El Gobierno también pide a los
conductores que limiten la
velocidad a 100 km/h para
«ahorrar energía»
La reducción de la velocidad máxima en las autovías es una propuesta que viene planteándose desde hace tiempo, aunque es la primera vez que se concreta entre las recomendaciones para «un uso responsable de la energía». El departamento que dirige Teresa Ribera ha negado que por ahora se piense en hacerla obligatoria. En ese caso, además, no sería su competencia, recalcan, sino de Transportes o Interior.
En mayo, la ministra ya dejó caer que, en «otro momento de tensión, no hace tantos años, se planteó» esta medida y «que es una de las recomendaciones que introduce de nuevo la Agencia Internacional de la Energía en sus propuestas». En 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, también en plena crisis energética por el encarecimiento de los combustibles, aprobó, con polémica, la reducción del límite genérico de la velocidad en autopistas y autovías de 120 a 110 kilómetros por hora.
100 km/hora
Ahora, el Ejecutivo recoge esa medida entre sus 20 recomendaciones para que la ciudadanía recorte el consumo energético y endurece aún más ese límite, fijándolo en los 100 kilómetros por hora.
También recomiendan usar el coche «lo imprescindible», extender el teletrabajo o primar las compras en el comercio del barrio antes que por Internet para «evitar viajes de reparto».
Para el Gobierno, la prioridad, hoy por hoy, es la ejecución del polémico decreto aprobado el pasado lunes, que fija en 27 grados el límite para el aire acondicionado -con ciertas salvedades para cumplir con la legislación laboral- y en los 19 para la calefacción, además de obligar a apagar los escaparates a partir de las 22 horas y disponer de un cierre automático de puertas en edificios y establecimientos.
Este primer paquete de medidas no recoge obligaciones para los ciudadanos y limita su aplicación a edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles. Las nuevas medidas que se aprobarán en otoño sí podrían endurecer las actuales.
Polémica
El decreto ha generado una honda polémica y ha sido rechazado por comerciantes, empresarios y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Teresa Ribera ha mantenido este lunes un encuentro con los consejeros autonómicos para abordar el plan, pero ha descartado que se vaya a modificar o aplazar su entrada en vigor -este miércoles- a pesar de la petición de su retirada por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.
La ministra ha arremetido contra las críticas del PP, que se ha quejado de la «improvisación» del Gobierno, y ha llegado a calificar el plan como la «mejor forma» de hacer frente al «chantaje de Putin» y ayudar a los ucranianos a resistir la invasión.
En respuesta, la Comunidad de Madrid ya ha avanzado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno regional ven necesario trabajar para disminuir el precio de la luz, ya que los españoles pagan «la factura más cara de la historia y eso atenta contra el poder adquisitivo de las familias y su competitividad».
«Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al Tribunal Constitucional», ha escrito Isabel Díaz Ayuso en sus redes.
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