549 familias esperan en Barcelona que les entreguen un piso de emergencia social. Se trata de personas o unidades de convivencia que ya tienen adjudicada la vivienda, es decir que cuentan ya con el visto bueno del Consorcio de la Vivienda de Barcelona. El preocupante problema es que no hay casas suficientes en la mesa de emergencia. El consorcio depende de la Generalitat de Catalunya (60%) y el Ayuntamiento (40%)
La citada cifra de 549 familias pendientes de recibir un piso figura en el documento de la "Mesa de Valoración para la adjudicación de viviendas por emergencia social por pérdida de vivienda" del mes de enero. El consorcio, en total, está tramitando 623 expedientes, de los que 600 son antiguos y 23 nuevos. Durante el primer mes de 2021 se han entregado 32 viviendas. Los datos figuran en la imagen inferior.
"SIN SOLUCIONES"
"El gobierno municipal no está dando una solución al problema de la vivienda. Fue su propuesta estrella del mandato anterior y se ha quedado solo en titulares. No ha aportado soluciones. Nos preocupa la lista de espera de personas, de familias, que teniendo adjudicada una vivienda de emergencia, no la reciben porque no hay. En estos casos, se tendrían que dar facilidades y no listas de espera. Cada vez hay más personas sin hogar y/o que viven en asentamientos irregulares", dice la regidora de Ciutadans, Marilén Barceló.
La edil naranja recuerda que antes de la pandemia ya había un 24% de personas que estaba en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social, y este porcentaje, con la crisis, se ha incrementado. "En el último mandato, el Ayuntamiento fracasó en las políticas de vivienda y ahora sigue por el mismo camino", advierte Barceló.
Petición de pisos de emergencia social / CONSORCIO DE VIVIENDA
El número de personas que espera una vivienda de emergencia social adjudicada en Barcelona se ha disparado desde 2015. En diciembre de ese año eran 11 las familias que aguardaban un piso; en 2016, 57; en 2017, 232; en 2018, 442; en 598, 2019, y al cierre de 2020, 567. "No es la primera vez que le decimos al gobierno que deber construir más vivienda en los solares de titularidad municipal y que el 75% sea en régimen de alquiler a un precio asequible. Es urgente dar una respuesta habitacional a todas aquellas familias que por falta de recursos humanos se pueden quedar en la calle por no tener acceso a una vivienda".
Para la regidora de ERC, Eva Baró, los datos no reflejan la cruda realidad. "Con la llegada de la pandemia, los casos de familias en situación de vulnerabilidad han aumentado. Habría que ver cuántas unidades familiares ha podido acceder al servicio que ofrecen las oficinas de vivienda y cuántas entrarán en la bolsa de emergencia una vez se acabe la moratoria de los desahucios". Para Baró, la respuesta del gobierno municipal a la bolsa de viviendas de emergencia "ha sido errónea e ineficaz".
Para ERC, el gobierno municipal no planifica ni trabaja para optimizar los recursos de que dispone para conseguir "soluciones estructurales, dignas y sostenibles". A modo de ejemplo, Baró dice que el Ayuntamiento debería entrar en el mercado libre para alquilar vivienda y más en un momento en el que la oferta se ha doblado, hasta los 24.000.
LAS PENSIONES, POCO DIGNAS
Baró critica que, por ahora, solo se ha levantado una promoción de los APROP (pisos contenedor) con 12 viviendas, lo que resulta "anecdótico". Opina que realojar a personas sin casa en pensiones "es la peor de las soluciones", porque es muy cara (2.000 euros al mes por familia), poco digna ("viven muchos meses en condiciones que no son las de un piso") y se saca a las familias del barrio en el que viven. "Esto provoca problemas de escolarización y la destrucción de la red de apoyo".
También sostiene que alquilar unos pocos alojamientos turísticos durante la crisis sanitaria, con contratos de uno a tres años, por debajo de lo que dice la LAU, "más que movilizar pisos turísticos hacia la vivienda social, lo que hace es ayudar a éstos a que se mantenga el uso turístico una vez acabe la pandemia en lugar de fomentar que vuelvan a ser un hogar con el tipo de contratos que estipula la ley".
SANT MARTÍ, SANTS-MONTJUÏC Y NOU BARRIS
Los distritos de Sant Martí (112), Sants-Montjuïc (97) y Nou Barris (92) son los que acumulan más peticiones de las 549 familias con una vivienda de emergencia ya adjudicada pero pendiente de entregar. El resto de la demanda se reparte de la siguiente manera: Horta-Guinardó (62), Ciutat Vella (60), Eixample (55), Sant Andreu (29) y Gràcia (22). Los dos distritos más ricos de la ciudad son los que tienen menos casos pendientes de que se entreguen las llaves de un piso de emergencia: Sarrià-Sant Gervasi (11) y Les Corts (nueve).
El pasado mandato, el Ayuntamiento puso a disposición de la mesa de emergencia de Barcelona 834 viviendas, y la Generalitat únicamente, 236, desveló en diciembre de 2018 el entonces regidor de Vivienda, Josep Maria Montaner. Meses después, en octubre de 2019 la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que si la Generalitat aportara el 60% que le corresponde, "la ciudad dispondría de 1.000 pisos más para emergencia social". Entre otras promociones, el Ayuntamiento destinará una parte de las viviendas de los nuevos pisos contenedor, junto a Glòries y en la Bordeta, a emergencia social.
Imagen futura de un bloque de pisos sociales / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
DÉFICIT DE 1.400 VIVIENDAS
Ahora, desde el área que encabeza la regidora Lucía Martín (Barcelona en Comú) se da un mensaje similar y se sigue echando la culpa al otro lado de la plaza de Sant Jaume : "Solo recordar que la responsabilidad se reparte entre el 40% del Ayuntamiento y el 60% de la Generalitat. Sin embargo, los últimos años el consistorio ha asumido el 80% de la aportación de los pisos. El déficit de la Generalitat en los últimos años en pisos no facilitados es de 1.400". El Govern no ha contestado a los requerimientos informativos de este medio.
El 3 de agosto de 2016 se aprobó un nuevo Reglamento para la adjudicación de viviendas de emergencia social en Barcelona. La nueva normativa amplió los supuestos para acceder a un piso de emergencia social, lo que disparó las peticiones. Entre otras situaciones pueden solicitar una vivienda de emergencia social por pérdida de piso aquellas familias o personas en situación de vulnerabilidad "que se vean privadas de la vivienda habitual legal donde viven por resolución judicial firme". Este aspecto no se tendrá en cuenta si la unidad familiar dispone de otros recursos para hacer frente al problema o si el importe no pagado no supera el 30% de los ingresos brutos
"SIN TÍTULO LEGAL"
El Reglamento también permite acceder a un piso de emergencia a aquellas personas que ocupan una vivienda "sin un título legal" y se vean privada de ella por una resolución judicial. En este caso, los ocupantes deberán acreditar, mediante el padrón municipal, que aquella era su residencia habitual, y disponer de un informe favorable de Servicios Sociales, entre otros requisitos. Además, podrán solicitar uno de estos pisos, aquellas familias que se vean "privadas de su vivienda habitual como consecuencia de una dación de la casa en pago por una deuda hipotecaria", y cuando en los pisos "vivan menores en condiciones higiénicas y sanitarias o de seguridad precarias".
