Se considerará una excepción los casos en que la llamada responda a "intereses legítimos"

(ACN) Las empresas tienen prohibido hacer llamadas "spam" a usuarios que no hayan dado su consentimiento expreso a partir de este jueves. La nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de junio de 2022, prevé sanciones en caso de que las compañías incumplan el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con finalidad comercial. La nueva norma se aplicará cuando las empresas llamen a las personas que tengan un número fijo o móvil en España.
La normativa quiere poner fin a la práctica generalizada de hacer llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario y se aplicará a todas las empresas, no sólo a los centros de llamadas.
Multas de hasta 100.000 €
Se considerará una excepción los casos en que la llamada responda a "intereses legítimos". También se considerará lícito que una empresa con quien el usuario ha tenido una relación contractual haga llamadas para ofrecer productos similares a los contratados. Las empresas han tenido un año para adaptarse a la norma, que también incluye el derecho a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana sin haber dado el consentimiento previo.
En caso de continuar recibiendo estos contactos telefónicos, el usuario puede solicitar que se den de baja sus datos y denunciarlo a la autoridad. La ley establece en los artículos 108 y 109 que el incumplimiento se considera una infracción leve que se podría sancionar con multas de hasta 100.000 euros.
La Generalirtat alerta: el consentimiento se puede dar de forma inconsciente
Con todo, el organismo de la Generalitat recomienda a los consumidores que tengan en cuenta que, en ocasiones, este consentimiento a recibir llamadas se da sin ser consciente de ello en el momento de aceptar los términos y condiciones de las empresas, por ejemplo, cuando se participa en sorteos. Por este motivo, antes de aceptar estas condiciones, avisa de que hay que "revisar detalladamente su contenido".
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ve el cambio como "una buena noticia" y reclama al ente que controle el cumplimiento de la normativa y que multi los incumplimientos. Según la OCU, la mitad de llamadas "spam" correspondía a operadores de telefonía y el 30 % a compañías energéticas.
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