Economista
El problema de la subida de los precios de la vivienda no entiende de fronteras y en cada país se da respuesta de forma diferente a un aspecto clave para la vida de los ciudadanos. El caso de Andorra es uno de los más curiosos, dado que ha apuntado a los pisos vacíos y a la posibilidad de obligar a sus propietarios a cedérselos al Estado para luchar contra el alza de precios.
El gobierno andorrano ha aprobado un proyecto de ley en el que se contempla la cesión "obligatoria" de los pisos vacíos para trasladarlos a un parque público de vivienda asequible. Las cifras que maneja el Ejecutivo que preside Xavier Espot son de unos 2.000 pisos vacíos.
Tal y como informa el Ejecutivo en su página web, Andorra solo podrá expropiar los pisos cuando se acrediten que efectivamente están vacíos. Para ello se ha de demostrar que esa vivienda no tuvo "contrato de suministro de energía eléctrica o noconsumo de energía durante los dos años anteriores al 1 de enero de 2024".
En primer lugar, el Gobierno se pondrá en contacto con los propietarios de las viviendas susceptibles de ser consideradas como 'vacías'. Estos tendrán un plazo de tres meses para recurrir esa consideración o bien vender, alquilar o ceder voluntariamente la vivienda al parque de alquiler.
Si se certifica que la vivienda está vacía, el Gobierno de Andorra podrá reclamar una cesión obligatoria por un periodo de hasta cinco años. "A cambio, el titular percibirá una compensación económica derivada de la cesión equivalente a la renta de precio asequible que se defina", explica el Gobierno. En el caso de que durante los seis meses siguientes no se usase, la vivienda volvería a su propietario automáticamente.
Además, el Gobierno ha aprobado el aumento de la tributación a los pisos vacíos. En concreto, la ha duplicado, ya que pasará de 50 euros por metro cuadrado a 100 euros por metro cuadrado.
Coto a los pisos turísticos
Andorra también va a actuar sobre los pisos turísticos con el objetivo de que no colapsen el mercado de alquiler. El Ejecutivo prohíbe la emisión de nuevas licencias de pisos turísticos e impone un nuevo sistema de renovación para las ya existentes por periodos de tres años: los que se encuentren en edificios con más del 30% de pisos turísticos tendrán que incrementar la calidad de los pisos y los que estén en edificios con menos del 30% no renovarán la vivienda.
El Gobierno andorrano estima que las pérdidas de licencias afectarán a un 25% de los pisos turísticos (unas 660 de los 2.800 pisos de este tipo) y que, en todo caso, si en un periodo de seis meses esa vivienda no se alquila a una persona con necesidad, se recuperará la licencia.
Límite a la inversión inmobiliaria extranjera
Además, Andorra va a limitar la inversión inmobiliaria extranjera, de tal forma que las personas físicas no residentes, las personas físicas residentes con menos de tres años de residencia, las personas jurídicas de nacionalidad extranjera y las personas jurídicas de nacionalidad andorrana con participación extranjera en su capital o derechos de voto superior al 25% solo puedan tener un máximo de dos pisos en propiedad.
Como complemento, Andorra prohibirá las promociones inmobiliarias extranjeras, salvo en un caso: que se destinen al mercado de alquiler. Quedan fuera de estas restricciones las personas jurídicas extranjeras que adquieren un inmueble necesario para el despliegue de su actividad mercantil.
