Los agricultores y ganaderos avisan al Gobierno de Pedro Sánchez de que el precio de los alimentos subirá aún más por el alza del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. En concreto, Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) advierte al Ejecutivo de que este tipo de subidas puede traer otras «no tan deseadas, como en el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente puesta en marcha de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra».
El precio de los alimentos encadena varios meses de subidas. En diciembre el alza fue de un 15,7% en tasa interanual, cuatro décimas más que en noviembre y su tasa más alta desde el comienzo de la serie, en 1994, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La asociación agraria lamenta que desde 2017, cuando el SMI estaba fijado en 707,70 euros hasta hoy que asciende a los 1.080 euros, «el sector ha soportado una subida global del SMI del 52,6%, sin que se hayan arbitrado compensaciones (deducciones o bonificaciones) que alivien las cargas sociales que soportan los empresarios agrarios», asegura.
No obstante, desde Asaja aclaran que no están en contra de que los trabajadores «tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales (SMI, cotizaciones sociales e impuestos)» sin ningún tipo de compensación o ayuda.
En esta misma línea, Miguel Padilla el secretario general de Goag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) comenta que «a todos nos gustaría que el salario mínimo fuese más alto, pero el gran problema que tenemos es que la rentabilidad de las explotaciones no da para eso». Añade que esta subida es un coste más que se suma al encarecimiento de fertilizantes, abonos, electricidad, combustibles y piensos, entre otros, en el último año y medio. Asimismo, Padilla alerta de que «es posible que en algunas explotaciones haya menos contratación por la bajada de la producción».
Cierre de explotaciones
Según las estimaciones de Asaja, en los últimos 10 años el sector agrario ha perdido unas 80.000 explotaciones. Mientras que en lo que respecta al empleo en el sector y según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del ministerio de Trabajo, en el último año la ocupación en el campo ha disminuido en 86.900 trabajadores, es decir, un 10,34% menos. Mientras que Asaja estima que sólo con los efectos de la anterior subida del SMI (febrero 2022) se perdieron 25.000 empleos en el campo.
«Las consecuencias de esta nueva subida están aún por ver pero podemos adelantar que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios colectivos del campo que se están negociando a nivel provincial, ya que supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación a la que resta margen de maniobra a sus legítimos representantes (empresarios y trabajadores)», critica Asaja.
PAC
Esta situación se suma a que desde el pasado 1 de enero entró en vigor la nueva PAC (Política Agraria Común), contra la que han cargado duramente los agricultores. Durante meses, los profesionales del campo han denunciado que la norma se ha hecho a sus espaldas, pese a que es a ellos a quienes más les afecta. ASAJA confirmó a finales de 2022 que «cuenta con 5.000 millones menos de ayudas y se centra más en sancionar a los agricultores que en ayudarles; con ella bajará la producción y aumentará nuestro gasto».
La asociación lamenta que el Gobierno no haya aprovechado la «oportunidad histórica» que suponen los fondos europeos para modernizar el campo español. Además, el sector critica que «no compensa las pérdidas de rentas, que es para lo que nació. Es más compleja, tiene menos dinero y más exigencias ambientales que provocarán la caída de producción y el aumento de gasto».
