jueves, 3 de noviembre de 2022

La estación de esquí de Navacerrada, saboteada dos veces en menos de un mes

 

La estación de esquí de Navacerrada, saboteada dos veces en menos de un mes





Las pistas de la estación de esquí de Navacerrada, actualmente cerradas a la espera de su reapertura para la temporada invernal, han visto cómo, en menos de un mes, una de sus instalaciones ha sido saboteada hasta en dos ocasiones. Según informa la agrupación Ganar la Sierra, plataforma ciudadana en favor de la continuidad de la estación ante la amenaza gubernamental de su cierre, el primero de estos actos vandálicos se produjo el pasado 10 de octubre, cuando fue reventada la toma de agua de las pistas del Telégrafo. Una instalación necesaria para la fabricación de nieve por parte de los cañones. Apenas 20 días después, el pasado 31 de octubre, sobre las 9:00 horas, el mismo lugar, el mismo punto, y el mismo estropicio: la conexión del agua, la cual está bajo la titularidad del Ayuntamiento de San Ildefonso, presidido por el socialista Samuel Alonso, volvió a ser demolida.

Medidas legales

Tras el primer suceso, la empresa concesionaria de la estación interpuso la correspondiente denuncia frente a la Guardia Civil. Posteriormente, restableció las conexiones a su estado original. Sin embargo, no podían prever que debían afrontar un nuevo sabotaje. Ahora, tomarán de nuevo las medidas legales necesarias para restablecer el servicio.

Los afectados consideran que estos actos no son solo «un simple e improvisado acto de gamberrismo, sino que obedecen a un plan trazado en pro de desmantelar la estación de esquí». Y es que, afirman desde la asociación, con estos sabotajes se está tratando de «instaurar en la ciudadanía la percepción de desmantelamiento» de la instalación, «en lugar de defender el deporte» y un «centro de interés turístico inigualable en la Comunidad de Madrid».

La plataforma señala que, desde la empresa concesionaria, «Navacerrada Estación de Esquí S. A.», no se ha recibido «notificación alguna» de lo ocurrido «por parte de ninguna institución u organismo». «Se trata de un servicio a la estación y de un enganche de agua que prestaba esa función para un fin determinado y concreto. Al cortarlo, se está impidiendo que se siga proporcionando como se venía haciendo desde el año 1994, fecha de la instalación de los cañones de Navacerrada», aseguran.

Hay que recordar que la supervivencia de la estación sigue estando en el aire. Hace ahora dos años, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su Ministerio para la Transición Ecológica, decidió no renovar la concesión de sus tres pistas más importantes por los supuestos daños que acarrean al medio ambiente: El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque. La eliminación de las tres pistas supondría, en esencia, la desaparición de la estación. La empresa concesionaria solicitó una moratoria para continuar con la actividad, debido a los meses de parón motivados por la pandemia. Así, es ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, comunidad donde se encuentran parte de las pistas afectadas –concretamente en la provincia de Segovia– el que debe pronunciarse a favor o en contra.

Restaurar el servicio

Así, “mientras el Tribunal no se pronuncie, la situación es la misma que había antes del inicio del expediente judicial», afirman. «Creemos que la instalación debería ser restituida a su situación original y a la mayor brevedad», añaden.

Del mismo modo, recuerdan que, solo en la temporada 2021-2022, más de 4.000 niños han aprendido a esquiar en la Sierra del Gudarrama, según datos de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Y a su vez, hay más de dos millones de esquiadores en nuestro país que son potenciales usuarios de la estación de Navacerrada.

La concesión, en manos de los Ayuntamientos afectados
►Tras varias informaciones que apuntaban ayer a la no renovación de concesión de las pistas, la Comunidad de Madrid salió ayer al paso. Desde la Consejería de Medio Ambiente explican que el plazo de concesión había finalizado y «no admitían prórroga», dando así cumplimiento a la «norma administrativa». El Gobierno regional requirió, hace casi un año, y «hasta en cuatro ocasiones», a los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, titulares del monte público, para que se pronuncien sobre el futuro de esta instalación. Y es que son ellos los que deben aprobar los nuevos pliegos de claúsulas administrativas.




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