Las medidas que ha impuesto el Gobierno para lograr el ahorro energético, y que deberán cumplir todas las administraciones, tanto la general del Estado como las autonómicas y locales, así como el sector privado: comercios, grandes superficies, cines, teatros, estaciones, aeropuertos, hostelería y centros de distribución están generando controversia.
La nueva norma, que estará en vigor hasta noviembre de 2023, –es decir; las restricciones durarán 16 meses–, concede un plazo de siete días para que los establecimientos se acomoden a las exigencias de control de temperatura y luz. Y, mientras la ministra de Economía, Nadia Calviño apuntaba que «hay prepararse para lo peor, pero esperando por supuesto que no suceda», la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso aseguró que, en las medidas que afecten a sus competencias, no las cumplirán. Y, avisó de que algunas de ellas, como la del «ahorro energético» suponen un «problema para la seguridad».
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