Las empresas avisan: el tope a los alimentos provocará desabastecimiento e impulsará el mercado negro

 

okdiario

Yolanda Díaz, 10 noviembre.

• MIGUEL ÁNGEL BELLOSO..........

• • Lo que no sucedió durante la pandemia puede ocurrir en los próximos meses si el Gobierno se empeña en topar el precio de los alimentos. Esta iniciativa puede provocar desabastecimiento de determinados productos básicos en los supermercados e impulsar el mercado negro, aseguran fuentes de las empresas distribuidoras consultadas por OKDIARIO. Estos medios recuerdan que esto no pasó en los peores tiempos de la crisis del Covid, en la que, a pesar de que la mayoría de los sectores de actividad económica estaban cerrados, las empresas fueron capaces de mantener el suministro y de asegurar una oferta abundante y a buen precio. En lo que se refiere a los precios, éstos llevan en efecto varios meses disparados como consecuencia de la guerra de Ucrania, del encarecimiento de los combustibles y de la energía, «pero en esto nosotros apenas tenemos responsabilidad alguna», añaden las citadas fuentes.

    Aunque todavía se desconocen las medidas que va a adoptar el Ejecutivo, las compañías creen que seleccionar una serie de alimentos o bienes de consumo restringiendo sus precios e impidiendo su formación natural, tal y como se fijan en el libre mercado -en función de la oferta y de la demanda y de acuerdo con los costes correspondientes de elaboración, de transporte y de la energía precisa para ponerlos a la venta-, los discriminará en beneficio de otros. A su juicio, el efecto será restar su rentabilidad y, finalmente, esto puede desembocar en una falta de suministro y en un aliciente para la aparición de un mercado irregular y alternativo -al margen de la ley-, en el que encontrarán la compensación económica natural. «Lo contrario es como volver a los tiempos del estraperlo», apuntan.

    Las compañías están igualmente desconcertadas sobre cómo afectarán las nuevas medidas a las marcas de los productos -si, por ejemplo, sólo se aplicarán a las llamadas marcas blancas-, sobre dónde se van a establecer los límites, así como sobre los consiguientes problemas de control de una intervención en el mercado del calibre de la que parece prepararse, pero de cuya información se ha hurtado a las compañías implicadas. Aunque quedan menos de tres semanas para que finalice 2022, el Gobierno aún no se ha puesto en contacto con ninguna de las principales asociaciones que representan a los supermercados y a las empresas de distribución, según informan fuentes del sector a OKDIARIO.

  • El pasado mes de septiembre, la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque no es un asunto que entre dentro de sus competencias, dijo que su intención era fijar el precio máximo de entre 20 y 30 alimentos básicos. «No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia», explicó la al mismo tiempo ministra de Trabajo. En ese momento, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró estar en contra de esta medida, al considerar que fijar un precio en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable». Sin embargo, sólo tres meses después Planas ha dado marcha atrás y se ha pronunciado a favor de actuar directamente sobre los precios de los alimentos, lo que da idea de que el proceso para adoptar alguna clase de medida al respecto va en serio.
    Otra de las cuestiones esenciales del intervencionismo en el mercado es quién va a correr con los costes que lleva aparejados. Las empresas distribuidoras tienen unos márgenes por producto muy estrechos y ganan a cuenta del volumen de las mercancías que venden, de modo que un estrechamiento de su rentabilidad les añadirá más dificultades de las ya presentes en estos momentos de incertidumbre y de desaceleración del consumo -por mucho que pueda reactivarse con motivo de las fiestas navideñas-.
    Los economistas consultados por OKDIARIO aseguran, por su parte, que detrás de todos estos movimientos antimercado siempre se esconde una subvención oculta que recaerá en las cuentas del Estado.  Pero, en su opinión, esto no parece muy conveniente en un momento en que el déficit público está disparado y, en términos estructurales, se eleva ya al 4,5% del PIB. A su juicio, «no podemos pagar esta clase de medidas a cargo del