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El coste de mantener ese trato preferencial según los cálculos comunitarios, equivale a casi el 0,4% del PIB español, lo que se traduce en unos 7.000 millones de euros anuales que el Estado deja de ingresar.
El argumento de Bruselas no es únicamente recaudatorio. La Comisión sostiene que estos tipos preferenciales tienen "un efecto redistributivo muy limitado" porque, en la práctica, benefician más a las rentas altas que a las bajas: son quienes más consumen en restaurantes y hoteles, y por tanto quienes más se aprovechan del precio reducido. En paralelo, el informe señala que España sigue por debajo de la media europea tanto en ingresos por impuestos al consumo como en tributación medioambiental, mientras que la carga sobre el trabajo ha crecido en la última década.
La respuesta del sector no se ha hecho esperar. Las patronales hosteleras han calificado la medida de "catastrófica" y advierten de que un encarecimiento de esa magnitud destruiría empleo y hundiría la demanda en un sector que representa más del 6% del PIB nacional.
No es un aviso sin respaldo histórico: cuando Portugal e Irlanda subieron el IVA de la hostelería durante la crisis de 2012 bajo presión europea, los efectos fueron tan negativos que ambos países acabaron dando marcha atrás y restaurando los tipos reducidos pocos años después.
Por ahora, la recomendación de Bruselas no tiene carácter vinculante, pero llega en un momento de presión fiscal creciente sobre el Gobierno español y abre un nuevo frente político en el debate sobre la reforma tributaria.
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