El aumento, esperable y habitual, de la incidencia de infecciones respiratorias agudas –gripe, covid y virus respiratorio sincitial (VRS)– vinculado a las celebraciones navideñas y a la bajada de las temperaturas, ha hecho saltar los plomos del sistema público de salud.
El sindicato CSIF avisó el pasado 21 de diciembre de que las urgencias y la atención primaria empezaban a tensarse en la mayoría de las comunidades autónomas. Para llegar al colapso solo hicieron falta unos días. Según sus datos, la causa principal de esta situación es el "déficit de profesionales" de la Sanidad pública, que prescindió de 43.000 empleos entre septiembre y noviembre de 2023, la "pésima" planificación de los permisos y vacaciones del personal sanitario y la ausencia de planes de contingencia de cara a la Navidad.
Como soluciones, plantearon un Plan Estratégico a 5-10 años para que nuestro país pueda situarse en la media europea ya que, a su juicio, España tiene un déficit de 9.500 médicos de Atención Primaria, 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 técnicos de Enfermería.
Presupuesto insuficiente
Pero para todo eso hace falta dinero, y no parece que la dotación de fondos para la Sanidad sea una prioridad del Gobierno. Pese a que Pedro Sanchez prometió, a comienzos de la legislatura pasada, que destinaría un 7% del PIB para solucionar los problemas estructurales del SNS, la realidad es que, a estas alturas, se sigue destinando un 6,7%. Una cantidad manifiestamente insuficiente para atender las necesidades de una población envejecida que demanda una atención sanitaria de calidad y orientada a la cronicidad.
El pasado miércoles se aprobó el "decreto anticrisis", que se llevó un 1% del PIB en más gasto público, entre subvenciones al transporte, subsidios y subidas de rentas. "Si ese 1% se le hubiera dado a la Sanidad hubiera podido generar una mejora espectacular. La conclusión es sencilla, y doble: no se le da más financiación a la Sanidad porque no se quiere, y no se quiere porque no es una prioridad. Al final, los decisores, que son quienes gobiernan en la cúspide, la consideran compleja, y ante la complejidad optan por esconder la cabeza bajo el ala", explica Santiago Cervera, médico y exconsejero de Sanidad.
«En España se invierten algo menos de 2.000 euros per cápita de media en Sanidad, frente a los 2.746 de la media europea. Y esta inversión es muy desigual por comunidades autónomas. Solo Asturias y el País Vasco se acercan a esa cifra, el resto están muy por debajo», señala el médico Antonio Burgueño, exdirector de Hospitales de la Comunidad de Madrid. «El presupuesto por persona en Francia son 3.800 euros, y 4.200 en Alemania. Como pacientes, los españoles estamos al mismo nivel de demanda sanitaria que los de estos países, pero con la mitad de dinero dedicado a nuestra salud. Realmente, tenemos el mismo presupuesto que los portugueses, que tienen un sistema de copago», destaca.
A su juicio, el grave problema en España con las listas de espera deriva de esta situación. "Son un racionamiento, la consecuencia de que la demanda sea mucho mayor que la oferta. Y eso que más de una cuarta parte de la población tiene un seguro privado, si no, ¿imagina las cifras a las que llegaríamos?".
Triple suspenso
Las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas –y, sobre todo, el tiempo que los pacientes permanecen en ellas– son uno de los tres indicadores que, a juicio de los expertos, determinan el estado de salud de un sistema sanitario. Los otros dos son el tiempo que tarda la innovación terapéutica en llegar a los pacientes y la deuda del sistema con los fabricantes de tecnología sanitaria. Pues bien, España suspende en las tres variables. Según los últimos datos, correspondientes a junio de 2023, en nuestro país hay 819.964 personas en espera de pasar por el quirófano, el récord desde que hay registros. Son 77.446 personas más que un año antes y 235.946 más que cuando Pedro Sánchez llegó al poder, en 2018.
Y ¿cuánto tiempo esperan? A mediados de este año, la media para operarse desde que el especialista se lo prescribía era de 112 días, con una diferencia importante entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, una personas en Canarias tarda 3,4 veces más en operarse (153 días) que en la Comunidad de Madrid (45).
Respecto al retraso en el acceso a la innovación, la situación también ha ido a peor desde 2018.[[LINK:INTERNO|||Article|||6449529fcc67b0e4a1dc564b||| Los pacientes tienen que esperar hoy 215 días más –en total, 629– para tratarse con un fármaco innovador ]]desde que lo aprueba la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). En cuando a la deuda con los proveedores de tecnología sanitaria, a marzo de 2023 era de 731 millones de euros.
La crisis de Primaria
Otro de los grandes agujeros negros de nuestro sistema sanitario es la Atención Primaria, que es la que resuelve el 80% de la demanda de los ciudadanos. En este escalón de la asistencia, la falta crónica de recursos es tan evidente –y tan antigua– que, para muchos, los socavones son imposibles de tapar si el Estado no se compromete dotarla de una financiación que compense décadas de dejadez.
«El modelo, definido en la Ley general de Sanidad de 1986, dio muestras de agotamiento muy pronto, en los 90. Ahí ya se vio que se había cometido un error muy grave que era que, ‘grosso modo’, el médico de Primaria no recibía ningún incentivo por el número de pacientes a los que atendía. Era un funcionario que cobraba lo mismo hiciera lo que hiciera. En España no se necesitaba eso, sino un médico vocacional al que la persona pudiera acudir y que le viniera a ver a casa, que le conociera y supiera lo que necesitaba. El ‘general practicioner’ (gp) inglés es el modelo de referencia, un médico libre que recibe a la gente y que, de algún modo, se la gana, porque le pagan por las personas que le eligen», explica Burgueño.
El Ministerio de Sanidad se ha comprometido a celebrar, «no más tarde de enero» una reunión específica del CISNS con un único punto del día: las medidas para abordar la falta de profesionales en la Atención Primaria. Pero las soluciones a las principales demandas del colectivo médico (reducir la temporalidad, salarios dignos, jubilación anticipada por coeficientes reductores, incentivos para las plazas de difícil cobertura, entre otras muchas) no son muy compatibles con los planes que tiene la izquierda para la sanidad, centrados en que recupere uno de sus valores esenciales, la universalidad.
¿Dónde está la "famosa" Ley de Pandemias?
Después de lo vivido en los más de tres años de pandemia (inseguridad jurídica, anulaciones del estado de alarma por el Constitucional, entre otros errores de legalidad), la realidad es que no se ha hecho nada para promover una legislación al respecto. La reciente imposición del uso obligatorio de mascarillas en los centros de salud por parte del Ministerio de Sanidad, pese a la oposición manifiesta de 11 comunidades autónomas, es un claro ejemplo. El departamento que dirige Mónica García ha invadido las competencias autonómicas, y ahora, comunidades como País Vasco, Extremadura, Galicia, Andalucía o Baleares han anunciado que apelarán la decisión. Sanidad no transmitió ninguna seguridad jurídica en la manera de adoptar la decisión, dado que, en menos de una semana, pasó de dejarlo en manos de las autonomías, a recomendar y, después, a imponer. La inseguridad jurídica es otra de las señas de identidad del Gobierno socialista en materia de Sanidad.
