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El precio que pagan los ciudadanos en España por la recogida de basuras se ha disparado hasta máximos sin precedentes en la historia del país. Tanto es así que este servicio se ha convertido en el producto, de los 200 que monitoriza el INE en su Índice de precios de consumo (IPC) que más ha subido de precio en el último año. La progresiva entrada en vigor de las tasas municipales de residuos —especialmente la de la ciudad de Madrid— explican el repunte.
El IPC de septiembre, que el instituto estadístico publicó el miércoles, refleja que la recogida de basuras es ahora un 30,3% más cara que el mismo mes de 2024. Un incremento que supera el de otros productos como el transporte combinado de pasajeros (26,7%), la joyería y bisutería (23,3%) o el café (19,9%) que, por motivos muy variados, ocupan los primeros puestos en el escalafón de los precios que más se incrementan.
La recogida de basuras ha sido tradicionalmente un servicio con precios bastante estables. En lo peor de la oleada inflacionaria que arrancó en 2021, las subidas de precios en este servicio no llegaron a superar el 1% en 2021, 2022 ni en 2023.
Sin embargo, con la llegada de 2025 los precios dieron un salto y la inflación se incrementó hasta el 8,8% interanual, más del triple de lo que se registraba a finales de 2024. Finalmente, en septiembre los precios dieron un nuevo subidón hasta situar el incremento en el 30,3% en el conjunto del país. Un alza que coincide con la implantación de esta tasa en el Ayuntamiento de Madrid, que empezó a pasar los recibos el mes pasado.
El motor que está impulsando esta escalada de precios es la implantación paulatina de las tasas municipales de residuos. Desde abril de este año, los ayuntamientos en localidades que superen los 5.000 habitantes están obligados a cobrar una tasa específica para financiar la recogida de residuos.
Así lo establece la ley de residuos aprobada en el año 2022 que se hacía eco de una directiva europea anterior de obligado cumplimiento para España. La nueva normativa establece que las tasas deben ser una figura fiscal diferenciada, tener en cuenta los residuos que genera cada hogar, reflejar los costes del servicio y no ser deficitaria
Algunos municipios del país no contaban hasta ahora con una tasa específica que gravase este servicio, lo que explica por qué, a medida que esta se va implantando por el territorio nacional el IPC está registrando incrementos de precio en este apartado. Otros sí contaban con una tasa específica, pero que no cumple los criterios exigidos por la normativa, por lo que han tenido que subirla o deberán hacerlo en el futuro.
Además, ayuntamientos ilustres como los de Sevilla, Zaragoza, Málaga o Palma de Mallorca todavía siguen trabajando en el diseño de esta tasa, aunque deberían haberla implantado ya en el mes de abril. De igual modo, según recogió la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en una nota difundida en julio, hay al menos 17 capitales de provincia cuya normativa estaría incumpliendo las exigencias de la ley. En consecuencia, la presencia todavía notable de ayuntamientos que, o bien tienen que introducir la tasa o deben subir su precio, sugiere que el IPC en la gestión de residuos seguirá al alza en los próximos meses.
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