La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este viernes dos primeras órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos, un paso sin precedentes, al ser la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado aún en el ejercicio de su cargo.
También es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
"Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos", admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.
La CPI emitió una orden de detención contra Putin como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros" o por "no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva", según la Corte.
Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea.
Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de esta Corte para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.
"Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala", agrega la experta consultada por EFE.
La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa Maria Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Los crímenes se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
De Hoon cree que este caso es "relativamente fácil" porque Putin y Lvova-Belova están "hablando públicamente de los éxitos de su campaña para `rescatar' a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas", lo que legalmente es deportación forzada y se traduce en un crimen de guerra.
"No es que no nieguen lo que están haciendo, es que argumentan que está justificado, algo con lo que dudo que los jueces de la CPI estén de acuerdo", señala la letrada.
El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.
De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.
"El fiscal de la CPI espera que esto ya sea una señal importante para todos los que participan en esta guerra", cree De Hoon, que recuerda que es "un mito" que la CPI no pueda procesar a Putin porque Rusia no es Estado miembro.
Con esta paso, la CPI manda un mensaje a Moscú ya los defensores de la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa, algo con lo que el fiscal Karim Khan nunca ha estado de acuerdo.
"Les dice: sí, la CPI puede emitir órdenes de arresto de cualquier persona que cometa crímenes internacionales en el territorio donde tiene su alcance. En este caso: Ucrania. Y puede procesar a cualquiera, sin importar su posición política", detalla De Hoon.
La ONG Human Right Watch celebró estas órdenes de arresto porque "convierten a Putin en un hombre en busca y captura" y son "un primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores" de la guerra en Ucrania.
Se espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
Tras los pasos del sudanés Omar Al Bashir
El teniente general Omar Al Bashir fue presidente de la República de Sudán desde 1993. La CPI ha emitido dos órdenes de detención en su contra. La primera el 4 de marzo de 2009 y la segunda el 12 de julio de 2010, según precisa el organismo. Al Bashir se convirtió así en el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI.
El Gobierno de quien es apodado 'el carnicero de Darfur' llegó a su fin años más tarde, en 2019, con un golpe de Estado -el mismo mecanismo que él usó en la década de los noventa-, tras las masivas protestas que comenzaron en diciembre de 2018, a raíz de la profunda crisis económica que aún sufre ese país africano.
La CPI lo acusó por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas en 2003. Son, en total, cinco cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminación, transferencia forzosa, tortura y violación), dos cargos de crímenes de guerra y otros tres por genocidio entre 2003 y 2008.
Darfur fue la primera región donde actuó la CPI sin estar ese país apegado al Estatuto de Roma, con base a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Transcurrieron cuatro años y tres meses entre el inicio de la investigación y la primera orden de detención en contra de Al Bashir, en 2009.
Su caso está en fase preliminar. "El sospechoso sigue prófugo", explica la CPI en su sitio web. Y añade: "Hasta que Omar Al-Bashir sea arrestado y trasladado a la sede de la Corte en La Haya, el caso permanecerá en la etapa preliminar. La CPI no juzga a personas a menos que estén presentes en la sala del tribunal". El teniente general actualmente se encuentra encarcelado en Jartum, la capital de Sudán.
