Sánchez impone su decretazo
energético a los españoles 7
meses más de lo que le pide
Bruselas
El plan de recorte energético aprobado este lunes por el Consejo de Ministros extiende la obligatoriedad de las medidas hasta noviembre de 2023. Esta vigencia supera en siete meses a la exigencia de Bruselas, que insta a los países a recortar el consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene. Esa reducción, en el caso de España, debe ser del 7%.
El Gobierno aprobó este lunes un primer paquete de medidas «de ahorro y eficiencia energética» que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
El paquete de medidas también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que no estén en uso a partir de las 10 de la noche. Los establecimientos tendrán un periodo para su aplicación de sólo una semana. Asimismo, se exigen cierres automáticos de puertas en edificios y locales, aunque en este caso se dará de tregua para su entrada en vigor hasta el próximo 30 de septiembre. Todos los recintos deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.
Las medidas se extenderán hasta noviembre de 2023. Es decir, durante 16 meses, un plazo que supera ampliamente el fijado en el acuerdo político alcanzado el pasado 26 de julio por los ministros de Energía de la UE para reducir de forma «voluntaria» el consumo de gas en el mercado comunitario hasta la próxima primavera. Fuentes comunitarias consultadas por OKDIARIO confirman que, según el plan de la Comisión Europea, «la reducción de la demanda de gas tendrá que tener lugar entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023».
Según ese acuerdo, los Estados miembros deberán reducir la demanda de gas un 15% -un 7% en el caso de España-respecto a la media de consumo de los últimos cinco años. El acuerdo permite a cada país escoger sus propias medidas para reducir esa demanda.
Críticas
El plan de Sánchez ha provocado las críticas de comerciantes, empresarios y también ha recibido el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de otras regiones.
«Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», reaccionó Ayuso poco después de conocer el decreto, que no ha sido consensuado con los gobiernos regionales.
El Ejecutivo madrileño estudia ahora la constitucionalidad de estas medidas para valorar posibles iniciativas legales. La Comunidad de Madrid sólo aplicará las propuestas de ahorro energético que son ajenas a sus competencias.
En campaña
Precisamente, la presidenta madrileña ha llamado la atención sobre el hecho de que la aplicación de las medidas finalice justo antes de la precampaña y campaña electoral para las elecciones generales que -de cumplirse el deseo de Sánchez- se celebrarán en diciembre de 2023.
Sánchez recurre así a la misma estrategia que ya empleó con la desescalada o la retirada de la mascarilla e intenta aprovecharse del estado de ánimo de los ciudadanos tras el fin del decretazo para insuflar cierto ánimo electoral ante las pésimas expectativas para su partido que avanzan todas las encuestas.
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