Canal Critico
La seguridad y el bienestar de la ciudadanía deberían ser los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen las políticas públicas. Sin embargo, es evidente que, en muchos casos, estos principios son relegados a un segundo plano por intereses económicos y políticos. La idea de implementar una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para las infraestructuras -como aeropuertos, puertos, hospitales, estaciones de metro, trenes, y otros espacios que concentran grandes aglomeraciones de personas- no es solo una propuesta válida, sino una necesidad imperante que exige nuestra atención y acción inmediata.
Para comenzar, es esencial reconocer que, a menudo, la infraestructura pública se mantiene bajo un estándar de calidad y seguridad que no siempre corresponde a la exigencia que supone su uso masivo. Mientras que los vehículos particulares deben someterse a revisiones periódicas para garantizar que están en condiciones óptimas para circular, las infraestructuras que albergan miles de vidas diariamente no cuentan con un sistema de control similar. Esto resulta paradójico e inaceptable. La vida de las personas que utilizan estos espacios debería estar priorizada sobre cualquier consideración económica o política.
Por otro lado, el argumento de que la implementación de ITV para infraestructuras podría representar un costo adicional para las administraciones públicas y, por ende, para el ciudadano es falaz. En realidad, el gasto que se evitaría a largo plazo al prevenir accidentes o problemas de infraestructura podría ser monumental. Cada incidente que ocurre por negligencia en el mantenimiento o supervisión de estos espacios no solo ocasiona pérdidas humanas y daños materiales, sino que también implica una serie de costos asociados en términos de atención médica, indemnizaciones y reparaciones. Invertir en una correcta supervisión y mantenimiento de nuestras infraestructuras debería ser visto como una inversión y no como un gasto.
Es bastante decepcionante observar cómo, en muchos casos, los contratos de mantenimiento y supervisión terminan adjudicándose a empresas cuya única prioridad es el lucro, dejando de lado la calidad del servicio que ofrecen. Los procedimientos de licitación, en ocasiones, están marcados por la búsqueda de la opción más económica, perjudicando así la integridad y seguridad de las infraestructuras. No podemos aceptar que el precio sea el único criterio de selección. Es fundamental que se valore la experiencia, la capacidad técnica y la trayectoria de las empresas que se encargan de estas tareas, garantizando así que se utilicen materiales de calidad y se implementen buenas prácticas en la ejecución de los trabajos.
La responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos recae, en gran medida, sobre los hombros de aquellos que tienen la autoridad para tomar decisiones. Los políticos deben asumir su papel como guardianes del bienestar público, recordando que sus acciones tienen repercusiones directas sobre la vida de las personas. El hecho de que algunos de ellos se comporten como si la política fuera un juego o un negocio personal es, sin lugar a dudas, uno de los principales escollos que enfrenta nuestra sociedad. El derroche, la corrupción y el desinterés por las necesidades reales de la población no pueden ser tolerados.
A pesar de los impuestos que pagamos, muchas veces tenemos la sensación de que no estamos recibiendo a cambio el nivel de servicio y seguridad que merecemos. Exigimos que nuestros Politicos entiendan que su principal responsabilidad es la protección y el desarrollo sostenible de su comunidad, no engrandecer sus propias cuentas bancarias. Los ciudadanos estamos cansados de ver cómo se malgastan recursos en iniciativas que poco aportan a nuestro bienestar y hacia un futuro más seguro.
La introducción de una ITV para infraestructuras podría ser un primer paso hacia la transformación de este paradigma. Este sistema no solo contribuiría a prevenir incidentes, sino que también generaría confianza en la ciudadanía, quienes podrían sentirse más seguros al utilizar estas infraestructuras. La transparencia y la rendición de cuentas deberían ser la norma, y no la excepción.
La seguridad es un derecho fundamental. No podemos seguir permitiendo que la avaricia y la falta de compromiso con el bien común prevalezcan sobre la protección de nuestras vidas. Las infraestructuras deben ser sometidas a un riguroso control técnico para garantizar que cumplan con los estándares adecuados. Solo así podremos asegurar que los espacios donde nos reunimos, trabajamos y disfrutamos estén libres de peligros innecesarios.
En conclusión, es imperativo que avancemos hacia un modelo en el que nuestras infraestructuras sean sometidas a una ITV rigurosa, realizada por profesionales competentes y no por la opción más barata, a fin de proteger la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Esta es una reclamación enérgica, no solo a los políticos, sino a la sociedad en su conjunto, para que exijamos lo que es justo y necesario. La vida y bienestar de las personas no deben ser jamás un simple número en un balance contable.
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