlia Pascual es la portavoz de relaciones internacionales del partido radical Demòcrates de Catalunya.
Pero también queda de relieve que desde 2018 no ha habido sesiones de este órgano. O, al menos, no existen actas oficiales del mismo. La última reunión tiene fecha del 3 de mayo de ese año. Y el acta se liquida con línea y media (como casi todas las actas de este organismo): “El consejo asesor queda informado de la memoria de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del período 2016-2017”. Lo del “espacio de debate, reflexión y seguimiento de políticas de transparencia” se convertía, de este modo, en un simple eufemismo de la limitada labor que realiza este consejo. Y, lo que es más graves: a partir de mayo de 2018, sólo reina en el negociado municipal de la transparencia la más absoluta opacidad.
