La decisión de no renovar a los interinos de refuerzo contratados para solucionar la presión laboral sobre la plantilla del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), tomada al unísono por Función Pública y Hacienda -y aceptada por Trabajo-, va a provocar el bloqueo institucional en decenas de oficinas de prestaciones del servicio durante este verano. La salida inmediata de 1.135 interinos el pasado día 1 de julio, sumados a los funcionarios que deben tomar sus vacaciones y la negativa a la incorporación de los habituales refuerzos de cupo de la época estival han aumentado «hasta extremos insostenibles» –defienden los tres sindicatos, CSIF, CC OO y UGT, en un comunicado remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero– la situación de la plantilla de este organismo, que actualmente «casi cuadruplica la presión de trabajo en comparación con el mismo mes del año 2019».
Según advierten, para los empleados del SEPE este severo recorte de plantilla «supondrá la necesidad inmediata de proceder al cierre de unidades de atención al público, al quedar las mismas completamente desprovistas de efectivos». Según sus cuentas, el número de las unidades que serán paralizadas por incapacidad operativa serán de 158, un 23% del total de la red.
Los representantes de los trabajadores denuncian que el coste que conllevaba mantener a este grupo de interinos «es ridículo comparado con el volumen de recursos económicos que están gestionando, no llegando a alcanzar ni el 0,001% de dichos recursos». Además, recuerdan que la carga de trabajo se multiplica en verano con las altas y bajas del personal fijo discontinuo, junto al colectivo de trabajadores que finaliza las campañas agrícolas extraordinarias, que puede sufrir retrasos en su tramitación.
Tampoco descartan los sindicatos que otros servicios prestados por las oficinas de prestaciones sufran retrasos o incluso no puedan llevarse a cabo, ya que las tareas de estas unidades cerradas repercutirán inmediatamente en las que sigan abiertas, con el problema del sobretrabajo por falta de personal. Por tanto, no se garantiza que el pago de las prestaciones, ya sea por desempleo, subsidios, ERTE o cualquiera de las siete prestaciones nuevas puestas en marcha por el Gobierno durante la pandemia, pueda realizarse en los plazos marcados.
Esta falta de personal se debe a que de los 1.500 interinos que estaban pendientes de renovación solo seguirán en sus puestos este verano un millar, ya que 500 cesaron en sus funciones el 1 de julio. Los 1.000 restantes serán renovados hasta el 30 de septiembre, cuando habrá otro recorte significativo y 500 de ellos también tendrán que dejar sus puestos al final del verano. Así, del total de interinos adscritos a tareas administrativas y de gestión incorporados durante la crisis del coronavirus, solo 500 serán prorrogados hasta el 31 de diciembre. Es decir, 1.000 efectivos desaparecerán en solo tres meses. Las únicas plazas que se mantendrán de momento invariables son los 635 puestos adscritos a la oferta del Plan de Estabilización de Empleo Temporal (PEET), pero estos también han causado baja durante un mes hasta que sus puestos sean adjudicados de nuevo para cumplir con la normativa vigente.
CSIF ha vuelto a reclamar la publicación de una oferta pública de empleo de 3.400 plazas para el SEPE y la implantación de la jornada de tarde, de manera voluntaria, universal y permanente, al estilo de las entidades gestoras de la Seguridad Social, para suplir la falta de personal y el exceso de trabajo que permanentemente mantiene este organismo. Desde el Ministerio se mantiene el «silencio administrativo», denuncian desde este sindicato. Tendrán que esperar, mientras decenas de unidades se cierran de golpe.
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