El Ayuntamiento no las tiene todas consigo a la hora de preservar el patrimonio público municipal. Los delitos contra el patrimonio y las propiedades bajaron en la ciudad de Barcelona en 2024 en comparación con el año 2023, pese a que los delitos contra las personas subieron.
Según el anuario estadístico del Ministerio del Interior, los hurtos pasaron de 79.760 a 79.811, mientras que los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones bajaron a 6.539 (en 2023 habían sido 6.758) y los robos en domicilios también se redujeron a 4.332 (el año anterior se encaramaron a 4.861).
Pero la situación sigue siendo grave y la sensación de inseguridad es una realidad palpable que siempre despunta en las encuestas.
Reflejo de Can Batlló en una fachada de Barcelona Inma Santos
Objetivo prioritario
Barcelona, por otra parte, es una de las ciudades más castigadas por okupaciones ilegales de viviendas o de locales, una situación que se agravó durante los anteriores gobiernos municipales y a la que se quiere poner coto con nuevas normativas legales.
En este contexto, los equipamientos municipales son un objetivo prioritario de okupas profesionales y de redes dedicadas al negocio de la okupación ilegal, ya que es más complicado el desalojo de recintos públicos que de inmuebles o locales privados.
Can Batlló, propenso a este tipo de peligro
Uno de los recintos propensos a este tipo de peligro es el de Can Batlló, en Gran Via, en el barrio de La Bordeta, enfrente del edificio La Campana. Se trata de un recinto con varias edificaciones y jardines que, además, se encuentran en el punto de mira de algunas plataformas.
El ayuntamiento ha cedido a la Plataforma Can Batlló És pel Barri naves por un total de 13.000 metros cuadrados, aunque los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento no invierte en rehabilitación todo lo que debería. Pero aún hay espacios vacíos que son una perita en dulce.
Cuatro bloques y dos masías
Para evitar males mayores, el consistorio acaba de firmar un contrato de vigilancia y preservación de su patrimonio en Can Batlló con la unión temporal de empresas (UTE) firmada por las compañías Protección de Patrimonios y Alianzas y Subcontratas. El objetivo es vigilar todo el recinto de Can Batlló y evitar robos y okupaciones.
En el recinto de Can Batlló se encuentran 4 bloques de edificaciones (los bloques 2, 4, 8 y 11), la Masia Pelleria y la Masia Can Bruixa, así como galerías y elementos de servicios de instalaciones soterrados en todo el recinto, un caramelo para bandas organizadas de rateros o de organizaciones okupas.
Sólo las edificaciones suman unos 26.000 metros cuadrados, una superficie lo suficientemente amplia que puede funcionar como imán para okupaciones ilegales.
Antigua fábrica textil de Can Batlló de Barcelona / INMA SANTOS
Rondas cada 2 horas
Desde el Ayuntamiento se justifica la contratación del servicio para “evitar las intrusiones, los robos y las ocupaciones de los espacios cerrados y, a la vez, se da seguridad a los locales y edificios que están en funcionamiento y que pertenecen al tejido asociativo del barrio que tiene convenio con el Ayuntamiento”.
Las empresas contratadas deben establecer rondas de vigilantes (cada 4 horas durante el día y cada dos horas por la noche) para evitar que nadie se cuele en el recinto y tome posesión de los espacios vacíos que pueda haber.
Acceso al interior de los edificios
El contrato especifica que en los bloques 8 y 11 (de 18.000 metros cuadrados y 5.064 metros cuadrados respectivamente), la ronda ha de acceder al interior de los edificios, que “actualmente están desocupados y dispuestos como una zona diáfana sin estructuras interiores”.
Los responsables municipales temen que las plantas bajas y las primeras plantas de ambas edificaciones se puedan colar intrusos, por lo que se han de evitar “posibles ocupaciones no autorizadas”. Las plantas citadas deben ser revisadas cada dos horas por los vigilantes, que hacen la ronde sin arma.
El recinto de Can Batlló en una imagen de archivo CEDIDA
680.000 euros de contrato
Durante el día, la vigilancia la harán auxiliares de servicios, mientras que por la noche serán vigilantes nocturnos los encargados de la seguridad del recinto. Además, durante el día los vigilantes irán solos, mientras que por la noche habrá dos profesionales trabajando. Las rondas se establecen los 365 días del año.
El contrato entra en vigor este 22 de marzo y finaliza el 31 de diciembre de 2026. Su monto asciende a 454.811 euros, pero en sus cláusulas prevé que pueda haber una prórroga de un año más, hasta finales de 2027, por lo que el monto total se elevaría a unos 680.000 euros.
Se presentó Wakeful
Al concurso convocado por el Ayuntamiento se presentaron cinco empresas, entre ellas Wakeful, que ha tenido problemas con algunas de las adjudicaciones de los últimos años.
Otra de las empresas licitantes, Auservi, fue descartada por los técnicos por haber presentado una propuesta económica considerada anormalmente baja: era casi un 50% más barata que sus rivales, por lo que los expertos consideraron que no podría prestar los servicios con la calidad requerida.
La propuesta ganadora era la más económica (ligeramente por debajo de sus rivales) de las presentadas, exceptuando a la eliminada.
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