El Gobierno propone a sindicatos y CEOE limitar los contratos temporales a tres meses y a un porcentaje de la plantilla
- El número máximo de contratos temporales que se podrían firmar sería diferente en función del tamaño de la empresa.
- Un trabajador solo podría encadenar contratos temporales en una empresa por un máximo de cinco meses, frente a los dos años actuales.
- Sindicatos y patronal rechazaron la semana pasada una propuesta para un mecanismo permanente de ERTE.
El Gobierno concreta su propuesta para limitar la temporalidad en la recta final de las negociaciones con patronal y sindicatos para la nueva reforma laboral. Este miércoles, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales que los nuevos contratos temporales estén sujetos a limitaciones más estrictas que las actuales: solo podrían tener una duración máxima de tres meses -ahora mismo, con carácter general, el máximo es de tres años en los contratos de obra y servicio- y, además, los trabajadores solo podrían encadenar contratos temporales en una empresa por un máximo de cinco meses. Las empresas únicamente podrían tener a un porcentaje determinado de su plantilla contratada temporalmente. Esa proporción sería diferente, fundamentalmente, en función del tamaño de la empresa.
Así lo confirmaron fuentes sindicales tras la reunión que mantuvieron Gobierno, patronal y sindicatos este miércoles, un encuentro en el que el Ejecutivo puso sobre la mesa un documento general que recoge todos los asuntos discutidos hasta la fecha desde el pasado marzo y en el que incluyó, asimismo, esta nueva propuesta sobre temporalidad, uno de los asuntos que más está costando acordar con los empresarios. La oferta del Gobierno contempla que únicamente puedan realizarse contratos temporales para sustituciones o por circunstancias sobrevenidas de la producción.
Para este segundo supuesto, el Ejecutivo también plantea que las causas que justifican la contratación de un trabajador de manera temporal estén mucho más tasadas. Con un contrato temporal por circunstancias de la producción, las empresas solo podrían emplear al trabajador temporal para la actividad concreta que tenga que verse reforzada. Por ejemplo: en una campaña de Navidad, se podría contratar temporalmente a alguien para envolver regalos, pero no para utilizarlo como comodín en diferentes puestos del comercio.
El Ejecutivo, igualmente, negoció hace unas semanas con sindicatos y patronal la posibilidad de establecer que las plantillas solo pudieran tener un máximo del 15% de trabajadores temporales. Esta propuesta soliviantó a los empresarios, que argumentaron que limitaba la flexibilidad de las empresas, especialmente en algunos sectores. De ahí que la nueva oferta del Gobierno plantee establecer topes diferentes en función del tamaño de la empresa, aunque con una mayor flexibilidad para el sector de la agricultura, tradicionalmente uno de los que mayor porcentaje de trabajadores temporales utiliza.
Con carácter general, el Ejecutivo propuso este miércoles que las compañías de uno a cinco trabajadores solo puedan hacer un contrato temporal al año. La cantidad aumentaría a dos contratos de este tipo si la empresa tiene entre seis y diez empleados, mientras en sociedades de entre 11 y 30 trabajadores serían tres los posibles contratos temporales al año. En empresas que cuenten con entre 31 y 100 trabajadores solo podría haber cinco empleados temporales o, en su defecto, el número total de los mismos no podría superar el 8% de la plantilla. Si la compañía tiene entre 101 y 500 empleados, solo se podrían hacer 15 contratos temporales o el equivalente al 7% del total del personal. Y si la empresa tiene más de 500 trabajadores, tan solo 30 o el 4% de la plantilla podrán ser temporales.
La otra gran propuesta del Gobierno para combatir el exceso de temporalidad en el mercado laboral, la potenciación del contrato fijo discontinuo, no cambia con respecto a lo negociado. La intención del Ejecutivo es que esta sea la figura utilizada por defecto por las empresas que realizan una actividad estacional o de temporada -como las del sector turístico, por ejemplo- y que, ahora mismo, vehiculan buena parte de sus contrataciones a través de contratos temporales. Con el contrato fijo discontinuo, los trabajadores permanecen contratados durante todo el año en la misma empresa, y perciben prestación por desempleo en los meses en los que la empresa los mantiene inactivos.
Nueva propuesta para el mecanismo de ERTE
La otra gran novedad de la reunión de este miércoles fue la renuncia del Gobierno al complejo mecanismo permanente de ERTE que propuso la semana pasada. El diseño de este mecanismo –que contemplaba tres tipos de ERTE– fue rechazado tajantemente por sindicatos y patronal por su excesiva complejidad, después de que la entrada en la negociación de los ministerios de Economía y Seguridad Social modificara sensiblemente la propuesta que, hasta ese momento, defendía el Ministerio de Trabajo.
Fuentes de UGT explican que, en la reunión de este miércoles, el Gobierno trasladó a sindicatos y patronal su intención de realizar una nueva propuesta la próxima semana "para acercar posturas", si bien en el encuentro no se anticiparon detalles de la misma. Tanto empresarios como trabajadores están a favor de la existencia de un mecanismo de ERTE permanente, pero la semana pasada la CEOE cargó contra el nuevo diseño planteado por el Gobierno calificándolo de "farragoso", mientras CCOO aseguró que "genera muchas incertidumbres respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales".
Por el contrario, el documento general elaborado por el Gobierno no recoge nuevas propuestas en lo relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte de la empresa, uno de los asuntos que el Ejecutivo se ha comprometido a cambiar. La reforma laboral de 2012 otorga un amplio margen al empresario para modificar unilateralmente las condiciones del trabajador alegando para ello razones como "pérdidas actuales o previstas", y el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos apuesta por "limitar" esta capacidad.
Tampoco hubo novedades en lo relativo a la negociación colectiva, un asunto en el que el Gobierno apuesta por recuperar tanto la ultractividad de los convenios -es decir, que sigan en vigor una vez caducados hasta que se negocie uno nuevo- como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, ya que entiende que en ellos los trabajadores tienen más capacidad de negociación a la hora de pactar con las empresas. La oferta también se mantiene en lo relativo a la subcontratación, que el Ministerio de Trabajo quiere limitar a casos tasados. Trabajo, además, apuesta por que a los trabajadores de la subcontrata se les apliquen, como mínimo, las condiciones del convenio sectorial, para evitar que compitan en base a degradar condiciones.
