El Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau ha repartido numerosas subvenciones de forma directa a lo largo de su mandato. Varias de esas partidas recayeron sobre sindicatos, al margen de las adjudicaciones de contratos sin procedimiento abierto a numerosas compañías que fueron mayoritarias en el ejercicio de 2021.
Entre las organizaciones sindicales beneficiarias de partidas municipales se encuentran Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) y la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), que se han hecho con notables cuantías para impulsar su actividad. La última de ellas deriva de un convenio de colaboración entre las partes que tiene la finalidad de resultar una apoyo económico en materia de seguridad laboral para los trabajadores.
SUBVENCIÓN
El gobierno municipal de la capital catalana ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el consistorio, la Federació Nacional del Metall, Construcció i Afins de la UGT y la Confederació Sindical de CCOO, que supone un desembolso municipal de 80.000 euros.
La partida se destinará a cubrir el 93,04% de un proyecto de colaboración en materia de seguridad y salud laboral. La finalidad del acuerdo es permitir "la intervención en las obras municipales de forma planificada, para controlar las condiciones de Trabajo y de Seguridad y salud laboral, la cualificación adecuada del personal y que no se produzca subcontratación ilegal".
La cuantía se repartirá a partes iguales entre ambos sindicatos, que deberán justificar la aplicación de estos fondos en un plazo que no supere los tres meses desde la finalización del proyecto.
PARTIDA ANUAL
Durante el presente mandato, tanto CCOO como UGT han sido anualmente beneficiarias de una cuantiosa partida municipal de concesión directa y con carácter nominativo.
Esta cuantía responde al establecimiento en un "marco de colaboración estable para facilitar la participación sindical en proyectos de ciudad". El pasado año, la adjudicación ascendió a 350.000 euros con un reparto del 50% entre los sindicatos.
SUBVENCIÓN SEÑALADA
Esta subvención anual ha sido señalada por la Sindicatura de Comptes de Catalunya, hasta llegar a tacharla de ilegal tras auditar las subvenciones a organizaciones sindicales en 2009.
Pese a ello, las resoluciones del fiscalizador no son vinculantes, por lo que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso y ha continuado otorgando esta partida de forma anual.
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