La UE pide recortes obligatorios
de energía en ministerios pero
no en comercios como hace
Sánchez

Sobre el «ahorro en calefacción y refrigeración», insta a poner en marcha «campañas de sensibilización» dirigidas a «consumidores, industrias, empresas, autoridades públicas y hogares por igual».
En un nivel de «alerta», los países sí podrían aprobar una «reducción nacional obligatoria del consumo en el sector de la calefacción y la refrigeración». En ese caso la Comisión señala que «una forma eficaz y aplicable es exigir una reducción selectiva de la calefacción y la refrigeración de la temperatura y del agua, en edificios que son propiedad o están gestionados por las autoridades públicas o en su nombre, en los centros comerciales, los edificios de oficinas y los espacios públicos».
En otro momento, también se apunta que «cuanto mayor sea la reducción a través de acciones voluntarias, menor será la necesidad de restricciones obligatorias para la industria en el futuro». Y sugiere que «también se puede ahorrar imponiendo la reducción de la calefacción de los edificios públicos, las oficinas, los edificios comerciales y los espacios abiertos, como las terrazas al aire libre, cuando sea técnicamente viable y aplicable», aunque en ningún caso como una obligación impuesta desde Europa. En este sentido, «el papel de las autoridades públicas a la hora de predicar con el ejemplo es clave», se destaca.
Pese a que desde Europa insisten en las medidas voluntarias, el Ejecutivo ha impuesto por la vía del decreto varias medidas dirigidas al comercio, la hostelería y las empresas, como la limitación de la temperatura y el apagado de escaparates.
«Si Europa establece medidas que deben ser recomendaciones y hasta marzo de 2023, ¿por qué usted nos trae imposiciones y hasta noviembre de 2023?», espetó la semana pasada Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados. El plan del Gobierno incorpora un régimen sancionador, de hasta 100 millones (si bien se ha descartado llegar a esas multas) que, advirtió Gamarra, «se puede llevar por delante a muchos autónomos, pymes y empresas que incumplan estas imposiciones».
Nucleares
En tercer lugar, dicho plan del PP, según ha comentado Feijóo, emplazará al Gobierno a «asumir una posición energética en el contexto europeo», puesto que «hemos mantenido una posición exterior lamentable», ha criticado.
En este punto, ha denunciado que desde julio del 2018 el Gobierno ha reducido las fuentes de energía, ha promovido el cierre de centrales térmicas, ha puesto fin al alargamiento útil de las nucleares, ha renunciado al aprovechamiento de residuos agrícolas para biogás y ha establecido nuevas cargas fiscales a las hidráulicas. También, ha añadido, que ha renunciado a las interconexiones eléctricas y gasistas aprobadas por los socios de la UE.
«El plan de contingencia debe contener una reformulación de la política energética, centrarse sólo en el ahorro y no en la búsqueda de producción es caer en el chantaje de Rusia», ha advertido Feijóo. Así, ha pedido al Ejecutivo que «España utilice al máximo todas sus capacidades energéticas para priorizar el suministro a las familias a precios asequibles y para poder mantener nuestro sistema productivo».
No hay comentarios:
Publicar un comentario