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La reforma del sistema público de pensiones impulsada por José Luis Escrivá en la pasada legislatura tenía por objetivo hacer sostenible el sistema sin incrementar la edad legal de acceso a la jubilación, es decir, sin forzar a los trabajadores a retrasar su acceso a la pensión. En su lugar, el exministro de Seguridad Social optó por reforzar el sistema de ingresos mediante un alza de las cotizaciones a las rentas más altas, la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la introducción de incentivos a la jubilación demorada voluntaria. La cartera esperaba que esta tercera pata fuese fundamental para recortar el gasto público, hasta en 1,41 puntos sobre el PIB en 2050, pero el último informe del Banco de España reduce sus expectativas.
Las estimaciones del órgano gobernado por Pablo Hernández de Cos apuntan a que el ratio de gasto en pensiones sobre el PIB se reduciría solo en una décima de media en el periodo 2022-2050 si un 20% de los trabajadores demoraran su jubilación y lo harían entre tres y cinco décimas si lo hicieran todos los trabajadores. El Banco de España llama a interpretar con cautela estas proyecciones, dado que la introducción de estos incentivos está muy reciente, si bien afirma que "las simulaciones permiten establecer una relación entre un aumento de la edad efectiva de jubilación y un cambio en la ratio de gasto en pensiones". No obstante, este recorte sería menor al previsto por el Gobierno en el informe de proyecciones de gasto público remitido a Bruselas para que evalúe la norma en el contexto del cuarto pago de los fondos UE.
El documento, que fue presentado antes de que Elma Saiz tomara el testigo al frente de Seguridad Social, proyecta cuál sería el gasto en las próximas dos décadas si no se hubiese puesto en marcha la reforma y cuál será con el conjunto de medidas llevadas a cabo. El cuadro refleja que en 2025 el gasto se recortará del 12,27% a un 12,13% del PIB, mientras que el cambio en 2050 será más acentuado y el coste de las pensiones pasará del 14,72% que hubiera representado sin la norma a un 13,31% del PIB, esto es, casi un punto y medio porcentual. El Ministerio no representó cada año de forma individualizada, pero el promedio de los valores representados en la tabla arroja un ahorro de 0,45 puntos porcentuales, que dista con la proyección del BdE porque el Gobierno no contempla en ningún caso que todos los trabajadores demoren su jubilación.
Escrivá aprobó la reforma de pensiones en dos partes. La primera fue impulsada en 2021 y se centraba en garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, vinculándola al IPC entre otras medidas, por lo que recibió el respaldo tanto de la CEOE como de los sindicatos. Sin embargo, la segunda parte centrada en el sistema de ingresos y aprobada en 2023 solo recibió el apoyo de los representantes de los trabajadores. Este paquete normativo recogía varias fórmulas para incentivar que las personas activas extendiesen su carrera laboral más allá de la edad en la que podían jubilarse. Creó un sistema de incentivos por el que el trabajador podía decantarse por elevar un 4% el importe de su pensión cada mes o recibir un tanto alzado por año cotizado (entre 5.000 y 12.000 euros) e incluso, un modelo que combinaba ambas vías.
Tal y como ha hecho saber el Ministerio de Seguridad Social, la jubilación demorada ya representa el 10,5% del total de solicitudes para acceder a la pensión, por lo que el porcentaje se ha duplicado en algo más de dos años. Esto se ha traducido también en una demora de la edad efectiva de jubilación que superó los 65 años por primera vez en 2023, impulsada por las penalizaciones a la jubilación anticipada y por el retraso progresivo de la edad legal de jubilación de las personas que no reúnan el mínimo de años cotizados. En 2024 este umbral está fijado en 66 años y seis meses para los que no hayan hecho aportaciones a la Seguridad Social durante 38 años, pero seguirá elevándose hasta alcanzar los 67 años en 2027, por la ley impulsada por el PP en 2012.
A falta de elaborar nuevos análisis que midan el alcance de estos objetivos, el Banco de España señala que la evolución de la participación del segmento de trabajadores con edades próximas a la jubilación en el mercado laboral será un buen termómetro de su efectividad para aliviar el gasto público, ya que España registra actualmente valores más bajos que la media europea. Un aspecto que también se ha puesto sobre la mesa en el debate de la reforma del subsidio por desempleo y en concreto, el que se dirige a los mayores de 52 años por entender que en ciertos casos puede operar como un desincentivo a la búsqueda de trabajo. El diseño actual reconoce a estos parados una cotización del 125% de la base mínima, mientras que el borrador que presentó Díaz a patronal y sindicatos -así como el real decreto-ley rechazado en el Congreso- reducía a la base mínima esta cotización, con el fin de evitar este efecto.
