Denunciado por grabar imágenes íntimas a bañistas en la playa de la Barceloneta
Metropoli ..........
La Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado penalmente a un hombre por grabar imágenes íntimas de personas que se encontraban en la playa de la Barceloneta.
Los hechos ocurrieron este sábado cuando los agentes detectaron al supuesto delincuente mientras grababa "de manera oculta", explica la Urbana en un comunicado, a usuarios de la playa.
DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS
Los agentes intervineron diversos dispositivos audiovisuales que estaba usando y lo denunció por un delito de revelación de secretos.
Si durante los meses más preocupantes de la pandemia en el metro de Barcelonaprácticamente todo el mundo llevaba la mascarilla, este verano cada vez se ven más viajeros sin el obligatorio cubrebocas. O bien no lo usan, lo llevan colgando de la mano o el brazo, o si lo utilizan no tapa la boca y la nariz como es necesario para evitar contagios.
EN LOS PASILLOS SE PUEDE IR SIN
La normativa es muy clara: el uso de la mascarilla es obligatorio en el interior de los convoyes. Se puede sacar en el resto de las instalaciones del suburbano -pasillos, escaleras, transbordos y andenes-, pero durante el viaje se tiene que llevar. Las autoridades sanitarias han advertido de un repunte de los positivos y se espera un incremento de los ingresos hospitalarios las próximas semanas
Viajeros en el metro sin mascarilla, este martes / METRÓPOLI
Ante una temporada veraniega que registrará cifras prepandémicas, uno de los colectivos más habituales que no usan la mascarilla en el metro es el de los turistas. Y no la llevan a pesar de que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) lanza continuamente avisos por megafonía en distintos idiomas, incluso en inglés, y hace campañas. Pero ni así. También en horario nocturno es muy habitual ver a personas sin mascarilla, al igual que entre la gente joven.
EL PERSONAL DE SEGURIDAD VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Fuentes de TMB recuerdan que uno de los trabajos del personal de seguridad es velar por el cumplimento de las normas de higiene vigentes, como el buen uso de la mascarilla, pero la empresa metropolitana de transporte no dispone de personal específico que se dedique de forma exclusiva a esta tarea. A lo largo de la pandemia han sido varios los episodios de vigilantes agredidos por exigir a usuarios que se pusieran la mascarilla.
Dos viajeros sin mascarilla en el metro de Barcelona / METRÓPOLI
Desde el sindicato Adn de seguridad privada recuerdan que la mascarilla solo es obligatoria dentro del tren y que no llevarla supone una falta administrativa. Los vigilantes, cuando se encuentran con una persona sin el cubrebocas, la avisan y si no se tapa la invitan a bajar del metro. Por lo general, los casos se suelen resolver así, aunque en ocasiones el personal se ha encontrado con la actitud agresiva de algunos viajeros. En estos casos, los vigilantes anteponen evitar el enfrentamiento. El sindicato añade que ahora hay menos vigilantes y eso se nota en el servicio, que prioriza la persecución del fraude (que la gente viaje sin pagar) y evitar delitos en el suburbano.
Un anuncio en el metro de Barcelona sobre el uso obligatorio de la mascarilla / METRÓPOLI
OBLIGATORIO EN ESPAÑA, ITALIA Y PORTUGAL
Actualmente, el uso de la mascarilla es obligatorio en España, Italia o Portugal, pero en otros países de Europa la obligatoriedad ya se ha eliminado. Es el caso, por ejemplo, de Francia, Bélgica o Inglaterra.
Un vigilante de seguridad ha sido agredido este sábado en la estación de metro de la Barceloneta después de recriminar la actitud de un hombre que se había colado y aguantaba la puerta de la validadora para que otros siguieran su ejemplo.
Ocurrió sobre las 21.00 horas en la estación del barrio marítimo. Cuando el empleado le advirtió de su comportamiento reaccionó de manera violenta contra el trabajador que tuvo que ser atendido en un centro sanitario.
15 PUNTOS
La víctima recibió 15 puntos de sutura a causa del fuerte golpe que recibió por parte del agresor que llevaba un anillo. El empleado de TMB denunció los hechos delante de la policía que acudió al lugar de los hechos. Desde TMB confirma los hechos y explican que el hombre fue puesto a disposición de la Guardia Urbana.
La exigencia de una licencia a los bicitaxis para poder circular en Barcelona comunicada por el Ayuntamiento el pasado 20 de junio ha provocado un auténtico terremoto entre los cerca de 470 conductores registrados que pasean a turistas por la ciudad. La nueva medida es en realidad una prohibición de facto de esta actividad económica, que en los último años ha estado en la diana del gobierno municipal de comunes y socialistas. Desde hace dos semanas ningún conductor sale a la calle por miedo a que la Guardia Urbana le confisque su herramienta de trabajo. Ahora ya no es posible recuperar los vehículos requisados con el pago de una sanción, ya que el consistorio se ampara en que su situación se debe resolver a través de los servicios jurídicos municipales.
Desde este lunes 210 conductores han presentado una instancia en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento. Estos trabajadores autónomos reclaman al gobierno de Ada Colau que les clarifique qué licencia deben tramitar, pues están convencidos que no existe. En una de estas instancias, un empresario que gestiona 40 vehículos solicita este permiso "a la mayor brevedad posible" y recuerda que de ello depende que pueda generar ingresos de nuevo. El próximo lunes, 4 de julio, el sector ha organizado una manifestación para denunciar su situación y reclamar su derecho a trabajar.
UN EMPRESARIO: "TENEMOS DERECHOS"
Said Wali Naseri es empresario de un sector laboral que nunca ha congeniado con los vecinos de barrios como la Barceloneta. Desde 2018, este hombre gestiona 35 triciclos. Relata que su aventura empresarial ha sido una carrera de obstáculos que ahora se agrava con este nuevo escenario. "En Barcelona no hay derecho para los trabajadores. Parece que solo tengan derecho los ladrones, que pueden robar y siguen en la calle", explica muy enfadado este barcelonés llegado de Afganistán hace 16 años.
'Flyer' denunciando la situación de los bicitaxis / CEDIDA
Entre vehículos, baterías eléctricas y otros gastos, Naseri desgrana una inversión de 100.000 euros. En los últimos 10 meses, su local ha permanecido cerrado por orden del Ayuntamiento. Ahora, la prohibición de circular le pone en una delicada situación. Asegura que tiene deudas que pagar con la seguridad social y que debe 5.000 euros en multas puestas a sus conductores. "¿Cómo podré pagar las multas?", pregunta desesperado.
DE 40 VEHÍCULOS A MÁS DE 500
El enfado se extiende en un sector con mala fama entre algunas entidades vecinales de los barrios más turísticos de Barcelona. Los más veteranos como Daniel Zapater (45 años) insisten en desmarcarse de los trixis clandestinos o irregulares que circulan a toda velocidad y con la música a todo volumen, y que generan cierta mala imagen entre un sector de la ciudadanía.
Para este hombre, el trixi es su principal trabajo, por el que cobra un sueldo medio de 1.500 euros al mes. Empezó a realizar paseos turísticos en 2013 cuando en la ciudad apenas había 40 vehículos de estas características. En 2017, el gobierno de Ada Colau incluyó los trixis en la categoría de vehículos de movilidad personal (VMP) de la nueva ordenanza municipal y sustituyó una antigua licencia que regulaba esa actividad por un simple registro. Esto atrajo a muchos conductores que se fueron sumando a este ecosistema laboral, que según denuncia Zapate, nunca se ha regulado en condiciones.
"PAGAMOS JUSTOS POR PECADORES"
"Tuvimos varias charlas con el Ayuntamiento, queríamos regular bien el sector y les mostramos los casos de ciudades en Holanda, o Melbourne, pero no hicieron nada", comenta este barcelonés, que recuerda una frase de la exconcejal Gala Pín en una de estas conversaciones. "Nos dijo que el mercado regularía el sector por sí solo. Ahora tenemos 1.000 bicitaxis. Muchos lo hacen mal y terminamos pagando justos por pecadores", se queja este padre de tres niños, que responsabiliza al Ayuntamiento del actual descontrol del sector.
Inspección de la Guardia Urbana en el local de Md Pintu Ali / CEDIDA
En el caso de Md Pintu Ali, (30 años) ha invertido 30.000 euros en su proyecto empresarial que, en su caso, ha generado cinco puestos de trabajo. En total nueve personas pedalean en sus triciclos. Los cuatro restantes son empleados autónomos, la figura que predomina en el mundo trixi. Este hombre de origen bangladeshí asegura que en una oficina municipal le han contestado que la licencia que ahora reclama el Ayuntamiento no existe. "Detrás de los bicitaxis hay empresarios que hemos pagado mucho dinero. No somos mafiosos como algunos han dicho", se queja.
INICIATIVA ELECTORALISTA
Zapater relaciona la prohibición del Ayuntamiento con una voluntad de ganar "cuatro votos" por parte del teniente de alcalde, Jaume Collboni, quien . Está convencido de que el conflicto terminará en un juzgado contencioso administrativo y que lo ganarán. Antes, los conductores deberán agotar la vía administrativa y poner una demanda. Cuando esto ocurra, vaticina, ya habrán transcurrido las elecciones.
La mediación entre Administración y vecinos es uno de los platos fuertes de la gestión municipal y a esta medida se destinan periódicamente fondos municipales. Una de las empresas presentes en este tipo de concursos es Ètic Habitat, una cooperativa del ámbito de los comunes. Esa relación se confirma por el solo hecho de que el vicepresidente de la misma es el exdiputado David Companyon. En Ètic Habitat también figuran sus hermanos. Esta sociedad se ha llevado más de 900.000 euros desde finales de 2019 en contratos públicos destinados exclusivamente a realizar labores de mediación.
La última adjudicación realizada se eleva a 44.570,52 euros y lleva fecha de 22 de junio de 2022. ¿Y para qué es? Según un informe de necesidad, el Ayuntamiento necesita del servicio de mediación vecinal “para dar respuesta, desde la dirección alternativa al conflicto y las diferentes herramientas que la componen, a situaciones donde hay un conflicto y para restaurar la convivencia”. Señalan también las condiciones del contrato que el Ayuntamiento “hace una apuesta clara para trabajar con las estrategias de mediación, entendidas como estrategias alternativas al conflicto desde diferentes aproximaciones y modelos de intervención, y como una herramienta clave para el fomento de la convivencia y la cohesión social”.
DESCARTADA LA RIVAL
Dicen también las cláusulas que “en una sociedad donde las relaciones sociales, contactos entre personas y colectivos con diferentes identidades, culturas y necesidades son diversas, es preciso trabajar para la construcción de la convivencia social, y más en contextos sociales, sanitarios y económicos como los actuales, donde se pueden dar conflictos sociales y vecinales, resulta, pues, oportuno y necesario fomentar y ofrecer a la ciudadanía servicios y herramientas de resolución pacífica de los conflictos”.
Un informe jurídico interno del Ayuntamiento justifica que el contrato se otorga a Etic Habitat y se rechaza el presupuesto de otra empresa que concurría a la licitación porque “no había justificado los costes laborales del personal adscrito a la ejecución del contrato”. Además, señalaba que se recurría a un procedimiento “negociado sin publicidad” y tramitado por la vía de “imperiosa urgencia, incompatible con los plazos establecidos en otros procedimientos”. Por último, detallaba que el coste total del contrato será de 89.141,04 euros, puesto que se prevé una prórroga de un año. Un segundo informe jurídico fechado el pasado 2 de junio daba luz verde definitiva al contrato.
Plaza Sant Jaume de Barcelona con el Ayuntamiento
8 CONTRATOS PÚBLICOS
Etic Habitat no es nueva en estas lides, puesto que en los últimos años se ha llevado al menos 8 contratos por tareas similares, que suman más de 900.000 euros. El pasado 21 de febrero, la cooperativa se llevó otro contrato de 81.141 euros para un servicio similar. En julio de 2021, la mediación salió por 32.656 euros. En 2020, se hizo con varios contratos por esos mismos conceptos: el 24 de noviembre, se adjudicó uno de 115.200 euros para “el apoyo grupal e individual a mujeres en situación de precariedad en cinco barrios”. Se trataba de la puesta en marcha del proyecto Dones Amunt. El 20 de noviembre, el consistorio le adjudicó uno de 10.003 euros para el apoyo al realojamiento habitacional de personas inmigrantes. El 13 de agosto, nuevamente para mediación vecinal se llevó una adjudicación de 14.999 euros y el 13 de marzo de ese año, otro de 14.650 euros para la mediación HUTS (apartamentos de uso turístico).
El contrato más espectacular adjudicado a Etic Habitat, no obstante, fue en octubre de 2019, cuando se llevó 332.000 euros para el “servicio de apoyo a la organización de comunidades de vecinos”. El año pasado, a punto de vencer, ese contrato fue renovado hasta el 31 de marzo de 2023. El precio de la renovación ascendió a otros 237.397 euros.
David Companyon (izquierda) con Joan Herrera, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
EJECUTIVO DE LA GENERALITAT
El vicepresidente de la cooperativa, David Companyon, es un viejo experto en tender puentes y en labores de mediación, aunque a veces eso le hubiera supuesto la generación de fuertes tensiones dentro de su propio partido. Proveniente del Partido Obrero Revolucionario, fue director de marketing y proyección exterior de la empresa pública Adigsa y, de 2007 a 2012, director de comunicación y relaciones externas del Institut Català del Sòl (Incasol), tarea que compaginaba con la de consejero de ICV en el distrito de Gràcia. En esa época era ya militante de EUiA, el partido que se coaligó tradicionalmente con ICV y que era la rama catalana del Partido Comunista de España (PCE). En las elecciones de 2012 fue elegido diputado en las listas de ICV y llegó a ser elegido cuarto secretario de la Mesa del Parlament. En las elecciones de 2015, quedó relegado en las listas y no fue elegido diputado.
En las filas de los comunes y de ICV, Companyon fue siempre una rara avis. Más cercano a los planteamientos de la CUP que a los de sus compañeros de formación, el ahora cooperativista ejerció en muchas ocasiones como puente de la izquierda catalana con el mundo independentista. De hecho, siempre se definió como independentista. Tanto que levantó ampollas cuando apareció, a mediados de 2017, en un mitin de la CUP en Valls siendo miembro del consejo nacional de EUiA y de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú. Un sector de su propio partido pidió al entonces líder de los comunes, Xavier Domènech, que tomase medidas. Fue una tormenta en un vaso de agua, aunque lo cierto es que Companyon se prodigaba entonces en toda clase de eventos promovidos por el independentismo y aparecía como por arte de magia en todas las citas a las que el soberanismo quería dar la pátina de transversalidad.
PARTIDARIO DE PACTO ERC-CUP-COMUNES
Companyon fue también el impulsor de un manifiesto independentista que pedía el voto para Xavier Domènech, candidato de los comunes. Ese manifiesto abogaba por una República catalana dentro de unos Països Catalans y trataba de ganar adeptos del espectro soberanista para la causa de los comunes. De hecho, Companyon era partidario de una alianza entre ERC, CUP y comunes para gobernar Cataluña, dejando fuera de la coalición a los socialistas.
Su cercanía a la CUP le trajo muchas críticas. En una ocasión, fue reprendido (junto a sus colegas de la CUP) por la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, por lucir camisetas reivindicativas, ya que ésta consideraba que “la dignidad de la institución requiere una formalidad diferente”. En la conferencia política de la CUP celebrada en octubre de 2015, en la que la formación anticapitalista decidió finalmente apear a Artur Mas de la presidencia de la Generalitat, Companyon estaba en primera fila, como representante de EUiA. En aquellos momentos, acababa de recibir un premio del Observatorio contra la Homofobia por haber llevado al Parlament una ley pionera contra la discriminación sexual. Companyon fue el ponente de la norma, registrada por ICV y apoyada por PSC, ERC y la CUP.
“LO HAREMOS”
Su independentismo quedó patente cuando, en 2016, afirmó públicamente que si no se permitía hacer un referéndum, “lo haremos desde la legalidad catalana”. Y subrayaba: “El referéndum es urgente. No podemos esperar. Es preciso hacerlo”.
Su análisis de las últimas elecciones municipales (que ganó por menos de 5.000 votos el republicanoErnest Maragall) fue queBarcelona en Comú había obtenido unos buenos resultados, teniendo en cuenta que ERC se había beneficiado del bajón de JxCat y que los socialistas habían doblado concejales. “Después de las políticas realizadas, con todas las luces y las sombras que puede presentar una gestión política de cuatro años, pienso que han sido revalidadas por la ciudadanía”, declaraba en una entrevista en el semanarioEl Temps. De momento, esa políticacomunerale ha servido para ir arañando contratos públicos en el Ayuntamiento que gobierna su partido.
