Golpe a las terrazas de Barcelona: el Defensor del Pueblo insiste en priorizar el descanso vecinal y pide inspecciones sorpresa. Así lo ha constatado este jueves, 19 de enero, cuando se ha dirigido a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona para que pongan todos los medios a su alcance para hacer compatible el derecho de los vecinos al descanso con el derecho de los hosteleros al uso y explotación de las terrazas de sus establecimientos, ya que está recibiendo "quejas de comunidades vecinales".
La institución se ha dirigido al consistorio barcelonés para que "informe de la aplicación y cumplimiento de la ordenanza de terrazas en la capital catalana".
"INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO"
Para controlar que se cumplan las normativas, el Defensor del Pueblo recomienda que se apruebe un plan de inspecciones programadas, sin previo aviso, y que ese plan se combine con inspecciones derivadas de las denuncias.
Además, aconseja que "se habiliten nuevos medios para la inspección de las terrazas, en particular en zonas saturadas y en áreas de protección acústica especial" y que "se faciliten tanto la tramitación de las denuncias y los procedimientos sancionadores, como el restablecimiento de la legalidad urbanística y ambiental".
"VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS"
La institución también ha solicitado una "valoración de los resultados obtenidos, que se informe sobre el programa de inspecciones del que dispone el Ayuntamiento de la capital catalana para asegurar el cumplimiento de la ordenanza, número de denuncias por ruido y otras molestias recibidas desde la entrada en vigor de los nuevos preceptos e indicación de sanciones impuestas".
El Defensor del Pueblo indica que, a pesar de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas de terrazas en ambas capitales, sigue recibiendo quejas de vecinos y colectivos vecinales por las molestias que genera la actividad.
"MOTOR ECONÓMICO"
La institución reconoce que estas actividades son una parte del "motor económico" de las ciudades, pero advierte de que debe hacerse una supervisión adecuada del cumplimiento de las condiciones en las que deben prestarse para evitar que los centros urbanos se conviertan en lugares "inhabitables".
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