Ni destierro gitano ni castigo: los agresores del Màgic de Badalona se van "de vacaciones de verano"

 

 

ÁNGELA VÁZQUEZ .........Metropoli  

"No han desterrado a nadie, los han mandado de vacaciones de verano". Las palabras del tío Manuel, uno de los ancianos gitanos más conocidos del barrio de Sant Roc de Badalona, sobre el supuesto ostracismo al que su comunidad ha condenado a tres de los agresores sexuales del Centre Comercial Màgic han levantado ampollas en toda la ciudad. 

Fuentes vecinales y policiales han reaccionado con escepticismo al "anuncio" del patriarca (palabra que él mismo rechaza y atribuye a los "payos"): aseguran que no se ha mandado a los jóvenes a ningún exilio ni se los ha apartado de sus familiares, como sugiere el tío. En la misma línea, otras fuentes de la comunidad gitana reiteran lo dicho a Metrópoli hace meses: la radical decisión no se aplica en casos como las violaciones grupales de Badalona porque las menores agredidas "no son gitanas" y tampoco se trata de un conflicto o una grave ofensa entre familias de la etnia.

Edificios del barrio de Sant Roc / PABLO MIRANZO

UN "BLANQUEO EN TODA REGLA"

Manuel Cortés admitía en una entrevista con El Periódico formar parte de una familia de más de 300 miembros. También se la conoce por otro apodo, uno que infunde un "respeto" que repele a los vecinos de Sant Roc de tratar determinados temas. "Nadie puede creerse lo que ha dicho", han explicado algunos reticentes residentes de una de las zonas más castigadas del barrio. "La ley gitana no se aplica en estos casos. No hay conflicto entre ellos y tampoco hacen nada para disuadir a sus niños de que dejen de ir violando por ahí", han sentenciado.

El hombre comunicaba a la prensa que tres de los agresores marcharían este verano a Tarragona con una tía. Que volverían en septiembre. "Vacaciones pagadas en la playa", se han quejado algunos vecinos. "El auténtico castigo no es ese. Se intentan blanquear y hacer ver que condenan lo ocurrido y en realidad les da igual".

UN DESTIERRO MASIVO

Los vecinos rememoran el éxodo masivo de decenas de personas en el 2016. Un asesinato obligó a una buena parte de Sant Roc a tener que huir del barrio. "Aquello sí que fue un destierro. La sangre se paga con sangre y lo saben, por eso se fueron". Entre los exiliados estaba Manuel Cortés. "Él también tuvo que irse porque la cosa le tocaba de cerca", explican los que vivían y siguen viviendo en la zona. Meses después, las familias volvieron: un paso habitual en este tipo de conflictos que se da cuando se ha llegado a un acuerdo entre las partes o cuando la disputa se ha enfriado lo suficiente.

Sin embargo, nadie busca ni ha puesto en alerta a los autores de los abusos sexuales. Más bien al contrario. Familiares y amigos cercanos a los niños amenazaron de muerte al hermano de una de las víctimas, de origen africano. La presión fue tanta que la niña, junto con sus padres y hermanos, tuvo que abandonar Badalona. 

"NO HAY UN PATRIARCA"

Fuentes cercanas a los Cortés, que prefieren mantener el anonimato, niegan el poder del jefe del clan: "Él no es el patriarca respetado que ha querido parecer", aseguran. "Aquí no hay una figura que mande por encima del resto. Cada uno mira por lo suyo. Son muchas familias las que viven en la zona". Una población, la de Sant Roc, que superaría los 12.000 habitantes. 

El propio barrio está dividido: "Hay dos Sant Rocs separados por el puente de la C-31. Los de un lado critican a los del otro y están todos a la espera de que se cometa algún error para saltar", explican. "Los que son de aquí son más racistas que los que vienen de fuera", aseguran.

La antigua comisaría de Sant Roc con la bandera gitana / METRÓPOLI

VUELTA EN SEPTIEMBRE

Más que castigo, algunos residentes opinan que la marcha de los tres jóvenes a Tarragona es una medida de protección: "Así los alejan del foco mediático un tiempo. En septiembre ya estará todo más calmado". No será la vuelta al cole: "Los niños no van a clase, eso les da igual".

UN DESTIERRO MASIVO

Los vecinos rememoran el éxodo masivo de decenas de personas en el 2016. Un asesinato obligó a una buena parte de Sant Roc a tener que huir del barrio. "Aquello sí que fue un destierro. La sangre se paga con sangre y lo saben, por eso se fueron". Entre los exiliados estaba Manuel Cortés. "Él también tuvo que irse porque la cosa le tocaba de cerca", explican los que vivían y siguen viviendo en la zona. Meses después, las familias volvieron: un paso habitual en este tipo de conflictos que se da cuando se ha llegado a un acuerdo entre las partes o cuando la disputa se ha enfriado lo suficiente.

Sin embargo, nadie busca ni ha puesto en alerta a los autores de los abusos sexuales. Más bien al contrario. Familiares y amigos cercanos a los niños amenazaron de muerte al hermano de una de las víctimas, de origen africano. La presión fue tanta que la niña, junto con sus padres y hermanos, tuvo que abandonar Badalona. 

"NO HAY UN PATRIARCA"

Fuentes cercanas a los Cortés, que prefieren mantener el anonimato, niegan el poder del jefe del clan: "Él no es el patriarca respetado que ha querido parecer", aseguran. "Aquí no hay una figura que mande por encima del resto. Cada uno mira por lo suyo. Son muchas familias las que viven en la zona". Una población, la de Sant Roc, que superaría los 12.000 habitantes. 

El propio barrio está dividido: "Hay dos Sant Rocs separados por el puente de la C-31. Los de un lado critican a los del otro y están todos a la espera de que se cometa algún error para saltar", explican. "Los que son de aquí son más racistas que los que vienen de fuera", aseguran.

VUELTA EN SEPTIEMBRE

Más que castigo, algunos residentes opinan que la marcha de los tres jóvenes a Tarragona es una medida de protección: "Así los alejan del foco mediático un tiempo. En septiembre ya estará todo más calmado". No será la vuelta al cole: "Los niños no van a clase, eso les da igual".

Los vecinos del barrio dudan que los autores de los abusos reflexionen durante estos meses de lo que hicieron: "Seguirán actuando igual porque lo que falta es

 educación", zanjan.

Los vecinos del barrio dudan que los autores de los abusos reflexionen durante estos meses de lo que hicieron: "Seguirán actuando igual porque lo que falta es educación", zanjan.

Los vecinos del barrio dudan que los autores de los abusos reflexionen durante estos meses de lo que hicieron: "Seguirán actuando igual porque lo que falta es educación", zanjan.

Manuel Cortés admitía en una entrevista con El Periódico formar parte de una familia de más de 300 miembros. También se la conoce por otro apodo, uno que infunde un "respeto" que repele a los vecinos de Sant Roc de tratar determinados temas. "Nadie puede creerse lo que ha dicho", han explicado algunos reticentes residentes de una de las zonas más castigadas del barrio. "La ley gitana no se aplica en estos casos. No hay conflicto entre ellos y tampoco hacen nada para disuadir a sus niños de que dejen de ir violando por ahí", han sentenciado.

El hombre comunicaba a la prensa que tres de los agresores marcharían este verano a Tarragona con una tía. Que volverían en septiembre. "Vacaciones pagadas en la playa", se han quejado algunos vecinos. "El auténtico castigo no es ese. Se intentan blanquear y hacer ver que condenan lo ocurrido y en realidad les da igual".

UN DESTIERRO MASIVO

Los vecinos rememoran el éxodo masivo de decenas de personas en el 2016. Un asesinato obligó a una buena parte de Sant Roc a tener que huir del barrio. "Aquello sí que fue un destierro. La sangre se paga con sangre y lo saben, por eso se fueron". Entre los exiliados estaba Manuel Cortés. "Él también tuvo que irse porque la cosa le tocaba de cerca", explican los que vivían y siguen viviendo en la zona. Meses después, las familias volvieron: un paso habitual en este tipo de conflictos que se da cuando se ha llegado a un acuerdo entre las partes o cuando la disputa se ha enfriado lo suficiente.

Sin embargo, nadie busca ni ha puesto en alerta a los autores de los abusos sexuales. Más bien al contrario. Familiares y amigos cercanos a los niños amenazaron de muerte al hermano de una de las víctimas, de origen africano. La presión fue tanta que la niña, junto con sus padres y hermanos, tuvo que abandonar Badalona. 

"NO HAY UN PATRIARCA"

Fuentes cercanas a los Cortés, que prefieren mantener el anonimato, niegan el poder del jefe del clan: "Él no es el patriarca respetado que ha querido parecer", aseguran. "Aquí no hay una figura que mande por encima del resto. Cada uno mira por lo suyo. Son muchas familias las que viven en la zona". Una población, la de Sant Roc, que superaría los 12.000 habitantes. 

El propio barrio está dividido: "Hay dos Sant Rocs separados por el puente de la C-31. Los de un lado critican a los del otro y están todos a la espera de que se cometa algún error para saltar", explican. "Los que son de aquí son más racistas que los que vienen de fuera", aseguran.

La antigua comisaría de Sant Roc con la bandera gitana / METRÓPOLI

VUELTA EN SEPTIEMBRE

Más que castigo, algunos residentes opinan que la marcha de los tres jóvenes a Tarragona es una medida de protección: "Así los alejan del foco mediático un tiempo. En septiembre ya estará todo más calmado". No será la vuelta al cole: "Los niños no van a clase, eso les da igual".

Los vecinos del barrio dudan que los autores de los abusos reflexionen durante estos meses de lo que hicieron: "Seguirán actuando igual porque lo que falta es educación", zanjan.

El patriarcado gitano en Sant Roc, descontrolado: "Se respetan las canas, pero ya no es lo que era"

 

Metropoli   ........   Angela  Vazquez 

"Ya no es lo que era". Los más ancianos del barrio de Sant Roc de Badalona desechan con un gesto de la mano la jerarquía que durante años se ha impuesto en la comunidad gitana. Aquella establecida en una ley que, se suele decir, funciona al margen de la sociedad: la de un hombre, el patriarca, que tiene la potestad y el poder de decisión entre los miembros de las distintas unidades familiares. Una figura, sin embargo, que en esta castigada zona de la ciudad se ha perdido.

El vecindario más humilde del barrio, que se reúne estos días de calor en mitad de la calle con sillas y mesas, echan la vista atrás y recuerdan con nostalgia una época que no volverá: "En los 80 había más problemas de drogas, la heroína estaba a la orden del día. Se escondía la mercancía en las alcantarillas y todo el mundo lo sabía", explican. "Pero había más respeto". Cualquier pelea en la calle pasaba por el filtro de los "viejos": "Yo, que soy payo, iba a hablar con el patriarca cuando alguno de mis hermanos se peleaba con gitanos y aquello se solucionaba rápidamente", asegura José, que ha sido testigo de ese cambio y teme por los tiempos que corren actualmente.

El interior de un patio de luces de un edificio de Sant Roc / PABLO MIRANZO

"DESCONTROLADOS"

Una niña de cinco años se aleja durante un momento de uno de los grupos congregados en la plaza de Sant Roc. Está rebuscando con su hermano, otro niño un par de años mayor que ella, en los contenedores. La madre, que ronda la zona con un carro de bebé lleno de chatarra, habla con cuatro mujeres y no se da cuenta de que su hija se ha separado del grupo. La pequeña se sitúa en el medio de la plazoleta, se baja los pantalones y comienza a orinar. No se esconde y no hay nadie que la regañe o la corrija. La madre, a lo lejos, se da cuenta de la ausencia de su hija y pregunta vagamente dónde está, pero continúa charlando. Finalmente, la niña regresa con los suyos y prosigue con su tarea de encontrar en la basura algo de valor. 

Uno de los ancianos que presencia la escena, la critica: "Los niños de hoy en día crecen así. Están descontrolados y nadie les da una educación. Hacen lo que quieren cuando quieren". Un resumen, quizás, del problema que parece azotar Badalona: las violaciones grupales a menores de edad. El tío Manuel intentó tranquilizar a la ciudadanía hace unos días con un mensaje de responsabilidad: aseguró que tres de los agresores serían desterrados los meses de verano a modo de castigo "ejemplar". Pero, ¿es Manuel Cortés la máxima autoridad en un Sant Roc dividido por la rivalidad entre las diferentes familias gitanas?.

"SE RESPETAN LAS CANAS"

Salió a hablar con la prensa representando a la comunidad gitana del barrio, pero una parte de la misma reniega de su poder: "Ya no hay una figura de patriarca que mande por encima del resto. Eso se ha perdido. Aquí hay muchos ancianos de los de la vara", explican los residentes. "Se respetan las canas", zanjan la conversación, aunque ya no es el pelo blanco el que dicta la sentencia.

Edificios del barrio de Sant Roc / PABLO MIRANZO

UN GUETO

El paso por la plaza de Camarón está permanente vigilado y controlado. Jóvenes y viejos se congregan en el espacio y observan todos los coches que circulan por calle Simancas y Covadonga. El horario en el que se pase no importa: siempre habrá gente pululando. "Los chavales no van al cole". Sus moradores confirman el ya conocido absentismo escolar del barrio: uno de los más habitados de Badalona con más de 12.000 vecinos. "Además, son malos. No tienen ningún tipo de conciencia ni arrepentimiento de lo que hacen", lamentan algunos.

Sobre si algún día la dinámica de Sant Roc cambiará, lo tienen claro: "Esto es un gueto y lo seguirá siendo siempre". Jóvenes que siguen la estela de sus padres: "Aquí hay familias que están esperando que otra haga algo para saltar. Problemas que vienen de hace tiempo y que los más pequeños no saben, pero se meten por lo que escuchan y se les dice en sus casas". Un odio entre varias facciones que ninguna figura mantiene a raya.

¿UN "DESTIERRO"?

El anuncio del tío Manuel chocó de frente con lo que la comunidad gitana expresó hace meses a Metrópoli: no habría castigo para el grupo de niños que abusó de la menor de 11 años en el Centre Comercial Màgic de Badalona. ¿El motivo? No se trata de un conflicto entre familias y la víctima no es gitana. Cortés dio cuenta de ello en una entrevista a El Periódico: "Le hacen eso a las payas porque saben que a las gitanas ni tocarlas".

Poco queda del exilio al que el mismo tío Manuel fue sometido hace años, cuando un enfrentamiento con gente de La Mina de Sant Adrià de Besòs propició la marcha de decenas de personas: "Aquello fue un castigo y un destierro. No esto de ahora", recuerdan los más ancianos.

UN BARRIO DISTINTO

Es precisamente el barrio de La Mina el más cercano geográficamente a un descontrolado Sant Roc, donde los patriarcas sí que se reúnen periódicamente para intentar mediar entre conflictos vecinales. Algunos de ellos pueden acabar, de lo contrario, en heridos de bala, como en la última dantesca escena que fue grabada y difundida a través de las redes sociales.

La mayoría de agresores sexuales de Badalona se han atribuido a Sant Roc. También a La Salut y a Llefià, pero ninguno a Sant Adrià. "Aquello no es como esto. Funcionan de manera distinta", comentan los veteranos de La Mina, que opinan que un destierro no tiene cabida en este conflicto. "Si lo han hecho que lo paguen, pero que sea la justicia y la policía quienes actúen", remachan.

Guardias civiles advierten: Al menos 1.800 subsaharianos aguardan para saltar la valla de Melilla

 larazon

Apenas una veintena de agentes, con los escudos rotos, se encargan de vigilar los 12 kilómetros de vallado. La mayoría de los sensores de movimiento tampoco funcionan

El 24 de junio de 2022, más de 1.500 subsharianos asaltaron la valla de Melilla en un intento por salvar el último obstáculo que les separaba de España. Lo sucedido aquel día y sus dramáticas escenas (decenas de muertos y heridos hacinados en el suelo) dieron la vuelta al mundo y provocaron una oleada global de indignación. Un año después de esta tragedia, nada ha cambiado: "La última defensa de España ante la entrada violenta de una avalancha de inmigrantes a través de la valla de la ciudad de Melilla son los cuerpos de una veintena de guardias civiles".

Así denuncia Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación de guardias civiles JUCIL, la lamentable situación que se vive en la zona un año después de unos sucesos, que bien podrían repetirse ante la inacción del Ejecutivo español y, en concreto, del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. "Nos consta que a día de hoy se contabilizan en el monte Gurugú, cercano a la frontera, en torno a 1.800 subsaharianos que esperan una oportunidad para saltar una valla cuyo mantenimiento prácticamente no existe", advierte el secretario general de esta asociación.

Y es que, según denuncia JUCIL, apenas se ha aportado material antidisturbios nuevo. Los guardias civiles cuentan con un centenar de cascos que los compañeros comparten en los sucesivos turnos de vigilancia y continúa el déficit de personal. La vigilancia de la frontera, que incluye 12 kilómetros de vallado y el control de accesos a través del paso fronterizo, recae por turno en una media de entre ocho y diez guardias civiles del Servicio de Seguridad Ciudadana, junto a una docena de miembros de la ARS, de antidisturbios. "No se han repuesto ni siquiera los escudos, deteriorados tras el salto del año pasado, cuando los inmigrantes que superaron la valla mostraron una violencia inusitada con palos provistos de garfios, cuchillos y hierros incrustados en su calzado para escalar las vallas y que usaron contra los guardias civiles", señala Vilariño.

Pero si el déficit de personal es grave, la falta de medios y mantenimiento de las instalaciones dificulta aún más la labor de los agentes. En este sentido, denuncian que los agujeros del vallado se reparan simplemente con unos alambres y poco más. Los detectores de movimiento, colocados a cierta distancia a lo largo de todo el perímetro de la valla, no funcionan en su mayoría y hay zonas de la valla donde siguen sin instalarse los peines invertidos que dificultarían el acceso hasta la parte alta de la misma.

Las falsas promesas de Marlaska

Hace un año, tras la tragedia, la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trasladaron a la zona donde se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad de los agentes, así como dotarles de más medios para llevar a cabo su trabajo. Un año después, todas esas promesas han quedado en nada: "Han quedado en saco roto, como siempre", matiza Vilariño.

Ante esta situación, desde JUCIL denuncian la falta de un protocolo de actuación, ya que, pese a que centenares de guardias civiles han resultado heridos por estos "asaltos violentos", sigue sin aplicarse la legislación nacional y supranacional en materia de extranjería. Una normativa que permite la expulsión inmediata y sin necesidad de iniciar expediente de los extranjeros que pretendan entrar en nuestro país de forma violenta.

Una argumentación que se basa en una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afirma que los estados "pueden rechazar a aquellos extranjeros que no hayan ajustado su conducta a los mecanismos de entrada regularizados y previstos, cruzando la frontera por lugares distintos a los habilitados. A esto, señalan desde la asociación, habría que sumar el acuerdo firmado en 1992 entre España y Marruecos para agilizar la expulsión de inmigrantes ilegales. "La aplicación de estas normas, que incluyen la prohibición de entrada en territorio español, detendría el efecto llamada que genera el hecho de que inmigrantes que usan medios violentos no sean devueltos", explica Vilariño.

A su juicio, lo ocurrido el 24 de junio del año pasado "volverá a pasar" y será una consecuencia "de la dejadez y la irresponsabilidad de los políticos, quienes tienen la obligación de trabajar por la Seguridad Ciudadana".

Intervenidas 13.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Barcelona

 

ANDONI BERNÁ  .......  Metropoli

Gran redada en el aeropuerto de Barcelona. Agentes de La Guardia Civil han intervenido más de 13.000 cajetillas de tabaco de contrabando en la infraestructura catalana. En un operativo conjunto con la Agencia tributaria, la operación se saldó con la inautación de paquetes por valor en el mercado de 24.000 euros

Según ha explicado el cuerpo en un comunicado, varios policías que prestan servicio en la aduana de la T1 del aeropuerto de Barcelona inspeccionaron el equipaje de cinco pasajeros que llegaron a España en un vuelo procedente de El Cairo el pasado 11 de junio. Lo hicieron tras detectar en ellos una "actitud extraña" que levantó las sospechas de los agentes.

CAMBIO DE ETIQUETAS

Así, comprobaron que los sospechosos habían cambiado las etiquetas de su equipaje para hacerlo pasar por equipaje procedente de la Unión Europea y pasar desapercibido ante la seguridad aeroportuaria. En concreto, hallaron 13.289 cajetillas de tabaco de contrabando.

Cajetillas de tabaco de contrabando intervenidas en el aeropuerto de Barcelona / GUARDIA CIVIL

El técnico de la AEAT, junto a los agentes de la Guardia Civil, instruyó un acta por la presunta comisión de una infracción administrativa a la Ley de Contrabando.