El Parlamento Europeo investigará si España vulneró las sanciones europeas con la visita de Delcy a Barajas
PSOE y Podemos han tratado de bloquear la apertura de la petición amparándose en que Borrell ya rechazó que hubiese motivos para abrir un expediente de infracción
De esta manera el Parlamento Europeo pedirá explicaciones al Gobierno de Pedo Sánchez sobre el encuentro en suelo europeo, en Madrid, de la vicepresidenta venezolana y del ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, cuando Rodríguez está incluida en la lista de 36 dirigentes venezolanos sancionados por violaciones de los derechos humanos. El traslado de la petición ha tenido lugar gracias a los votos a favor de PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, mientras que PSOE y Podemos han rechazado que la petición siguiera su curso en Europa.
El debate se ha celebrado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha aceptado tres peticiones para que el legislativo comunitario se implique en este caso. Entre otras medidas, la Comisión ha decidido dirigirse al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que le informe de qué medidas tomó para evitar la llegada a territorio español de Delcy Rodríguez.
Es un debate que se ha cursado gracias a la petición de una ciudadana con nacionalidad española a fecha de 13 de noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, y en el que se ha incluido el “delcygate”, debido a la actualidad. Es un debate sin efectos vinculantes pero que sí permite trasladar al gobierno español presión por parte de las fuerzas políticas europeas.
Durante el debate, desde Ciudadanos, el eurodiputado Jordi Cañas ha aplaudido la decisión del PE de seguir investigando el “Delcygate” y ha cargado contra el PSOE por intentar eludir responsabilidades. El europarlamentario naranja ha cargado contra todo intento de blanqueo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y contra el Gobierno de PSOE-Podemos por haber dejado entrar en España a Rodríguez, “violando las sanciones acordadas por la Unión contra el gobierno venezolano entre las que figura la prohibición de entrar en el espacio europeo Schengen”.
Cañas ha respaldado que el Parlamento investigue el caso “porque ha quedado acreditado que el Gobierno de España permitió que se violase la decisión de la UE de impedir a determinados miembros del gobierno dictatorial de Venezuela pisar territorio Schengen”. También ha censurado que la Comisión Europea no haya investigado ya el asunto ni pedido información a España. La Comisión “no puede mirar a otro lado”, ha dicho Cañas.
Delcy Rodríguez llegó a Madrid procedente de Venezuela el 20 de enero de este año, estuvo en la sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto, se reunió con el ministro José Luis Ábalos y se marchó en un vuelo comercial con destino a Doha. Jordi Cañas logró en febrero que el asunto entrara a debate en el Pleno del Parlamento Europeo, en el que Josep Borrell negó que la Comisión Europea pueda sancionar a España por este motivo, postura que ha vuelto a mantener hoy el ejecutivo comunitario.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, es una de las 36 personalidades del régimen de Maduro que tienen prohibida la entrada en el territorio europeo ( lo que incluye también el tránsito) y cuyos bienes también han sido congelados. Estas sanciones han sido impuestas por los Veintisiete por unanimidad y corresponde a cada país vigilar que estos castigos se cumplen en su territorio. Tras la reunión entre Rodríguez y el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, la Comisión Europea se limitó a echar balones fuera y señalar que la responsabilidad de la puesta en marcha de los castigos corresponde al Gobierno español.
La UE no tiene competencias en política exterior y, por eso, cualquier decisión requiere la unanimidad de las cancillerías europeas. Precisamente, esta regla que muchas veces bloquea los debates europeos implica que el ejecutivo comunitario no tenga potestad para abrir un procedimiento de infracción a ningún país ante la posible vulneración de sanciones. Una facultad de la que Bruselas sí dispone para otro tipo de violaciones de las leyes comunitarias. Corresponde al Servicio de Acción Exterior asegurarse de la aplicación homogénea de estas sanciones en todos los países europeos, pero hasta el momento no ha trascendido que ningún socio comunitario haya pedido a España ningún tipo de explicación. El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ya compareció en la sesión plenaria del Parlamento Europeo antes las protestas de las fuerzas políticas españolas y se limitó a señalar la falta de competencias del ejecutivo comunitario en esta cuestión.
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