(ACN) El 24 % de las personas atendidas por Cáritas en Cataluña tiene un trabajo precario que no le permite cubrir las necesidades básicas, según recoge el informe sobre empleo que la entidad ha presentado este jueves. "La figura del trabajador pobre crece. Las situaciones de precariedad laboral han aumentado y nos encontramos con índices elevados de inestabilidad y de trabajos parciales y salarios muy bajos", ha explicado el director de Cáritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz.

Allepuz ha advertido sobre la precariedad actual y sobre la exclusión del mercado que, sobre todo, sufren personas mayores de 50 años, y sobre la explotación laboral, sobre todo en la economía sumergida. El informe alerta sobre la "polarización social", "con personas que cada vez tienen y quieren más y otras que tienen y tendrán menos", ha contrapuesto el presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig.

Sistema de prestaciones poco eficaz

El organismo también avisa de la "poca eficacia" del sistema de prestaciones sociales para revertir las situaciones de pobreza, según el informe INSOCAT, elaborado por las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). "Los importes de las prestaciones son bajos, pero sobre todo no llegan a las personas para las que se idearon estas ayudas. Hay un problema de poca eficacia del sistema de prestaciones sociales", ha incidido Allepuz.

La entidad pide a los responsables políticos planes de empleo y formación flexibles que permitan regularizar la situación de las personas que ahora no tienen permiso de trabajo, lo que las aboca a trabajos "indecentes", y más personal a la administración para reducir los tiempos de espera en los trámites.

Piden que se haga cumplir la ley de contratos del sector público

Cáritas también ha reclamado a los responsables políticos que cumplan las leyes aprobadas y velen para que así se haga, como la ley de 2017 de contratos del sector público.

Alba Coma, representante de las 10 empresas de inserción social de Cáritas Cataluña, se ha quejado de que no todas las administraciones están cumpliendo la reserva de mercado para contratar empresas de economía e inserción social, que esta ley establece. "Estas empresas creamos puestos de trabajo para personas con riesgo de exclusión social, que ahora seguramente están utilizando los servicios sociales de los ayuntamientos y que, con un trabajo, dejarían de hacerlo", ha reflexionado Coma.