El autor, miembro de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, defiende que debemos hacer un esfuerzo conjunto "para no dejar pasar sin oposición un acontecimiento con fuertes impactos negativos en la ciudad y más allá, que ha sido decidido desde las altas esferas para beneficiar intereses privados y es contrario al bien común"
En el mes de marzo se anunciaba por sorpresa la celebración en Barcelona de la Copa América de Vela 2024. Acompañaba el anuncio una fotografía que revoloteaba en torno al trofeo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni; el entonces presidente del Puerto, Damià Calvet, y Aurora Catà, presidenta de Barcelona Global, el lobby formado principalmente por el sector inmobiliario y la banca que realmente tramó la candidatura y movió todos los hilos para conseguir la designación. No es de extrañar que, meses después, America's Cup Events Barcelona, la empresa responsable de la organización de la Copa, contratara la propia Catà en una especie de reconocimiento a los servicios prestados. Esta foto representa fielmente el apoyo a la organización, vehiculado mediante la fundación Barcelona Capital Náutica, integrada por el Ministerio de Cultura y Deporte, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio público-privada Turismo de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Cámara de Comercio y Barcelona Global.
No había habido ninguna información previa, se anunció de vez en cuando, a cosa hecha y, según parece, con una serie de cláusulas que blindan tanto el evento mismo como la confidencialidad a su alrededor, incluyendo su financiación. Todo ello añade una capa extra de opacidad a un acontecimiento del que, de hecho, no se ha explicado prácticamente nada.
En primer lugar, no se trata sencillamente de una competición de vela. A pesar del escaso seguimiento y tradición en nuestra casa, se trata del tercer evento deportivo más grande en el mundo, solo por detrás de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. Este hecho tiene una serie de impactos de los que tampoco nos están hablando. Aunque la prueba principal durará solo unos días (está prevista en octubre de 2024), la Copa América ocupará, con sus diferentes competiciones (la femenina, la de jóvenes y la de embarcaciones clásicas), desde julio hasta octubre, mientras los entrenamientos comenzarán ya este verano 2023.
Así, supondrá el desplazamiento a Barcelona de millones de personas, además de los que la ciudad ya recibe cada año, en los meses y en algunos de los barrios con más masificación turística: el Gótico, la Barceloneta, la Ribera, el Raval, el Poble-sec... Y con los impactos que ya conocemos en términos de vivienda, comercio, movilidad, consumo de recursos, contaminación o saturación turística. En concreto, las playas de Sant Miquel, de Sant Sebastià, de la Barceloneta y del Somorrostro se convertirán brutalmente saturadas durante meses, aún más de lo habitual.
Esta misma primavera se instalarán los stands de los 6 equipos participantes y llegarán a Barcelona las respectivas plantillas de trabajadores con sus familias, al menos 2.500 personas en total, tensando aún más una ciudad que sufre una gentrificación extrema. Si actualmente el mercado de alquiler en la ciudad se encuentra a unos niveles nunca vistos y con una gran escasez de vivienda, el añadido ya habitual de turistas y el de todas estas personas que alquilarán pisos por meses, harán mucho más difícil el acceso a la vivienda, aumentando los precios y reduciendo su disponibilidad. Por otro lado, por ahora resulta muy difícil encontrar amarres para el verano de 2024, no sólo en el puerto de Barcelona sino incluso en la Costa Brava.
No es menos preocupante el apartado de la financiación pública de esta auténtica fiesta de los ricos. Los contratos firmados por los diferentes estamentos de la administración pública son de una opacidad absoluta y hacen dudar incluso de su legalidad. Según ya destapó la Directa, la inversión pública será como mínimo de entre 48 y 55 millones de euros. Hace pocas semanas conocíamos que el Ayuntamiento de Barcelona destinará este año a la Copa América una parte importante de la recaudación conseguida con la tasa turística, teóricamente pensada para compensar los impactos negativos del sector. El apoyo institucional está asegurado al máximo nivel: esta competición recibe la categoría de "evento de interés nacional", que entre otras cosas, implica que en cualquier momento el Consejo de Ministros puede aprobar las modificaciones que considere pertinentes, sin tener que rendir cuentas a nadie.
Así, la Copa América cuenta con una serie de privilegios que hacen de ella, en la práctica, una especie de zona franca: fiscalidad especial –beneficios e incentivos para patrocinadores y otros participantes, importaciones sin IVA...–, tramitación exprés y excepcional de visados y permisos de trabajo, licencias y permisos para ocupación de espacio público por parte de Generalitat y Ayuntamiento (por tanto, Puerto y ciudad), cesión de 20.000 metros cuadrados durante cinco meses en el Muelle de la Madera para montar una feria llamada Village, además de otros 4000 metros cuadrados pavimentados y equipados con luz, agua, fibra óptica y alcantarillado para cada uno de los cinco equipos participantes.
Por último, y como todos los discursos a su alrededor ponen énfasis en la inyección de dinero que el evento supondrá para la ciudad, hay que recordar que su celebración en Valencia de las ediciones de 2007 y 2010 dejó un hueco en las arcas públicas que aún está acabando de pagar. De hecho, la ciudad no ha querido volver a acoger este evento este año.
La imagen de la presentación con Aragonès, Colau, Collboni, Catà y el organizador recuerda demasiado la estampa de Rita Barberà y Paco Camps de 2007. Era la época de los grandes acontecimientos en Valencia, en la que hubo una gran inversión, por ejemplo también la Fórmula 1, que Cataluña también aloja. Un estudio de la Universitat de València y de la Politécnica de Valencia analizaba los impactos económicos de aquellos acontecimientos. Como aspectos positivos destaca que es una competición que sitúa en el mapa la ciudad que la aloja en el mapa, algo innecesario para una Barcelona muy posicionada. De aquel evento también destaca la inversión de 825 millones de euros para remodelar el puerto. En el caso de Barcelona, la Autoridad portuaria argumenta que no harán falta reformas relevantes, pero justamente aquellos estudios muestran que los sectores más favorecidos de aquella organización son por este orden el de la construcción y el de industria química, minerales, metalurgia y otros productos, también ligados a las obras. También destaca el impacto en sectores como el inmobiliario y la restauración. Finalmente, en las conclusiones destaca su característica de operación urbanística y de servicios terciarios y, especialmente, el hecho de que las grandes empresas y las multinacionales fueran las principales beneficiarias, mientras el impacto real en el tejido económico valenciano fue muy escaso.
Hace pocos meses se cumplieron 30 años de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. También recientemente quedaba parada la intención de llevar los de invierno de 2030 al Pirineo, gracias a la movilización en contra. Los de 1992 transformaron radicalmente la ciudad y el país, y fueron vividos en una especie de consenso acrítico hoy en día superado totalmente.
No parece factible parar la Copa América 2024 a estas alturas, pero es imprescindible romper el silencio actual y sustituirlo por un clamor de rechazo y una fiscalización ciudadana a tal descalabro. Desgraciadamente, una avalancha de ataques al territorio y a los ecosistemas –ampliación del aeropuerto, Hard Rock, Cuarto Cinturón, urbanización constante de la costa y la montaña...– hacen que la rica red de movimientos de resistencia y de lucha en defensa del territorio de todo el país esté bien ocupada. , pero entre todas y todos debemos hacer un esfuerzo conjunto para no dejar pasar sin oposición un acontecimiento con fuertes impactos negativos en la ciudad y más allá, que ha sido decidido desde las altas esferas para beneficiar intereses privados y es contrario al bien común. Mostramos nuestro rechazo y sus vergüenzas, fiscalizamos y denunciamos el expolio.
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