Miles de policías nacionales y guardias civiles salen de nuevo a la calle este sábado para gritar alto y claro que están "hartos de humillaciones y mentiras". Que ¿por qué se manifiestan? Por una jubilación digna, por ser considerados profesión de riesgo, por la equiparación salarial, por la pérdida de competencias, por la ley de amnistía, por la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la falta de medios humanos y técnicos, por las reiteradas mentiras e incumplimientos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque en definitiva, les sobran los motivos.
Una manifestación, que comenzará a las 12:00 horas en el centro de la capital, y que ha sido convocada por La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que agrupa a numerosos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil (SUP, AUGC, UFP, SPP, AEGC, UOGC, APROGC, AsesGC, IGC, UGC Y AIGC). Pero no serán los únicos, ya que otros sindicatos y asociaciones que no forman parte de esta plataforma, como JUPOL, CEP, EYA o JUCIL también se sumarán a las protestas. De este modo, será un grito unánime contra la falta de diálogo y el ninguneo del Gobierno.
La gota que colmó el vaso, que lleva años rebosando, fue el asesinato el pasado mes de febrero de dos guardias civiles en Barbate. Un crimen que puso sobre la mesa un problema de calado -las pésimas condiciones en las que trabajan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y por el que miles de agentes salieron a la calle para dejar claro que este asesinato suponía un "punto de inflexión" y de "no retorno". La respuesta del Gobierno y del PSOE no fue otra que votar junto a Podemos e independentistas en Europa, en contra de que policías y guardias civiles sean considerados profesión de riesgo.
Hay que señalar que la decisión de no incluir a los agentes en la lista de profesiones de riesgo obedece también a una cuestión económica. Y, aquí está la clave, ya que el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. Y esto implicaría una inyección de dinero que el Gobierno no está dispuesto a asumir.
Ni profesión de riesgo ni equiparación
Y si lo de ser "profesión de riesgo" parece encallado, no digamos el tema de la equiparación salarial. Pese a las subidas de los últimos años, el agravio salarial con mossos o ertzainas sigue siendo abismal, llegando a cobrar hasta un 20% menos al mes. Pero si a esto le unimos las "artimañas" del ministro Marlaska, el malestar se intensifica. A saber: el pasado mes de enero, el titular de Interior acudía con talante y buenas palabras al Pleno del Consejo de la Policía. Allí dejó caer que la sentencia de la Audiencia Nacional, que le obligaba a renegociar con policías y guardias civiles la equiparación salarial, no era firme. Lo que ocultó es que el Ejecutivo había recurrido dicha sentencia y que se negaba, por tanto, a renegociar con sindicatos y asociaciones profesionales el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018.
Desde esta plataforma manifestaron que la maniobra orquestada por Grande-Marlaska era una "ofensa" a todos los agentes y ponía en tela de juicio "la actitud de un ministro que no sólo se niega al diálogo con los legítimos representantes de los policías nacionales y guardias civiles, sino que además, emprende acciones contrarias a los necesarios avances en Guardia Civil y Policía Nacional". Y todo ello, apuntaban, mientras asisten "estupefactos a nuevas concesiones a cuerpos policiales autonómicos".
¿Y qué pasa con la jubilación digna y la ley de amnistía?
Si bien el Defensor del Pueblo confirmaba esta semana que se habían iniciado los trabajos para que policías y guardias tengan una jubilación digna... aún queda mucho camino por recorrer. Por el momento, mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.
En el ámbito político, uno de los temas que más preocupa a los agentes es la pérdida de competencias que están padeciendo. Desde la cesión de Pedro Sánchez a los independentistas de Junts y que afectaría a sus competencias en extranjería en Cataluña, pasando por lo ocurrido con la Guardia Civil en Navarra o la última de las ocurrencias que toca de pleno al aeropuerto de Barajas. Sin embargo, el tema más controvertido sigue siendo la ley de amnistía y por la que, según han denunciado los sindicatos, los únicos que "pagarían" las consecuencias serían los agentes enviados a Cataluña durante el 1-O y los disturbios de 2019.
Los otros asuntos pendientes
Y más allá de la esfera pública, hay otros muchos temas que afectan al día a día de los policías. La implementación fija y definitiva del sexto turno (6x6); la actualización de las dietas, que no se modifican desde 2005; la actualización también del catálogo de puestos de trabajo, que aseguran está obsoleto; el derecho a huelga de los policías nacionales; protocolos para el uso de la fuerza y del arma de fuego o la reclasificación de los agentes de Escala Básica al Grupo B de funcionarios.
Por no hablar de la pérdida de servicios y compañías en MUFACE, que tanto afecta al tratamiento de enfermedades graves, así como la necesidad de aumentar el Programa de Acción Social. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que tanto ansían los socios de Sánchez, la falta de efectivos y recursos materiales... y un tema polémico: la ley de condecoraciones.
