Denuncia contra Colau por cobro ilegal de 300.000 euros en alquileres
El proyecto de remodelación de las Casas Baratas del Bon Pastor ha dejado dudas durante su proceso, hasta el punto de contener presuntas ilegalidades que han sido denunciadas por una asociación de vecinos de Barcelona.
La entidad Avis del Barri interpuso una denuncia en el Juzgado de Guardia de Barcelona el pasado 28 de enero a la totalidad de la "Comisión de Gobierno del Ayuntamiento", al Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (anteriormente conocido como Patronat Municipal de l'Habitatge), así como a algunos de sus antiguos miembros.
La razón del procedimiento son las presuntas "infracciones penales y administrativas" que se habrían cometido en la tercera fase del proyecto de remodelación de las Casas Baratas, según indica el escrito al que ha tenido acceso Metrópoli.
TIEMPOS DE TRAMITACIÓN ALTERADOS
La denuncia expone que el Ayuntamiento no cumplió con "las fechas, tiempos y plazos tasados de tramitación de cada una de las fases documentales de esta fase 3", que tienen amparo legal en el "Decreto Legislativo 1/2010" por el que se aprueba una Ley de Urbanismo que obliga a que se realice "aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva de los proyectos urbanísticos".
El consistorio, pese a ser conocedor de que no podía hacerlo tras el aviso de la parte denunciante, mantuvo más allá del tiempo establecido la fase de exposición pública, lo que permitía al Ayuntamiento seguir cobrando alquileres hasta llegar a la aprobación definitiva del proyecto. Unos alquileres que, siguiendo la normativa legal, no debería haber cobrado ya que se tendría que haber dado por finalizada la fase de exposición pública previamente, lo que respalda un presunto delito de prevaricación y otros previstos en la denuncia.
Según remarca el texto, el periodo de exposición pública debió comprenderse entre el "19/05/15 y el 19/07/15", mientras que la aprobación definitiva tendría que haberse formalizado entre el "20/07/15 y el 20/09/15". Por contra, ésta última no llegó hasta el mes de "julio de 2016", fecha hasta la cual se continuaron cobrando alquileres de forma presuntamente ilegal.
300.000 EUROS
El escrito incide en que los vecinos afectados pagaron alquileres comprendidos entre los "50 y los 400 euros", unas cuantías que fueron cobradas por el Ayuntamiento "ilegalmente" durante "10 meses y 10 días".
Partiendo de estos datos, la parte denunciante indica que "el desfase del cobro ilegal podría elevarse a no menos de 300.000 euros". Esta cantidad no habría sido cobrada si se hubiera realizado la aprobación definitiva a tiempo, ya que los contratos habrían pasado a precario y esta recaudación hubiera quedado prohibida. Cabe destacar que más de un centenar de vecinos tuvieron derecho a realojo en viviendas de protección oficial, algo que no se dió hasta "abril de 2017".
El texto también destaca que los denunciados no dieron respuesta a las peticiones de la parte denunciante, a excepción de una sola contestación de la alcaldesa, Ada Colau, en la que aseguraba que se había actuado acorde a la ley.
PRESUNTOS DELITOS
Los denunciados son la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMHB), que actualmente es el Institut Municipal de l´Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB); el Distrito de Sant Andreu; la exregidora de Sant Andreu, Laia Ortiz; la regidora de Sant Andreu y presidenta del IMHAB, Lucia Martin Gonzalez; la alcaldesa, Ada Colau; el expresidente del PMHB, Josep Mª Montaner; el exgerente del PMHB, Sr. Xavier Gonzalez; y la exgerente del PMHB, Àngels Mira.
Los presuntos delitos que apunta la denuncia son "apropiación indebida, prevaricación, falsedad documental, maquinación fraudulenta, desobediencia, infidelidad en la custodia y omisión en el deber de perseguir delitos".
COBRO SEGÚN LA NORMATIVA
Fuentes municipales aseguran que el proceso estuvo sujeto a la ley en todo momento. Apuntan que el cobro de alquileres de las casas afectadas por la tercera fase de remodelación se realizó hasta la aprobación definitiva del proceso, como marca la normativa.
Pese a ello, estas fuentes reconocen que la aprobación definitiva se retrasó debido a un recurso de reposición presentado por un particular relativo al derecho de realojamiento, y hasta que no se resolvió este recurso no se pudo llevar a cabo la aprobación definitiva. Por consiguiente, se tenía que continuar con el cobro de los alquileres. Las mismas fuentes también señalan que, una vez agotada la vía administrativa, diferentes instancias judiciales dieron la razón al Ayuntamiento y no al recurrente.
Respecto al periodo de exposición pública, subrayan que el plazo de recepción de alegaciones se adecuó a la normativa para que todos los interesados tuvieran tiempo suficiente para presentar las alegaciones que considerasen.
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