El Ejecutivo de Sánchez se niega a tramitar las propuestas de los guardias civiles para equiparar los salarios, ya que también mejoraría la cuantía de sus jubilaciones
- M. CASADO .......larazon
El pasado 31 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el ansiado incremento del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en 1.080 euros en 2023. Un incremento de 80 euros al mes, que había sido pactado con los sindicatos UGT y CCOO, y cuya aplicación se realizaría con carácter retroactivo. Sin embargo, como ya es sabido, esta subida no afecta a ningún funcionario público y, por tanto, tampoco a policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones o militares, cuyo salario base oscila entre los 696,13 y los 836,41 euros.
Una desigualdad denunciada en repetidas ocasiones por la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) y que, ahora, vuelve a poner sobre la mesa. Y nada mejor que los datos para ilustrar una realidad: para que el sueldo base de un cabo de la Benemérita llegue a ser de 1.080 euros, éste tendrá que contar con 24 años de servicio trabajados. O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que se abona un trienio de 30,61 euros por cada 3 años de servicio, se necesitaría cobrar 8 trienios para poder alcanzar el SMI.
Y es que las cifras no engañan, los funcionarios públicos cobran entre 243,59 y 410,70 euros menos al mes que la mayoría de trabajadores. Pero, ¿por qué no se aplica el salario mínimo interprofesional a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas? La respuesta está en el Capítulo I del estatuto de los trabajadores, en su apartado 1.3. En concreto, establece que se excluyen del ámbito regulado por esta ley: “La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias”. O lo que es lo mismo, policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y militares, quedan excluidos de la ley por la que se rigen la mayoría de trabajadores de este país, al igual que el resto de funcionarios públicos.
En este punto, desde Aprogc han ofrecido al Ejecutivo una solución que no afectaría a la cuantía de “gasto de personal” de los Presupuestos Generales del Estado, pero sí al cálculo de la jubilación. Una propuesta que igualaría el sueldo base anual de los guardias civiles al SMI y que se ha hecho llegar tanto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como al del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También se les ha trasladado a los portavoces de Interior del Congreso, pero la respuesta en todos los casos es la misma, ninguna.
¿En qué consiste esta propuesta?
La respuesta es sencilla, se trataría de modificar el denominado complemento de destino y tomar de ahí los 243,59 euros que faltan. De este modo, la nómina se mantiene y no implica una inversión extra en los Presupuestos. Sin embargo, desde el Ejecutivo se niegan a aplicar esta fórmula, ya que afectaría a al cálculo de la jubilación de los funcionarios, que se vería aumentada. Por otra parte, la propuesta de Aprogc incluye también el abono del 100% del sueldo en las pagas extras, frente al porcentaje actual que oscila entre el 61 y el 86 por ciento.
En definitiva, lo que se plantea es un trasvase de dinero del complemento de destino al sueldo base, lo que no supondría mayor problema ya que, según explican desde la asociación, la cuantía de ambos conceptos se establece en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, añaden que el porcentaje necesario de reducción del complemento de destino se reduciría igualmente en los complementos correspondientes a los grupos retributivos A-1 (de Teniente General a Teniente) y A-2 (de Suboficial Mayor a Sargento), con el fin de que afecte a los guardias civiles de cualquier escala.
Hay que recordar que el salario base actual de los guardias civiles se rige por la Ley 31/2022, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, así como por la Tabla de Retribuciones del Personal Funcionario, facilitada por el Ministerio de Hacienda. Así, un agente que acabe de ingresar en la Policía o la Benemérita recibirá 10.036,92 euros al año, divididos en 12 pagas, lo que equivale a unos 836,41 euros brutos al mes. Cantidad a la que hay que sumarle dos pagas extras en junio y diciembre por valor de 722,91 euros brutos, cada una. De ahí que sea tan importante la "antigüedad", ya que aumenta la nómina en 30,61 euros por trienio.
