Metropoli
Agresiones, inacción, sobrecarga y abandono. Los vigilantes del centro de menores l'Alzina de Barcelona enfrentan una situación límite para mantener la seguridad de trabajadores e internos en un centro particularmente conflictivo.
Según ha explicado a Metrópoli el sindicato PROU, con presencia en las instalaciones, la plantilla enfrenta día a día jornadas maratonianas en un centro de menores que concentra "lo peor de lo peor" en lo que a jóvenes que han delinquido se refiere.
"Hablamos de menores o mayores de edad que ingresaron por delitos cometidos antes de los 18. Pero no cualquier delito, sino asesinatos, violaciones, robos con violencia y otros delitos graves", detallan.
Falta de personal
Las evidentes necesidades de personal para mantener la seguridad chocan con lo que el sindicato considera una evidente falta de manos; una falta que se subsana con una insana cantidad de horas extra. Dichas horas superan el convenio colectivo, que establece 162 horas mensuales más 80 horas extra.
"Hay jefes de equipo que terminan fichando, además de sus 162, otras 220 horas extra de trabajo de oficina, lo que sobrecarga a los vigilantes que controlan el centro y lidian con los internos", concretan las fuentes consultadas.
No obstante, esta cantidad de horas "es más un bien con el que mercadean los jefes de equipo", pues supone un jugoso incentivo salarial para trabajadores con "un mísero salario de vigilante más un plus de unos 600 euros".
Centro de justicia juvenil L'Alzina, en el que un menor atacó a tres vigilantes con una barra de hierro
En un trabajo que, por sus condiciones, requiere un estado de alerta máxima, los vigilantes no tienen permitido esposar a los internos para reducirlos, por ser estos menores. "Pero no todos son menores, tenemos presos --porque esto es una cárcel de facto-- que tienen 25 años, pero cumplen condena por algo que hicieron antes de los 18", critican.
La gran diferencia es que el personal de seguridad, en vez de estar conformado por funcionarios de prisiones, lo integran trabajadores de Prosegur.
Incendios
En el día a día, son habituales los incendios. Son los mismos trabajadores los que apagan los fuegos porque "los mandos no quieren llamar a los bomberos ni para las tareas posteriores de ventilación. Tampoco a una ambulancia. Aunque apaguemos un colchón en llamas, tanto trabajadores como internos pasamos las siguientes horas respirando con dificultad por la acumulación de gases en el ambiente", narran.
Estos hechos ya han valido una sanción por parte de Inspección del Trabajo. A pesar de ello, "no han cambiado los protocolos y seguimos sin cambios".
¿A qué se debe? "Creemos que hay una política interna en el centro que busca que no se levante ningún tipo de parte por intervenciones tanto internas como externas, por lo que se rechaza cualquier actuación que obligue a dejar un registro posterior".
Un 'polvorín' con mecha encendida
Todo ello, recalcan, lleva a que L'Alzina se haya convertido en "una bomba de relojería a punto de estallar. Lo raro es que todavía no haya pasado nada grave". Y por grave se refieren a muerte.
En una ocasión, ordenaron a un vigilante, el único que custodiaba los talleres, que abandonara su puesto para reforzar el traslado de reclusos a enfermería. El taller quedó sin vigilancia y un interno se fabricó un arma contundente con un hierro y una empuñadura.
Rótulo que indica la cercanía del centro de justicia juvenil L'Alzina, en Palau-solità i Plegamans
Dicho interno salió del taller por su propio pie e hirió a varios vigilantes antes de ser reducido, alguno de los cuales sigue con baja médica. La situación hubiera sido distinta, aseguran, "si nos hubieran dado permiso para utilizar los cascos y los escudos, pero no se permitió".
Silencio
Desde la plantilla se han hecho esfuerzos para comunicar estas cuestiones tanto a la misma empresa como al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Las reuniones concertadas con los representantes de la Administración se han cancelado y ambas partes han contestado con silencio.
Ello, critican, aumenta la sensación de desamparo por parte de unos trabajadores que, día a día, trabajan en un entorno particularmente peligroso con solo su propia experiencia para lidiar con las difíciles situaciones en su día a día.
Reivindicaciones
"No es de recibo que para poder lidiar con un interno que se ha embadurnado en sus propias heces solo se nos facilite un chándal y una sudadera de protección. Necesitamos un traje especial, no sabemos si nos podemos contaminar de alguna manera y luego tenemos que marcharnos a casa con nuestras familias", rematan.
Muro exterior del centro de justicia juvenil L'Alzina, en Palau-solità i Plegamans CRÓNICA GLOBAL
En el centro "hemos parado palizas, confiscado porras y puñales, hemos hecho acompañamientos sin educadores. Cualquier día va a pasar algo", sentencian.
Así las cosas, reclaman "medidas inmediatas" por parte de la Administración y Prosegur, mayor formación para los vigilantes, una revisión de los protocolos de actuación y atención psicológica para quienes han sido víctimas de agresiones.
También una revisión urgente de los incentivos económicos, para que estos no puedan utilizarse como herramienta para "incentivar" a trabajadores a exponerse situaciones de peligro sin protección, protocolos o apoyo.
Conflicto laboral interno
Preguntados por este digital, fuentes de la Generalitat aseguran que el Departament de Justicia i Qualitat Democràtica solo pueden resolver cuestiones laborales de sus propios trabajadores, no de una empresa externa, en este caso Prosegur.
No obstante, afirman que el director general de justicia juvenil está al corriente de la situación y ha interlocutado con los afectados por esta cuestión. Así las cosas, insisten en que se trata de un conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa, por lo que cualquier situación ha de provenir de esta última.
Prosegur, por su parte, no ha dado respuesta a las preguntas formuladas por Metrópoli en reiteradas ocasiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario