Los sindicatos convocan huelgas por la falta de cumplimiento del Gobierno

 

Los sindicatos reprochan al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Hacienda y Función Pública la falta de avances en el acuerdo firmado hace más de un año y medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se concentrarán este lunes, a las 12.00 horas, ante las sedes del organismo en todo el país, para recordar al Gobierno que sigue sin cumplir con el acuerdo firmado el pasado 7 de julio de 2021, según Europa Press.

CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, las organizaciones convocantes, recuerdan que estas protestas se enmarcan dentro del "conflicto que se mantiene en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social" para lograr un refuerzo de la plantilla del organismo.

Los sindicatos reprochan al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Hacienda y Función Pública la falta de avances en el acuerdo firmado hace más de un año y medio, y el deterioro de los servicios de la Inspección ante la ausencia de medidas necesarias para corregir sus deficiencias.

Las organizaciones sindicales lamentan que la cartera que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, opte por el "silencio", mientras que el Ministerio de Hacienda y Función Pública "sigue oculto", y la Presidencia del Gobierno contesta con "dos folios" a sus exigencias.

Las concentraciones de este lunes, en más de 40 ciudades españolas, son acciones dentro "de la confrontación laboral abierta en la Inspección de Trabajo", que los sindicatos seguirán "endureciendo" si no obtienen respuestas favorables.

La siguiente protesta contra la Inspección de Trabajo será la huelga del miércoles, 25 de enero, que cuenta con el respaldo de todos los sindicatos del organismo.

Movilizaciones hasta el 22 de febrero

"Será una nueva demostración del cansancio y hastío de la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de su disposición a llevar la pelea por la defensa de sus derechos, la pelea por defender el refuerzo de este organismo, la pelea por acabar con todas las deficiencias que se sufren en la ITSS hasta donde sea necesario", alertaron los sindicatos en un comunicado.

Los sindicatos denuncian la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Además, sostienen que el año pasado quedó sin ejecutar más del 20% del presupuesto previsto para la Inspección de Trabajo.

El calendario de movilizaciones se ampliará hasta el 22 de febrero, fecha en la que los sindicatos prevén una nueva jornada de huelgas si el Gobierno sigue sin atender sus reivindicaciones y mantiene el incumplimiento del acuerdo de julio de 2021.

La Seguridad Social entra en un caos que retrasa hasta tres meses la gestión de una pensión

 

Los teléfonos están colapsados, no hay citas disponibles hasta pasado un mes y Escrivá es recriminado por el Defensor del Pueblo ante las «incesantes quejas»

La plantilla del organismo se ha reducido en más de un 21% en una década y tiene una media de 60 años

Ha llegado el momento de jubilarme. He solventado el papeleo con mi empresa y ahora toca gestionar mi pensión. Llamo a la Seguridad Social para pedir una cita en las oficinas; no tengo firma digital, estoy algo perdido con las gestiones y prefiero una asistencia directa con un funcionario. Me topo con los problemas. Realizo múltiples llamadas en diferentes horas del día, pero no tengo suerte y decido entonces hacer la gestión por internet, pero tengo dudas y tengo que pedir asistencia personalizada en las oficinas de la Seguridad Social, los teléfonos están colapsados. Logro finalmente una cita, pero... tendré que esperar un mes o mes y medio solo para ser atendido; luego vendrá la gestión de mi expediente, la que me permitirá cobrar mi jubilación y de nuevo esperas. Tendré que sumar, como poco, dos meses más. Apenas siete u ocho días se tardaba antes en gestionar una pensión, ahora pasarán unos tres meses hasta que perciba mi jubilación, un periodo en el que no tendré ingresos, cuando en mi caso se trata de una renta vital.

Este caso se repite todos los días, y no solo en el caso de las pensiones, ocurre con todas las prestaciones que gestiona el organismo público, que pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. ¿Qué está ocurriendo? Los funcionarios se quejan de que la plantilla se ha recortado de forma drástica en los últimos años, a lo que se suma el acelerón que se ha producido durante la pandemia del proceso de digitalización, que ha traído más facilidades para hacer trámites por vía telemática a cambio de reducir a la mínima expresión -o completamente- la atención presencial. Esta transición ha dejado desasistidos a una parte significativa de la población, en especial a los mayores, para los que internet sigue siendo territorio muy árido.

La Seguridad Social ha perdido en una década a casi el 22% de sus efectivos, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se aplica a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo han dado y gracias a esa alza histórica han podido esquivar las penalizaciones por adelantar el retiro.

Expedientes deslocalizados

En diez años efectivos del instituto de previsión han pasado de 30.000 a 23.500. Son 6.500 menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital, la prestación que está taponando la gestión de otras ayudas, según denuncian los funcionarios. Todo ello ha provocado que lo que antes se gestionaba en cuestión de días, ahora lleve meses, con la angustia para el ciudadano de que pedir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social es prácticamente misión imposible, lo que está impulsando a ciudadanos angustiados a acercase a las oficinas para reclamar ayuda de los funcionarios con las citas o con las prestaciones. «Nos encontramos muchas veces con el problema añadido de que un expediente que ha tramitado un funcionario en Madrid es asumido por otro en Lugo, lo que complica la ayuda que podemos prestar al ciudadano que ha tramitado su prestación en Madrid y necesita orientación», asegura a este diario, Ricardo Aguirre, responsable de Seguridad Social de CSIF.

Los planes del Gobierno para descentralizar la Administración van más lejos de sacar sedes de organismos públicos. También están deslocalizando tareas en instituciones como la Seguridad Social con el objetivo de descongestionar oficinas saturadas y trasladar carga de trabajo a otras con menos trabajo con el objetivo en algún caso de evitar su cierre.

El titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es consciente del problema por el que atraviesa la atención al ciudadano, aunque su departamento achaca la crisis de efectivos y de medios a una situación heredada. El problema ha adquirido tal envergadura que El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio que «resuelva las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social, así como la falta de disponibilidad de citas presenciales». La institución ha pedido al ministro que «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración».

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Recuerda el Defensor del Pueblo que los ciudadanos se quejan de que se ven obligados a realizar múltiples llamadas telefónicas «en diferentes horas y días en su deseo de obtener cita previa, así como sucesivos trámites a través de internet, en su mayoría sin resultado positivo». Esta situación supone «un incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, según el cual la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor», reitera la institución.

El tapón del IMV

El ingreso mínimo vital (IMV) es pieza fundamental en los retrasos en la tramitación de las ayudas, según denuncian los funcionarios. La complejidad en los requisitos para conceder esta prestación está provocando que se denieguen ocho de cada diez expedientes y que más de 100.000 estén atascados en las oficinas, lo que ha llevado a los funcionarios a denunciar que la tramitación de esta ayuda está restando tiempo a la gestión de otras prestaciones que también son vitales.

Todo ello ha hecho que la prestación estrella del Gobierno haya defraudado a pie de calle. En noviembre pasado el IMV había llegado a 549.670 hogares con 1,5 millones personas beneficiadas. Los planes iniciales del Gobierno pasaban por llegar a 850.000 hogares y favorecer a 2,3 millones de personas.

Todo este cúmulo de situaciones por las que atraviesa la Seguridad Social ha unido a todos los sindicatos. CSIF, UGT y CC.OO. se manifestaron el pasado noviembre en Madrid, Valencia y Barcelona para protestar por la falta de personal y el día 27 volverán a salir a las calles, está vez en Sevilla, para denunciar la misma situación de caos en las oficinas. Bajo el lema «Ahora Sevilla», las centrales exigirán al Gobierno que ponga en marcha la prometida Agencia Estatal de la Seguridad Social y más plantilla que permita una mejor atención presencial.

Una deuda récord de 106.000 millones en la cuenta atrás para rendir cuentas a Bruselas

La Seguridad Social acumula desde 2010 elevados déficit, que han dilapidado el Fondo de Reserva y endeudado al organismo en 106.000 millones, una cifra sin precedentes que es equivalente al 9% del PIB. A finales de noviembre de 2022 el organismo acumulaba un pasivo equivalente a 9 puntos porcentuales del PIB, unos ratios sin precedentes.

Al margen de la abultada factura que asume cada año el presupuesto de la Seguridad Social (190.000 millones este año), el endeudamiento ha experimentado un salto exponencial con el Gobierno de Pedro Sánchez. Solo ligar las pensiones al IPC y subirlas un 8,5% sumará un gasto de 15.000 millones este año.

La deuda del organismo que paga las pensiones ha pasado de los 34.888 millones que registraba cuando Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018 a los 106.175 millones de euros actuales. La cifra supone un incremento del pasivo de 71.287 millones en los últimos cinco años, por la concesión de créditos por parte del Estado que se acumulan al endeudamiento de la Seguridad Social. En términos porcentuales, el incremento del pasivo, al pasar de 34.888 millones a 106.175 millones, supone un 204% más en el último lustro. Más del triple.

Y con este escenario de fondo el ministro Escrivá intenta cerrar una segunda fase de la reforma de pensiones que permita a España seguir recibiendo fondos europeos. Una reforma que debe convencer a Europa y para ello serán necesarios ajustes.

Los letrados judiciales comienzan una huelga indefinida este martes que podría paralizar "hasta 10.000 juicios al día"

 

Letrados de la administración de justicia se manifiestan en Madrid durante los paros de diciembre de 2022.

Colegio Nacional de Letrados.

Los letrados de la Administración de Justicia, anteriormente conocidos como secretarios judiciales, se convocarán a una huelga indefinida a partir del próximo martes, 24 de enero, y según fuentes del Colegio Nacional de Letrados consultadas por 20minutos, los paros podrían paralizar "entre 8.000 y 10.000 juicios cada día", obstruyendo gravemente la ya de por sí aciaga situación de la Justicia en España. 

Los letrados convocaron en noviembre y diciembre dos paros que no provocaron respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia, con quien mantienen un conflicto por la no adecuación de sus condiciones a las responsabilidades que vienen asumiendo tras las reformas legales de 2009 y 2015. "El Ministerio de Justicia está completamente aislado, no nos ofrece ninguna respuesta. Les hemos enviado un requerimiento para que nos reciba y según la Ley Orgánica del Poder Judicial tienen el deber de hacerlo", alega Ernesto Casado, presidente del Colegio de Letrados.

Las tres asociaciones convocantes, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) lamentan los perjuicios que los paros pueden ocasionar, pero advierten de que "si el ministerio decide seguir en la casilla de salida, las consecuencias de la huelga son su responsabilidad, no nuestra". 

Exigen mejores condiciones ante la mayor carga de trabajo

La raíz del problema se sitúa en 2009, cuando una reforma legal atribuyó a los letrados varias responsabilidades que previamente correspondían a los jueces. A partir de entonces, el gremio ha asumido progresivamente una mayor carga de trabajo sin verla reflejada en sus condiciones salariales, siendo la reforma de 2015 otro episodio clave en este sentido.

"En aquel momento de crisis no contemplamos la posibilidad de una mayor valoración económica, pero ahora es necesaria una adecuación salarial", señala Casado al hacer repaso del conflicto que ha llevado a la huelga de este mes. El presidente del Colegio de Letrados sostiene que las reformas de aquellos años han llevado a los letrados a tener competencias "cuasi judiciales". "Las obligaciones que asumimos, que prestigian nuestra labor, han sido a cambio de nada", recalca el letrado, "en la jurisdicción social, las resoluciones de letrados resuelven tantos asuntos como las sentencias de los jueces". 

"En la jurisdicción social, las resoluciones de letrados resuelven tantos asuntos como las sentencias de los jueces"

A finales de 2021, la cartera de Justicia liderada por Pilar Llop se sentó con los sindicatos de los cuerpos generales a negociar unas condiciones salariales que no se adecuaban, según denuncian las asociaciones de letrados, a las reformas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año. 

Esto llevó a los letrados a convocar paros en enero y marzo de 2022. Solicitaban una adecuación salarial y un Estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. También exigieron modificaciones en el reglamento, los concursos de traslado o el plan de prevención de riesgos laborales. 

En abril se convocó un tercer paro que no se celebró porque el Ministerio de Justicia, al fin, respondió y adoptó una serie de compromisos. Desde entonces, según denuncian las asociaciones, no ha habido manera de retomar el contacto, y mientras el Gobierno asegura haber cumplido el grueso de estos acuerdos, los letrados lo niegan rotundamente. En esencia, denuncian el incumplimiento de la reivindicación más relevante, el aumento de sueldo. 

Aseguran que la cartera de Pilar Llop no ofrece ninguna respuesta, lo que les llevó a convocar a finales del pasado año dos paros secundados (según datos del Colegio de Letrados) por el 75,3% y el 73,9% de los letrados. El presidente del Colegio de Letrados asegura a 20minutos que aquellos paros provocaron la parálisis de "entre 8.000 y 10.000 juicios diarios" y advierte de que "la situación podría ser peor aún en el paro indefinido". 

El Colegio lamenta que la huelga generará "tapones" en la actividad de los juzgados, ocasionará problemas económicos y contribuirá a menoscabar "la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Pero los letrados mantienen que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Justicia, al que se han dirigido varias ocasiones sin obtener respuesta. 

Piden "medidas necesarias" a Pedro Sánchez

El comité de huelga hizo llegar una carta al presidente Pedro Sánchez el pasado 16 de enero con la pretensión de "alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país". Es "imprescindible" la labor de los más de 4.300 letrados del país, aseguran las asociaciones, que anticipan además la paralización de los pagos judiciales a particulares y al Tesoro Público. 

"Ante la gestión insensible e irresponsable del departamento ministerial del Gobierno que preside, en un año electoralmente tan importante, apelamos a su autoridad para que se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto", finaliza el comunicado dirigido al presidente. 

Bruselas asegura que los supermercados españoles están trasladando la rebaja del IVA de los alimentos

 

El 60% de los alimentos básicos que más suben en 2022 se queda fuera de la rebaja del IVA de Sánchez

Sánchez deja sin rebaja del IVA la carne y el pescado, que suponen el 70% del gasto en la compra

IVA alimentos.

• OKDIARIO

• • Un estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea concluye que se ha trasladado al consumidor prácticamente el 100% de la rebaja del IVA a alimentos aprobada por el Gobierno español y ello ha contribuido a que los precios de algunos de los principales productos básicos de la cesta de la compra cayeran en torno a un 3,5% en los primeros días de enero, cuando entró en vigor esta medida tributaria.

    «En conjunto, la reforma política ha logrado su objetivo de reducir los precios, al menos inmediatamente después de su aplicación», se apunta en el informe, en el que se ofrece una evaluación preliminar de la reciente reducción de los tipos del IVA de algunos productos básicos aplicada por el Gobierno español.

    El último paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y el incremento de precios incorpora para este 2023 una rebaja del IVA del 10% al 5% para el aceite y la pasta y una eliminación del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche.

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  • El real decreto ley recoge que la rebaja del IVA del 10% al 5% para los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias y la eliminación del tipo impositivo del 4% para los alimentos básicos se dejará de aplicar a partir del 1 de mayo en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5%.

    Dentro de los alimentos básicos que han visto eliminado el IVA a partir del 1 de enero figuran: el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario.

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  • Menor repercusión

    Para la elaboración de este informe de la Comisión Europea, se han analizado los precios diarios ‘online’ de Carrefour en España y de Rewe en Alemania. El mercado en línea de Carrefour, la segunda mayor cadena de supermercados de España, comprende un total de unos 6.700 productos, mientras que el mercado de Rewe, una de las pocas grandes cadenas de supermercados de Alemania, cuenta con más de 60.000 productos.

    Los resultados del estudio sugieren que la repercusión de la rebaja del IVA en los precios en España ha sido, en general importante, en muchos casos del 100%, aunque se ha detectado una repercusión menor pero «aún sustancial» (30-70%) en el caso del pan, la leche y el aceite.

    Mientras que el análisis de precios en el caso de la pasta sugiere un efecto sobre los precios grande, la repercusión en el caso del pan, la leche y el aceite es algo menor, pero sigue siendo «positiva y económicamente significativa», entre un tercio y dos tercios, apunta la Comisión.

    «En general, no es sorprendente que el grado de repercusión varíe según los grupos de productos, ya que depende de la estructura subyacente del mercado», se explica en el informe.

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Telefónica, Orange… las telecos pagan 1.650 millones para financiar RTVE, más que en frecuencias 5G

 

Las telecos han pagado 1.650 millones a RTVE.

• CARLOS RIBAGORDA..........okdiario

• Las operadoras de telecomunicaciones han gastado 1.650 millones de euros desde 2010 en pagar la tasa RTVE, impuesta por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero para financiar la cadena pública tras prohibir la emisión de publicidad. Telefónica, Vodafone y Orange, entre otras, han tenido que destinar el 0,9% de sus ingresos brutos anuales a RTVE, mientras que las televisiones privadas aportan el 3% de su facturación bruta anual. Es más de lo que han gastado en el espectro radioeléctrico del 5G en las subastas realizadas por el Gobierno, 1.500 millones.

  En 2o22 ha sido el último año que las operadoras han tenido que pagar esta tasa ya que en la nueva Ley Audiovisual aprobada por este Gobierno se ha sustituido a las telecos por las plataformas de streaming como Netflix o HBO. Las operadoras siempre han criticado esta tasa y se han opuesto a ello incluso en los tribunales.

  De acuerdo con las cifras que publica la IGAE en la auditoría de RTVE de 2021, las operadoras han abonado ya 1.544 millones de euros hasta 2021, a lo que habrá que sumar los algo más de 100 millones de 2022. El coste total para el sector de la decisión de Zapatero de incluirlas en el pago de la financiación de RTVE se eleva a los 1.650 En el caso de las televisiones privadas en abierto, el pago de la tasa a RTVE asciende desde que entró en vigor a 620 millones de euros, según los datos publicados por IGAE. En este caso, las cadenas de televisión privadas sí obtienen una ventaja ya que se ha sacado del mercado de la publicidad a un competidor importante como la televisión pública.

  En la actualidad esa competencia sería menos feroz por la caída de las audiencias de RTVE. La cadena que preside ahora Elena Sánchez marca un 9% de media en el mes, mínimos históricos para la televisión pública. Sólo la emisión del Mundial en noviembre y diciembre ha maquillado un poco esas cifras y ha frenado la caída.

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Televisión de pago

En el caso de las televisiones de pago, el coste de la tasa asciende a 220 millones de euros desde que se implantó este impuesto, el 1,5% de sus ingresos anuales. A partir de este año, empezarán a pagar esta tasa las plataformas de streaming, también en la misma cantidad, un 1,5% de sus ingresos anuales en España. En total, el sector de las telecomunicaciones y de las televisiones ha pagado ya 2.500 millones de euros para financiar a RTVE.

Se da la circunstancia de que estas plataformas como Netflix o HBO han superado ya en abonados a las televisiones de pago en España. Telefónica está sufriendo y ya tiene menos clientes que cuando compró Canal Plus a Prisa, en 2016. También Vodafone y Orange se mantienen en las mismas cifras de abonados desde hace meses, mientras las plataformas crecen sin parar.

Dos hospitales de Barcelona, entre los centros con más denuncias por negligencias en España

 

Metropoli  .........   

Dos hospitales de Barcelona, entre los centros con más denuncias por negligencias en España. En concreto, se trata de los centros de Bellvitge y Vall d'Hebron que, tal y como recoge la Memoria 2022 de la asociación del Defensor del Paciente, durante el año 2022 fueron los hospitales con más denuncias de Catalunya. 

En toda España se registraron 13.611 negligencias médicas, una cifra que supone un aumento de 455 casos respecto a 2021.  De ellos, 699 terminaron en muerte. Por comunidades, Catalunya es la tercera comunidad con más incidencias (1.621), por detras de Madrid (3.495) y Andalucía (2.621).

LISTA DE ESPERA 

En la comunidad autonóma, dónde más casos se registraron fue en Barcelona, con 1.368. Catalunya es el territorio con el mayor número de pacientes para entrar a quirófano, con un total de 165.552 personas. No obstante, la asociación también asegura que Catalunya es "una de las regiones en las que más han descnedido las neglicencias".

Respecto al ejercicio anterior, la lista de espera se ha aumentado en 24.300 pacientes.  En el informe, la asociación denuncia que la “sanidad ha tocado fondo y que va camino de la extinción”. Según el estudio, las huelgas derivadas de las malas condiciones laborales, unidas a las esperas y los problemas con la Atención Primaria han provocado “un aumento de la mala praxis”.

Imagen del Hospital Vall d'Hebron / VALL D'HEBRON

NEGLIGENCIA MÉDICA

Los casos más habituales de negligencia médica son un mal diagnóstico, un seguimiento inadecuado tras una operación, insuficiente protección ante un tratamiento agresivo, altas médicas prematuras o tardías y olvido de material quirúrgico, según detalla la asociación, especializada en perseguir judicialmente estos casos.

Un incendio en un parking de L'Hospitalet deja a 80 vecinos en la calle

 

Metropoli

Un incendio en L'Hospitalet de Llobregat deja a 80 vecinos en la calle. Durante la noche de este domingo, 22 de enero, ardieron seis coches en un parking y los residentes del edificio tuvieron que abandonar sus casas.

Según los Bombers de la Generalitat, se trasladaron al lugar 11 dotaciones y también acudieron los Bombers de Barcelona.

REGRESAN A SUS VIVIENDAS

El fuego provocó mucho humo, por lo que los bomberos realizaron varias tareas de control tras extinguir el fuego.

Todos los vecinos volvieron a sus viviendas la misma noche del domingo.

La farsa de la reforma laboral: 7 millones de contratos indefinidos y el paro baja en 268.251 personas

 CARLOS RIBAGORDA   .........  okdiario

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Un año después de aprobada la contra reforma laboral por el Gobierno, el balance de los cambios introducidos por el Ejecutivo en el mercado laboral no apunta a una reducción de la temporalidad, como presume el Gobierno y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De acuerdo con los datos publicados por el SEPE, en España se firmaron en 2022 un total de 7.027.160 contratos indefinidos -frente a los poco más de 2,1 millones en 2021- mientras el paro en las listas del Ministerio sólo bajó en 268.251 personas y la afiliación a la Seguridad Social sumó algo más de 470.000.

Los datos, recopilados por el gabinete de estudios de USO, demuestran que esos contratos indefinidos no implican una estabilidad en el empleo, puesto que cada persona que ha encontrado un empleo ha tenido que firmar más de uno. «¿Cómo es posible que se firmen tantos contratos indefinidos y el paro no baje?», se pregunta José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de USO. «La realidad es que cada trabajador tiene que firmar muchos contratos y un indefinido no es sinónimo de estabilidad con la nueva reforma laboral», señala a este diario.

«Se está troceando el empleo y creando una situación donde tener un contrato indefinido no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes; se está generando el trabajador en riesgo o en situación de pobreza teniendo un contrato indefinido», destaca Fernández. «Se está originando un incremento de las situaciones de pluriempleo, se necesita más de un contrato (empleo) para llegar a fin de mes», insiste.

De hecho, en el mes de diciembre sólo el 15% de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo, mientras que el 40% son temporales a tiempo completo. La conclusión es que no hay más estabilidad con la nueva reforma laboral.

Además, en el último trimestre del año se ha reducido en seis puntos el porcentaje de contratos indefinidos, del 45% de octubre al 39% de diciembre, lo que pone de manifiesto el parón económico de final de año. «Esta caída podría tener que ver con el frenazo al crecimiento económico y a su posterior estancamiento que repercute directamente en la creación de empleo», señala Fernández.

Otro aspecto destacable de los contratos indefinidos es que ha crecido un 540% sobre el año 2021 el porcentaje de trabajadores que son despedidos antes de que finalice su periodo de prueba, lo que camufla también de estabilidad unos contratos que en realidad no la garantizan. «A mí personalmente me sorprende también y mucho que crezcan las bajas voluntarias un 95%. Pero, con la situación que tenemos, ¿dónde se van esos trabajadores?», se pregunta Fernández.

Fijos discontinuos

Otro de los aspectos más polémicos es el de los fijos discontinuos, que no aparecen en las listas del paro cuando pasan al periodo de inactividad. No ha cambiado nada a este respecto con la reforma, pero sí que ahora es obligatorio para las empresas hacer este tipo de contratos, por lo que la oposición y muchos expertos hablan de «maquillaje» de los datos de empleo. La ministra Díaz aseguró hace unos días que no sabía cuantos fijos discontinuos estaban en el paro.

Para ver la magnitud del problema baste decir que en diciembre el 14,9% de los contratos firmados fueron fijos discontinuos, frente al 15% de indefinidos a tiempo completo. «Incluso superan a los de jornada de completa si excluimos las conversiones», subraya USO.

¿Cómo le ha ido la economía española en el 2022? ¿Qué le espera en el 2023?

 

Economía española.

• FRANCISCO COLL MORALES ......... ok diario

• • Con el broche puesto al 2022, toca hacer balance del incierto ejercicio que acabamos de finalizar, así como de las previsiones que anticipan algunas cuestiones relativas al nuevo año que acabamos de comenzar.

    El 2022, como bien sabemos, ha sido un año intenso y cargado de retos, pero el 2023, como anticipan los analistas y los principales organismos, entre los que podemos destacar al FMI, al Banco Mundial o a la OCDE, no pretende quedarse atrás. Y es por ello, así como por esa incertidumbre citada, que hemos de hacer balance de este nuevo año y del siguiente; pues dicho balance se hace más preciso aun cuando apartar la vista del escenario, como hemos visto en estos años pasados debidos a esa incertidumbre citada, significa perderse sucesos que determinan la evolución final de esta economía.

    Dicho lo anterior, el 2022 no ha sido un mal año para la economía española.

  • El dato de PIB anticipado para el cierre del 2022 nos dice que la economía española, aproximadamente, crecerá este año más del 5%. Con el dato en la mano, y contrastándolo con otros que también se han publicado, hablamos de una cifra que sitúa a la economía española muy por encima de los grandes países del entorno, de la media de la eurozona y de las economías más avanzadas. Además, las proyecciones que se han ido publicando para los próximos ejercicios, pudiendo destacar entre estas la última, publicada recientemente por Bank of América, sitúan a la economía española a la cabeza de la Unión Europea; quitando el puesto de locomotora económica a Alemania para el próximo ejercicio y el siguiente.

    En lo que respecta al empleo, y atendiendo a ese dato de PIB, la intensa reapertura de la economía, en adición a la gran demanda que ha registrado la economía española durante el pasado ejercicio, han provocado que las empresas en el país generen empleo. De hecho, si cogemos las cifras de empleo registradas y las contrastamos con las que muestra la serie histórica, hablamos de que el país ha cerrado el ejercicio con cifras que podemos considerar cifras récord; pues, con un total de 20,29 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, España ha registrado la mayor cifra de empleo de toda la serie histórica.

    Además, como ocurre con el PIB, las proyecciones para el 2023, aunque contemplan una moderación en los crecimientos que ya comenzó a notarse a finales del pasado ejercicio, muestran que el empleo seguirá creciendo los próximos años.

    Siguiendo con el análisis, es preciso destacar que, atendiendo a las principales variables, la economía española se está recuperando favorablemente. Al margen de los sucesos que han perturbado el funcionamiento de la economía a nivel mundial, una menor exposición a esos sucesos ha permitido a la economía española sortear mejor el impacto que otros vecinos de la Unión Europea. Y pese a que el país peninsular sigue cosechando su mayor nivel de inflación en 40 años de historia, la estanflación y la recesión, atendiendo al comportamiento de todas las variables citadas, y las que quedan por citar, están ya más que descartadas tras el análisis.

    No obstante, que el análisis muestre esto que menciono, no quiere decir que no tengamos que matizar ciertos aspectos que son muy matizables.

    En primer lugar, es importante analizar el dato de PIB.

    España, como bien sabemos, fue la economía del mundo que más sufrió el golpe de la pandemia. Por diversas cuestiones, el país notó con gran intensidad los efectos de la pandemia, y esto se acabó trasladando a una economía que sufría la mayor contracción de su historia, muy por encima de la registrada por todas las economías vecinas, así como por muchas otras economías, tanto desarrolladas como no desarrolladas, en el mundo. En cifras, hablamos de un desplome de la economía que se situó en el -11%; muy por encima del registrado por países como Alemania u Holanda, que registraron un -5% y un -3,8% respectivamente.

    Esto, como señalo, es muy importante. Pues sí es cierto que España crece más que el resto de las economías de la Unión Europea, pero ello también es porque España cayó mucho más que las economías europeas cuando el COVID se impuso a la actividad económica en el país. Esto, de facto, obliga a la economía a crecer más para recuperarse. Y todo ello, debiendo decir que mientras Alemania, Holanda, entre otras economías, ya se habían recuperado plenamente del COVID a finales de 2020 e inicios del 2021, España seguía, a la cola de Europa, como la única economía del euro que aún no había recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia.

    Y como con el PIB, ocurre con el empleo, entre otras variables.

    España, pese a cerrar el año con cifras récord en materia de empleo, lidera el desempleo, tanto general como juvenil, en la Unión Europea, por encima de todas las economías europeas; incluso por encima de Grecia, un país rescatado. Por esta misma razón, al igual que ocurría con el dato de PIB, podemos autocomplacernos con titulares oportunistas que llaman la atención de aquellos más cercanos al poder actual, pero la realidad, lejos de los que dicen estos titulares, muestra otra cara que dice que España, pese a esquivar la recesión y pese a liderar el crecimiento en la Unión Europea, también es la economía que más debe trabajar los próximos años para acercarse a esas economías que dice liderar.

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