¿Qué dice la nueva ley anti desahucios de Cataluña?
La ley prevé un registro de grandes tenedores, que estarán obligados a renovar el alquiler social a los vulnerables y ofrecerlo a quien se le acabe el contrato de alquiler
La nueva ley antidesnonamientos de Cataluña ha empezado a caminar. El Parlament ha aprobado el nuevo texto, que busca afrontar la situación de emergencia de viviendas y evitar lo máximo posible los desahucios, sobre todo los de las familias más vulnerables que tienen dificultades para encontrar una alternativa a un inmueble. La normativa llega tras el veto del Tribunal Constitucional (TC) al primer decreto, tumbado por un defecto de forma. Entidades como la PAH celebran que la nueva ley beneficiará a un gran número de familias y dará solución a muchos casos "que ahora no la tienen".
¿Qué dice la nueva ley antidesnonamientos de Cataluña? ¿Qué cambios trae para evitar la expulsión de las familias más vulnerables? Te lo explicamos.
Alquiler social con la finalización del contrato
Los grandes tenedores deberán ofrecer obligatoriamente un alquiler social a las familias vulnerables cuando se les extinga el contrato. Tendrá una vigencia de cinco años si el gran tenedor es una persona física, siete si es una jurídica y 12 si se trata de un banco o de un fondo buitre. Antes, la vigencia de la medida era de tres años.
Ampliación de los casos de alquiler social obligatorio
Una de las mejoras de la nueva ley antidesnudos hace referencia a la ampliación de los casos de alquiler social. Por ejemplo, los grandes tenedores estarán obligados a renovar los alquileres sociales cuando estos llegan a su fin. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), esto supondrá evitar el desahucio de miles de personas con alquileres sociales firmados en 2015. Por otro lado, también tendrán que ofrecer un alquiler social a familias vulnerables a quienes se les ha acabado el contrato de alquiler. Esto "evitará desahucios invisibles de familias en exclusión residencial".
La normativa también ampliará los supuestos de alquileres sociales para personas ocupantes. Las familias vulnerables que, por falta de alternativas, han ocupado pisos de bancos o grandes tenedores antes del 1 de junio del 2021 o que vivan en un piso sin título tras una ejecución o demanda hipotecaria, recibirán una oferta de alquiler social antes de proceder a un lanzamiento. Esta, dice la PAH, es "la causa de miles de desahucios anuales".
Facilidades al solicitar el alquiler social
Aparte de ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler social, la proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de viviendas incluye elementos orientados a garantizar el acceso de las personas beneficiadas. Así, se busca facilitar la gestión y la tramitación de las solicitudes. Esto ha sido posible "tras la experiencia de los servicios municipales" al gestionar las peticiones de alquiler social hechas hasta ahora.
Siete años de cesión de viviendas vacías
La ley amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y los fondos buitre. Esto, celebra la PAH, permite movilizar pisos vacíos provenientes de desahucios durante más tiempo. De acuerdo con el texto de la ley, "si el propietario no acredita la ocupación de la vivienda en el plazo de un mes, puede declararse el incumplimiento de la función social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para la cesión obligatoria".
Un gran tenedor tendrá 10 pisos como mínimo
Otra de las novedades que se introducen en la nueva ley es la definición de lo que quiere decir "gran tenedor". Aquellas empresas y personas jurídicas que tengan 10 o más viviendas de su propiedad serán consideradas como tal (a diferencia de las más de 15 viviendas establecidas hasta ahora). En cambio, las personas físicas serán grandes tenedoras si tienen 15 o más.
Control de ofertas y registro de grandes tenedores
Tanto los ayuntamientos como la Generalidad de Cataluña deberán tener un control de las ofertas de alquiler social que los grandes tenedores deben hacer obligatoriamente de acuerdo con esta normativa. Las personas o empresas con varios pisos tendrán un mes para hacer la oferta.
Precisamente, para facilitar el cumplimiento de la nueva ley antidesnonamientos, la Generalidad de Cataluña elaborará un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas. Esto permitirá sancionarlos en caso de que se esquiven la obligación de ofrecer un alquiler social.
Medida de fomento para evitar desahucios
Según la ley, la Generalitat de Cataluña debe arbitrar "vías positivas de fomento y concertación" con los grandes tenedores de las viviendas en las que vivan unidades familiares en riesgo de exclusión residencial para evitar que éstas pierdan la vivienda habitual.
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