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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado que su Equipo de Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado una serie de preceptos para combatir las viviendas de uso turístico en situación irregular. Entre estas se estudia que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) interrumpa el suministro a los inmuebles detectados en tal situación, que podrían llegar a ser 5.000, según avanza El País.
Según el alcalde, el Consistorio y la Junta prevén "una serie de medidas para controlar e inspeccionar las viviendas de uso turístico" en situación irregular, al objeto de "actuar con firmeza y tolerancia cero en aquellos casos en los que no se cumpla con los requisitos que marca la normativa y estén operando de forma irregular".
Así, ha destacado que "en el caso de las viviendas ilegales que sigan operando una vez hayan sido eliminadas del registro de la Junta de Andalucía", Emasesa acometerá "el corte del suministro" para impedir que siga acogiendo la actividad turística.
Incumplimiento de la normativa
Para llevar a cabo esta labor, el Ayuntamiento y la Junta han acordado revisar las declaraciones responsables de las 715 viviendas cuya autorización ha pedido revocar el Ayuntamiento al tratarse de inmuebles inscritos con posterioridad a marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU.
Como consecuencia, estos incumplen la normativa urbanística prevista para este tipo de alojamientos; extremo a aplicar además a las restantes declaraciones responsables recibidas desde marzo de 2022 junto con "un barrido de todas las viviendas inscritas que carezcan de ocupación".
Del mismo modo, otro de los aspectos acordados es que la Gerencia de Urbanismo traslade semanalmente a la Consejería de Turismo al menos diez resoluciones de cancelación de las declaraciones responsables, poniendo "especial énfasis" en actuaciones conjuntas en los casos de viviendas turísticas que despiertan quejas vecinales, entre otros aspectos.
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