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Las aguas del océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa gallega, esconden un vertedero tóxico que podría contar con más de 200.000 bidones con residuos radiactivos arrojados entre las décadas de 1940 y 1980 por varios países europeos. Por primera vez, una misión científica internacional trabaja para localizar y estudiar el impacto de estos vertidos sobre el ecosistema marino, habiendo encontrado ya más de 2.000 barriles.
La operación, denominada NODSSUM, partió el pasado 15 de junio del puerto de Brest (Francia) a bordo del barco oceanográfico L’Atalante, bajo la dirección del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) francés. En la expedición participa también el geólogo marino español Javier Escartín, uno de los coordinadores del proyecto.
"Hemos cartografiado ya más de 120 kilómetros cuadrados, que es una parte muy pequeña con respecto a los 10.000 kilómetros cuadrados de la zona, pero ya nos da algo representativo. Hemos identificado 2.000 barriles", explicó Escartín a EFE. Para localizar los residuos se utiliza el robot submarino UlyX, equipado con sonar de alta precisión capaz de detectar objetos a más de 4.000 metros de profundidad. Además de cartografiar, la misión está recogiendo muestras de sedimentos, agua y peces para analizarlas en laboratorio y evaluar los posibles efectos contaminantes.
Se observa una radioactividad "nada alarmante"
Por ahora no pueden avanzar resultados, pero Escartín ha señalado que no han detectado "nada alarmante" a bordo con los aparatos de radioprotección, porque los niveles de presencia de radionucleido son bajos. Los integrantes de la misión no saben con exactitud qué hay dentro de los barriles, aunque el geólogo asegura que no son barras de uranio o reactivos nucleares.
"Probablemente es el material de laboratorio, de oficina y demás relacionado con el inicio del desarrollo de la energía nuclear civil", ha apuntado. Ese tipo de residuo, "de baja y media actividad", se almacena actualmente en repositorios en tierra, pero durante décadas se arrojaba al mar en contenedores de cemento. Después de esta expedición habrá una segunda, probablemente el próximo año, en la que seleccionarán varias zonas de trabajo para realizar estudios detallados y acercarse más a los barriles.
Una cuestión poco estudiada
Esta misión, que Escartín lidera junto al físico Patrick Chardon y en la que participan equipos del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar y la Agencia de Seguridad Nuclear y Radioprotección francesa, busca arrojar luz sobre una cuestión poco estudiada. En los 80, un robot logró tomar seis fotos de los barriles pero la tecnología de la época no permitía mapear su distribución. Y hasta 2005 se recogieron algunas muestras de peces en la zona, pero se han publicado pocos datos.
Los vertidos de residuos nucleares al mar eran una práctica normalizada cuando, en 1982, el buque Sirius de Greenpeace, junto a barcos gallegos, se enfrentaron a embarcaciones holandesas para detener sus descargas. Una década después, el convenio OSPAR de protección del medioambiente del Atlántico Nordeste prohibió esta práctica de forma definitiva.
La misión francesa se mantiene en contacto con el comité de radioactividad de OSPAR y con la Comisión Europea para el seguimiento de la campaña, que ha suscitado cierta inquietud en España por su proximidad con el vertedero nuclear, especialmente en Galicia. Eurodiputados del BNG y el PP han dirigido preguntas a la Comisión Europea, mientras que la Xunta de Galicia ha pedido información al Ejecutivo central.
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), organismo público encargado de la seguridad nuclear y protección radiológica en España, ha trasladado al Ejecutivo gallego que los resultados de las medidas y de los análisis realizados hasta la fecha "no han identificado niveles significativos de radiactividad" en la costa gallega ni cantábrica.
"Todos los resultados son inferiores a los límites establecidos en la normativa española y de la Unión Europea", ha señalado el CSN, que ha referido además que España no realizó vertidos en la fosa atlántica y "no tiene responsabilidad alguna sobre los mismos ni sobre su estado". Por su parte, Greenpeace ha exigido a la Unión Europea y al Gobierno español que asuman las investigaciones para determinar el estado de los bidones y ha surgido una petición pública que acumula más de 20.000 firmas para exigir que comiencen ya las tareas necesarias para retirarlos.
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