La ciudad de Barcelona continúa sumando sanciones que conllevan penalizaciones económicas. En diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó las Ordenanzas Fiscales para el año 2025, y los vecinos ya han empezado a notar las modificaciones.
Esta vez, el gobierno de Collboni ha intensificado sus normativas contra los dueños de mascotas, principalmente perros, porque son los que salen asiduamente a pasear. Algunas normativas sobre los canes en la vía pública están más que implementadas en el civismo colectivo, por ejemplo, desde 2006 se estableció que en la Ciudad Condal es obligatorio recoger los excrementos de los perros.
Dicha ordenanza ha sufrido varias revisiones, cada vez más restrictivas, de hecho, a día de hoy, la multa por no recoger las heces alcanza hasta los 600 euros.
No es la única limitación que hay en cuanto a los perros en la vía pública en Barcelona, desde diciembre de 2023 tampoco está permitido llevar a los perros sin atar por la calle, excepto en zonas específicas. Y las sanciones varían entre 300 y 2.400 euros si se trata de perros potencialmente peligrosos y que deberían ir con bozal.
Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha propuesto una nueva modificación de la ordenanza, que afectará a todos los dueños de mascotas. Jaume Collboni quiere intensificar su lucha contra las micciones en la vía pública.
A partir de ahora, será obligatorio regar los orines de los perros con agua, hará falta salir con una botella para asegurar que se limpiará cada micción, no hacerlo podría suponer una sanción de 300 euros.
La última comisión del gobierno municipal ya aprobó el anteproyecto de la revisión de la normativa, aunque todavía disponen de algunos días para presentar alegaciones antes de que la propuesta se someta a primera votación en la próxima comisión municipal. Después se abrirá un periodo de exposición pública para que los ciudadanos también puedan hacer sus aportaciones.
El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, confirmó que el ejecutivo municipal confía en que la aprobación definitiva de la nueva ordenanza tenga lugar en el pleno de noviembre, aunque el gobierno pretendía que la ley entrara en funcionamiento en verano.
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