Los pensionistas perderán poder
adquisitivo pese a la subida del
8,5% por la supresión de la
‘paguilla’
El Gobierno ha presentado la subida de las pensiones en 2023 con el IPC medio de este año (estimado en un 8,5%) como la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Pero esto no es cierto, ya que en realidad van a perder capacidad de compra por culpa de la supresión de la famosa paguilla que ajustaba la revalorización de las pensiones al IPC real de cada año.
Los números no mienten. Las pensiones se han revalorizado un 2,5% en 2022; si tomamos como buena la previsión de un 8,5% del Gobierno (el último IPC se situó en el 8,9%), los pensionistas tendrían que tener una revalorización de otros 6 puntos porcentuales para igualar la subida real de los precios. Revalorización que no van a recibir al suprimirse la paguilla en que se ajustaba el importe de las pensiones anualmente.
El argumento del Gobierno es que el IPC de 2023 no va a ser del 8,5%, sino inferior, por lo que las pensiones subirán más que los precios y eso compensará la menor subida de este año. Pero eso tampoco es verdad. Porque el Banco de España prevé una inflación del 5,6% en 2023 y el FMI, del 4,9%. Es decir, muy superior en cualquier caso al 2,5% que han subido las pensiones este año.
Es decir, si el IPC cumple las previsiones del Banco de España, los pensionistas perderán 3,1 puntos de poder adquisitivo (el 5,6% del IPC estimado menos el 2,5% de la revalorización de 2022), aunque el 8,5% compense en 2023 la subida de precios de este año. Si se cumple la previsión del FMI, la pérdida será de 2,4 puntos.
El efecto base
Pero eso tampoco es real porque hay que tener en cuenta otro elemento: el llamado efecto base. En todos estos cálculos, estamos hablando de porcentajes, no de dinero efectivo. Y no es lo mismo aplicar el 8,5% sobre unas pensiones a las que se subiera un 6% adicional este año con la paguilla (el 8,5% en total con el 2,5% que han subido), que aplicarlo sobre una cantidad que sólo ha subido un 2,5% en realidad. La base sobre la que se calcula el 8,5% es muy inferior y, por tanto, esa subida también lo es.
Pongamos un ejemplo. Supongamos que un pensionista cobraba 1.500 euros al mes (por 14 pagas) en 2021. Este año se le ha subido un 2,5%, con lo cual ha pasado a cobrar 1.537,5 euros en 2022. Sobre esa base se calculará la revalorización del 8,5% de 2023, que daría 1.668,19 euros (1.537,5+130,69) al mes.
¿Qué pasaría si el Gobierno hubiera mantenido la paguilla? Pues que se le habría subido un 8,5% sobre los 1.500 euros de 2021, lo que daría 1.627,5 euros al repartirlo entre 14 pagas (en realidad, era una compensación que se cobraba de golpe para todo el año). Y esa es la base sobre la que calcularía el alza del 8,5%, lo que daría 1.765,84 euros. Una diferencia sustancial, de casi 100 euros al mes, respecto a los 1.668,19 que salen con el sistema del Gobierno.
Por tanto, los pensionistas van a perder poder adquisitivo por dos vías. La primera es porque el IPC de 2023, aunque se reduzca respecto al 8,5% estimado para este año, no va a ser tan bajo como el 2,5% de 2021, con lo cual van a perder la diferencia. Y la segunda es que, al calcular el 8,5% sobre una base más baja, la subida en dinero real también va a ser inferior.
