Centenares de miles de personas salieron a la calle la semana pasada en Francia para protestar contra el aumento del coste de la vida, en comparación con la evolución de los salarios. Fue la segunda huelga intersectorial en apenas dos meses, en un país con menos inflación, menos paro y mejores salarios que en España y que pese a ello ya empieza a vivir su particular ‘otoño caliente’.
En Moncloa llevan días asumiendo que el adverso contexto económico que atraviesa el país, con el precio de la electricidad y de los carburantes disparados, y con una huelga de transportistas que vuelve a amenazar con provocar un desabastecimiento que no se vio ni durante la pandemia, puede llevarse por delante al Gobierno.
Las huelgas amenazan al Gobierno
Presidencia venía relativizando el alcance del malestar social. Aseguraba que las movilizaciones era fruto de “una coyuntura” –crisis energética sumada a la de suministros- desdeñando así “la posibilidad de unas movilizaciones generalizadas por una desafección ciudadana contra el Gobierno”.
Ahora, Pedro Sánchez está “altamente preocupado” por las consecuencias imprevisibles, para él y para su Gobierno, de la guerra de Ucrania. Así lo reconocen a Confidencial Digital personas de su máxima confianza en Moncloa, lo mismo que algunos de los ministros.
Ha llegado a admitir que la pandemia de Covid no ha podido con él pero que los efectos del conflicto bélico sí pueden tumbarle.
Juntar protestas de varios sectores
Por el momento, el calendario de los sindicatos se ha centrado en el sector privado y, además de los conflictos que puedan ir surgiendo sector a sector -el metal de Barcelona y Tarragona, por ejemplo, para esta semana-, el día 3 de noviembre preparan una gran manifestación en Madrid.
De ahí, de no haber avances en la negociación con la patronal, fuentes sindicales revelan a ECD que UGT y CCOO, las centrales mayoritarias, pretenden pasar a una segunda fase de “huelgas amplias”, donde sí aspiran a juntar a distintos sectores en una estrategia más parecida a la francesa.
Los sindicatos apostarán en el mes de noviembre por escalar el conflicto juntando protestas de varios sectores para reclamar subidas salariales generalizadas, lo que amplificará las repercusiones mediáticas.
Moncloa busca desactivar las huelgas
Fuentes del Gobierno consultadas por ECD consideran que las protestas en las refinerías, en el sector del transporte, en el metal, como las más presentes y urgentes en estos días, distan mucho de tener un hilo conductor que las una.
Por ello, Moncloa ha comenzado a monitorizar a quienes protestan y ha ordenado a los ministros que se desplieguen cuanto antes por todo el país para intentar “seducir” a los colectivos descontentos.
No se pasa por alto la maltrecha situación que padecen muchas familias, ahogadas por la crisis económica. Un clima que podría provocar un cóctel explosivo en los próximos meses, asumen. Mayor incluso que durante los peores momentos de la pandemia.
Están convencidos de que en la parte que le pueda corresponder al Gobierno, y tenga capacidad de acción, deben producirse acuerdos urgentes porque hay margen para el diálogo y la solución. Admiten, eso sí, que en los conflictos netamente laborales y, esencialmente, salariales, como es el caso del sector del metal, existe menos margen.
El sector del metal se ha plantado
Los sindicatos del sector del metal de Barcelona han convocado huelgas los próximos 28 y 29 de octubre para exigir una renovación del convenio colectivo y garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
A sus demandas, la patronal del sector, la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), alerta de la dificultad de asumir subidas indexadas del IPC por el incremento de los costes de producción.
Entre los cientos de compañías que se rigen por el convenio en cuestión, están convocadas a las protestas grandes empresas del sector como los proveedores automovilísticos Ficosa, Gestamp, a través de su filial local Metalbages, o Denso.
También se ha adherido a la huelga el mayor fabricante de semielaborados de cobre de España, La Farga; y Elecnor, que construye proyectos en sectores de infraestructuras y energías renovables.
A estas multinacionales se le sumaran las pequeñas y medianas empresas que forman gran parte del tejido siderúrgico barcelonés: alrededor del 80% del sector está conformado por sociedades de menos de 50 empelados. En total, unos 160.000 trabajadores se rigen por este convenio, el más cuantioso de Cataluña.
Desactivado el paro en las refinerías
Hasta ahora, los conflictos en el metal de Ourense, Álava, Asturias y Cádiz no han tenido la misma trascendencia que en Francia, porque, a diferencia de las refinerías, no afectan de manera tan directa a la vida cotidiana.
En cambio, los paros en las refinerías en el país vecino han logrado dejar al 30% de las gasolineras sin combustible y ello ha derivado en reiteradas imágenes de largas colas de conductores enfadados y sin combustible para sus vehículos.
En España, sin embargo, un conflicto potencialmente similar ha quedado desactivado porque las centrales han pactado -tras amenazar con huelgas- un nuevo convenio en Repsol que les asegura subidas de sueldo equiparables al IPC, lo que blinda el poder adquisitivo de dichos trabajadores.
Los convenios colectivos en las plantas de Cepsa siguen en vigor hasta el 31 de diciembre y el de BP Oil acaba de empezar a negociarse. Además, las refinerías españolas están consideradas servicio esencial, por lo que no pueden parar.
Descuento en la gasolina para transportistas
En el Gobierno no se olvida ahora la protesta de transportistas de la pasada primavera que, sin apenas organización previa en un sector altamente precarizado, consiguieron tensionar las cadenas logísticas de sectores clave, como la alimentación, y tener el país prácticamente paralizado durante casi diez días.
El impacto de la huelga llegó a costar cerca de 200 millones de euros al día sólo al sector agroalimentario.
A diferencia del abono gratuito de tren, el descuento de 20 céntimos del combustible aplicado por el Gobierno no se ha incluido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y eso significa que, en principio, vence el 31 de diciembre.
No obstante, la prórroga de esta bonificación no está totalmente descartada: el Ejecutivo la está evaluando junto al resto de medidas anticrisis adoptadas en los últimos meses para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Según ha podido confirmar ECD por fuentes del sector, Moncloa tiene decidido centrarse en uno de los sectores que puede verse más afectado, como el caso del transporte. En cambio, la bonificación de la gasolina para el resto de la población no está garantizada en este momento.
Cerrado un acuerdo en el sector público
El Gobierno tiene en cuenta también que la capacidad de movilizar al sector público ha sido una de las claves de las protestas que han puesto contra las cuerdas a Emmanuel Macron en Francia. En cambio, Pedro Sánchez ha conseguido en España alcanzar un acuerdo.
Hay que recordar que la semana pasada las centrales firmaron oficialmente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública que los sueldos de los funcionarios suban el 9,5% entre 2022-2024.
