Girona se convierte en la meca de las okupaciones de toda España
La combinación de un parque de vivienda infrautilizado, la complicidad de la izquierda independentista y los problemas de integración explican la avalancha de invasiones
La provincia de Girona se ha convertido en la zona cero de las okupaciones de toda España. Según datos del Ministerio del Interior, la región ha sufrido 515 allanamientos entre enero y junio de 2020, superando con creces los delitos registrados el año pasado (307).
En números absolutos, Girona se alza con la medalla de bronce en invasiones de vivienda por detrás de Barcelona (2.644) y Madrid (657). Sin embargo, su situación empeora si se tiene en cuenta que no es una provincia excesivamente poblada. La provincia de Girona presenta una tasa de okupaciones de 0,67 por cada 1000 habitantes, mientras que en Barcelonala es de 0,47.
El legado de la crisis inmobiliaria
¿Cuáles son las causas de tan dudoso honor? Las fuentes consultadas no ofrecen un único factor que explique esta oleada de delincuencia. Para Miquel Costa i Perich, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Girona, se trata de un "fenómeno creciente". "Gran parte de las ocupaciones afectan a pisos de bancos y fondos inmobiliarios, pero también hay particulares. Las ocupaciones están muy repartidas", indica. El profesional señala que la provincia vivió con intensidad el boom del ladrillo previa a la crisis del 2008, que dejó "muchos líos jurídicos y cumplimientos de hipotecas pendientes, por ejemplo en localidades como Salt".
Muchas de estas viviendas siguen sin inquilinos y con una propiedad que se desentiende de su mantenimiento. Este apunte es compartido por Joan Company, presidente de los agentes inmobiliarios tanto de Girona como de Cataluña, quien suma las numerosas segundas residencias del enclave catalán como un gran reclamo para las mafias. "En toda el área urbana de Girona hubo bastantes promociones de pisos que siguen vacíos, pero este último año se ha entrado mucho en segundas residencias", explica. Además, Company asegura que se ha producido un "efecto llamada": "Algunos de los casos que he conocido personalmente tienen okupas que vienen de Barcelona porque saben que aquí ocupar es relativamente fácil".
Complicidades políticas
A la presencia de un parque inmobiliario infrautilizado se une la comprensión de determinadas fuerzas políticas que han mostrado pasividad o incluso connivencia con las usurpaciones. Una reciente polémica vivida en Figueres ilumina este punto. El concejal de Vivienda del municipio, Joselín Castellón (perteneciente a una marca blanca de la CUP), difundió una publicación en redes sociales en que distinguía distintas tipologías de ocupantes ilegales, exhibiendo su complicidad con algunas de éstas si tenían una motivación social.
Héctor Amelló, edil de Cs en Figueres, señala que la actitud de Castellón está extendida entre muchos representantes de la provincia, donde abundan los cargos públicos de la izquierda independentista. "Hay tanta ocupación por la inacción de los gobiernos durante los últimos años. En Figueres ha habido una dejadez absoluta en todos los sentidos", denuncia Amelló. "Calculamos que hay unas 240 propiedades ocupadas en la ciudad", informa.
Pese a estas cifras, el consistorio ha rechazado las medidas propuestas por la formación naranja para poner coto a las ocupaciones tanto con alcaldes de JxCat como de ERC: "Hemos pedido en dos ocasiones la creación de una oficina para ayudar a los vecinos y de un censo de viviendas ocupadas. Nos lo han rechazado en ambos casos y nos han intentado deshumanizar, como si no quisiéramos ayudar a las personas desamparadas. Es falso: se puede hacer políticas sociales y proteger a la vez la propiedad".
La inmigración, factor clave
Precisamente, Figueres es uno de los núcleos con mayores problemas de convivencia derivados de las okupaciones. Crónica Global ha hablado con dos fuentes vecinales que prefieren mantener el anonimato por miedo a las represalias. Un portavoz de la Coordinadora Josep Casero (que agrupa los vecindarios de Juncària Parc Bosc, Culubret, Vivendes del Parc y Turó Baix-Nova Estació) lo tiene claro: "Hay un problema de integración grave". "Figueres ha tenido desde hace 20 años un crecimiento sostenido de la inmigración que no ha sabido gestionarse. Ha crecido la inseguridad y el incivismo, pero se prefiere maquillar", asegura.
La fuerte presencia de un colectivo marroquí y gitano que genera fricciones con los autóctonos es glosada por otra fuente del barrio de Horta Capallera. "Esta ciudad tiene 47.000 habitantes y 97 nacionalidades. Además, hay cierto grupo de gitanos que no respetan ni a sus propios patriarcas", señala. Ambos vecinos dejan claro que no todos los inmigrantes generan problemas de convivencia, pero no dudan de que los altos índices de inmigración con bajos recursos económicos están detrás de muchas okupaciones en Figueres y el resto de municipios gerundenses. Asimismo, la cercanía con Francia, que reúne a un elevado contingente de población musulmana, genera intercambios de personas que favorecen esta dinámica.
Un protocolo entorpecedor
Tampoco ayuda el procedimiento hipergarantista con que las administraciones locales encaran la delincuencia vinculada con las invasiones de viviendas. En el protocolo de actuaciones frente a la ocupación irregular elaborado por la Diputación de Girona en 2017, se distinguen tres tipos de ocupación: social, delincuencial y política o ideológica. Los operadores inmobiliarios critican esta clasificación, no tanto porque no reconozcan casuísticas diferenciadas, sino porque entorpece las expulsiones de un inmueble ocupado sin un título legítimo.
Company argumenta que "los ayuntamientos deben ser firmes y, de entrada, no aceptar ninguna ocupación de una propiedad privada". Costa i Perich se suma a esta demanda: "Los propietarios no se pueden ver presos de dar solución a los derechos habitacionales de otra persona. Se debe garantizar la propiedad primero y, por otro lado, facilitar soluciones a las personas que no tienen techo. Pero no confundir ambas situaciones".
En este contexto, Daniel Pamplona, concejal naranja en Girona, tiene previsto presentar una moción para "evitar de hecho que la okupación ilegal pueda ser una alternativa para atender una necesidad habitacional". El político también comenta el cansancio tanto de la policía local como de los Mossos, que en los últimos tiempos se han enfrentado a un auge criminal en los barrios de Can Gibert del Pla, Santa Eugènia y Sant Narcís --en este último, Crónica Global destapó el caso de un bloque asediado por un narcopiso--. "No hay una receta mágica, pero hay que agilizar los trámites y endurecer la respuesta desde los municipios", resume Pamplona.
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