MAYTE AMORÓS abc
Y de pronto, comenzó el espectáculo en la Audiencia Provincial de Palma. «¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva el Congreso de los Diputados! ¡Viva Pedro Sánchez!». Así de contento se mostraba este lunes Yassine Jaouhari, el inmigrante que supuestamente fingió un coma diabético para que un avión patera aterrizase de forma forzosa en el aeropuerto de Palma en noviembre de 2021. Los medios de comunicación, que estaban cubriendo otras informaciones de tribunales, se han encontrado con un inesperado protagonista que salía de la Audiencia tras recoger el permiso que la jueza le ha dado para viajar a Madrid, donde residen varios familiares.
La noticia ha colmado de alegría a Jaouhari, a la espera de juicio acusado de favorecimiento de la inmigración ilegal, quien no ha dudado en agradecer a gritos al presidente del Gobierno su «colaboración' para mejorar su situación penal, ya que al igual que otros 19 inmigrantes fugados ya no podrán ser acusados de sedición después de la reforma exprés impulsada por el Ejecutivo socialista. «Cuando el agente judicial vino el 17 de enero y me dijo que estaba libre no me lo creía, estaba muy feliz», ha reconocido este lunes.
Con una bolsa de medicinas -ninguna para la supuesta diabetes que padece-, vestido con un chándal del Paris Saint Germain, una gorra negra y gafas de sol, el pasajero considerado el cabecilla de la primera patera aérea de la historia de la aviación ha posado ante los medios. Después ha concedido sendas entrevistas a los medios locales 'Ultima Hora' y 'Diario de Mallorca' antes de irse al aeropuerto y coger un avión a Madrid, donde vivirá con su hermana a la espera del juicio.
El pasado 17 de enero, Yassine y los otros 21 inmigrantes detenidos del avión patera fueron puestos en libertad, tras la supresión del delito de sedición. Sobre ellos pesaba una petición de pena de cinco años de cárcel para cada uno. Este martes ha denunciado que ha pasado «14 meses en prisión por la cara».
Los abogados pidieron su excarcelación a raíz de la modificación del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial los dejó en libertad en vista de que el principal delito por el que estaban acusados había decaído. Los pasajeros fueron trasladados a un centro de internamiento en Barcelona a la espera de su expulsión a Marruecos. Hoy precisamente la Provincial de Baleares ha rechazado que se les expulse antes de juzgarlos, como había planteado la brigada de Extranjería de la Policía Nacional.
Yassine, en cambio, se ha quedado en Mallorca a la espera de juicio acusado de favorecimiento de la inmigración ilegal, que por el tipo de delito no puede ser expulsado de España. Otro pasajero, de origen palestino, también está libre ante la imposibilidad de repatriarlo.
«No soy un criminal»
«Yo no soy un criminal. Soy una víctima del avión patera», afirmó a 'Ultima Hora', asegurando que no conocía al resto de pasajeros que se fugaron de la aeronave a empujones con la tripulación y que escaparon a la carrera por las pistas de aterrizaje del aeródromo mientras a él lo trasladaban al hospital. Acusa a la Policía de no proporcionar la seguridad en el aeropuerto para evitar la fuga y dice ser inocente: «No soy peligroso. No han encontrado nada en mi móvil».
El joven de 25 años detalla que tras quedar en libertad se ha alojado en un albergue en Palma. Niega haber fingido el coma diabético que provocó el aterrizaje forzoso y que todo fuera un plan orquestado desde una página de Facebook, como apunta la investigación policial.
Asegura que no conocía a ningún pasajero y que iba de vacaciones a Turquía con un billete de ida y vuelta que le costó 400 euros, aunque sin un plan definido. Pese a que los médicos que le atendieron en el hospital palmesano de Son Llàtzer descartaron que sufra diabetes, el joven marroquí insiste en que «cuando se pone nervioso, le sube el azúcar».
En una entrevista con el 'Diario de Mallorca' explicó que cuando la jueza le preguntó por qué no llevaba insulina si era diabético y él respondió que no lo sabía «porque no es médico». Contó que su familia le mandaba dinero a la cárcel y que tuvo una pelea con otro preso por defender a Mohamed VI, el Rey de Marruecos. Aunque pidió ayuda al Consulado y a la Embajada de Marruecos, no le contestaron. «No me han dado ni un euro para comprar pan», se lamenta.
La Audiencia de Baleares rechaza su expulsión
Este martes la Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado que se expulse a los migrantes procesados por el incidente en el aeropuerto de Palma de 2021 antes de juzgarlos, como había planteado la brigada de Extranjería de la Policía Nacional.
La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) había solicitado autorización al Tribunal para la expulsión de los 21 migrantes detenidos, una petición a la que se adhirió la Fiscalía, mientras que las defensas se opusieron. La petición policial derivaba de los acuerdos de devolución dictados por la Delegación del Gobierno, siguiendo el trámite habitual en casos de entrada ilegal en el país, informa Europa Press.
Sin embargo, como recuerda la Audiencia, en este caso la particularidad es precisamente la forma en la que se llevó a cabo la entrada ilegal en el país: la Fiscalía les acusa de haber orquestado un plan por el que, fingiendo una urgencia médica, forzaron el aterrizaje de emergencia en Palma y huyeron a la carrera por las pistas cuando las puertas del avión estaban abiertas.
La Sala continúa razonando que, desde el momento en el que se atribuyó a estas personas un posible delito y fueron presentados ante un juez para ser procesados, los acuerdos de expulsión, de carácter administrativo, «cedieron a favor de los efectos de la causa penal» y el encarcelamiento en prisión preventiva.
La expulsión sería «incompatible con la sujeción de la persona extranjera a un procedimiento penal incoado precisamente, como consecuencia de la entrada ilegal en España de los procesados».
Además, el auto incide en que «el Estado no ha querido devolver o tratar de devolver de manera más o menos inmediata a los extranjeros que accedieron de manera ilegal al país, sino que ha decidido que permanecieran en nuestro país para responder de las consecuencias del presunto delito que se les atribuye«.
«De hecho, han estado privados de libertad hasta el pasado día 17 de enero», recuerda la Sala. Los migrantes estuvieron en la cárcel tras su detención, ya que la Fiscalía calificó los hechos como sedición. Al decaer este delito con la reforma aprobada por el Gobierno, la Audiencia estimó que los hechos no encajan en el delito de desórdenes públicos y fueron puestos en libertad. El procedimiento continúa por delitos de coacciones.
