BBVA Research calcula que por cada subida de las cotizaciones en un punto porcentual de PIB, se reduce la actividad y el empleo a largo plazo también en un punto, lo que equivale a unos 200.000 puestos de trabajo
"Cada punto de PIB de aumento de cotizaciones sociales para poder aumentar los ingresos de sistema de pensiones significa un punto menos de empleo. Estaríamos hablando del orden de 200.000 empleos. Pero el aumento de las cotizaciones es gradual, se va produciendo poco a poco, por lo que este impacto es el lastre al crecimiento del empleo acumulado a largo plazo, no es la respuesta instantánea", explica Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.
"Lo que hace la reforma es descansar todo el ajuste del sistema de pensiones a largo plazo en un aumento de las cotizaciones, aumentando impuestos sobre el trabajo, con un efecto negativo sobre el empleo y la inversión de las empresas", destacan desde BBVA. "La reforma prima aspectos redistributivos, grava el trabajo con efectos distorsionadores sobre la actividad económica, sobre el PIB y sobre el empleo", añaden.
Jorge Sicilia, economista Jefe del Grupo BBVA y Director de BBVA Research, ha destacado que "hay muchas cosas que nos pueden preocupar: en España ya gravamos un poco mas el factor trabajo que en Europa. Lo que terminarán haciendo será aumentar aún más el coste del factor trabajo en un país que tiene tasa de paro mas alta que en la UE y estará en una competencia feroz para atraer el capital humano", ha alertado.
La reforma que el Gobierno ha planteado como negociada con la Comisión Europea y que ha avalado Podemos endurece el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que exige Bruselas para garantizar la sostenibilidad de una reforma que liga el alza de las pensiones al IPC. Está en vigor desde enero una subida de 0,6 puntos -que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador- que iba a estar vigente hasta 2032. Pues bien, el incremento será ahora de 1,2 puntos -1 punto sobre la empresa y 0,2 sobre el trabajador-, que se irán incorporando en forma de una décima desde 2024 hasta 2029 y que estará en vigor hasta 2050.
En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego el ministro José Luis Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero de 2022 el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas, con lo que unos 60.000 millones podría suponer el efecto del nuevo MEI hasta 2040.
Cambio de discurso de Escrivá
Una vez que se conoció que el golpe a las cotizaciones sociales que asesta el Gobierno para que Bruselas acepte el coste de su reforma de las pensiones se duplica, la patronal salió el viernes en tromba para criticar una nueva subida de impuestos encubierta que recae sobre empresas y trabajadores y alertar de que dañará el empleo.
El ministro de Inclusión ha justificado este incremento en Twitter apelando a "los datos" frente a "las opiniones". Precisamente unos datos contradictorios con los que él mismo esgrimía en abril de 2019, cuando era presidente de la AIReF, y unas opiniones de CEOE y de expertos y economistas que entonces defendía. Justo antes de ser ministro, Escrivá sostenía que las cotizaciones sociales en España superan "en seis puntos la media de la OCDE" y que no había que subirlas en ningún caso.
En cambio, el argumento que defiende como ministro es que España está muy por debajo de la media de la UE en cotizaciones sociales, para lo que introduce letra pequeña en su planteamiento, habla del coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios, que sostiene que está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Esto es, apela a los salarios y no lo relaciona con la productividad de cada país, cuando la productividad española es significativamente inferior a la de los países que reseña el ministro, de manera que no se puede pagar lo mismo porque se perdería competitividad.
Los análisis de la AIReF que presidía Escrivá en 2019 insistían en el impacto de subir las cotizaciones en el empleo: "Cualquier medida de ingresos adicionales, ya sea a través de mayores cotizaciones o de las principales figuras impositivas debe tener en cuenta a su vez el impacto sobre la demanda interna, tanto a través del comportamiento de los hogares como de las empresas, demandantes de empleo", planteaba en enero de 2019 en una serie de documentos denominados Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social.
Una reforma "insuficiente"
Además, las medidas adoptadas para incrementar los ingresos son "insuficientes", como ya advirtió este lunes Fedea. "La reforma supone un aumento del gasto superior a 3,5 puntos de PIB, y hasta ahora se ha propuesto un aumento insuficiente de los ingresos en entre 8 décimas y 1,7 puntos de PIB. En este sentido, la reforma tal cual no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo", asegura Doménech.
En un informe publicado este lunes, Ángel de la Fuente, director de Fedea, calcula que en torno a 2050 habría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB), Esto es, un déficit de 56.000 millones en 2050.
La reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas, lo que exigirá cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades, avisa De la Fuente.
