Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), levantado para tener entre rejas a los miembros de las bandas. La semana pasado ya se trasladó a 2.000 pandilleros y llegarán más. Combatirlos es una de las prioridades del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Las pandillas están acusadas de la mayoría de asesinatos cometidos en el país centroamericano. Ante el alza de los homicidios y de estos grupos, el Estado ha ido reforzándose. Desde hace dos años "el uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos.


Bukele prometió levantar la enorme cárcel en 2022. Fue pocos días después de que el Congreso decretara el régimen de excepción para perseguir a las pandillas. El Parlamento tomó esa decisión después de que en un sólo día, el 26 de marzo de 2022, se registraran 62 homicidios.

Esa "excepción" se ha prolongado durante meses. Desde que se implementó se ha detenido a 62.975 personas, según cifras oficiales. De todos ellos, sólo unos 3.000 han sido puestos en libertad al no poder establecer su vinculación con las pandillas, informa América24.

En 2022, El Salvador registró oficialmente 3.495 homicidios, la cifra más baja de las últimas décadas. Sin embargo, ese número no incluye los cerca de 120 asesinatos de supuestos pandilleros que murieron en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.


Cómo es la megacárcel para pandilleros

El Centro de Confinamiento del Terrorismo es parte de la lucha contra las pandillas. El Ejecutivo salvadoreño defiende que la cárcel ha sido diseñada para recluir a los cabecillas de las pandillas, incluidos los jefes de las llamadas clicas o grupos, así como sus miembros y colaboradores. En palabras del director de Centros Penales del país, Osiris Luna, "todos los que pertenezcan a grupos terroristas".

El CECOT en cifras

  • Superficie: 23 hectáreas
  • Muro perimetral: 11 metros de altura
  • Torres de vigilancia: 19
  • Anillos de seguridad: 7
  • Capacidad:
    Presos, 40.000
    Militares, 600
    Policías, 200
    Guardias antimotines, 50

La prisión se ha levantado en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, lejos de las zonas urbanas y a 74 kilómetros de la capital. Se ha tardado sólo 7 meses en construirla (de la mano de dos empresas salvadoreñas y una mexicana).

Cuenta con 19 torres de vigilancia y 15 barreras electrificadas. El muro perimetral alcanza 11 metros de altura. Las instalaciones tienen siete anillos de seguridad, es decir, cada preso tiene a su alrededor siete filtros de seguridad, incluyendo los perimetrales.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo se ha construido en tan sólo 7 meses

El cuerpo de seguridad del CECOT lo forman 600 militares, 200 policías, y 50 guardias antimotines, al menos según el Gobierno de El Salvador. Los 40.000 presos que puede alojar disponen de agua y luz, pero no de conexión a internet. Además, no tienen contacto con el exterior y solo salen de sus celdas para las audiencias con los tribunales de justicia, que se hacen por videoconferencia.

Acusaciones de brutalidad

La megacárcel del presidente Bukele ha levantado los aplausos de buena parte de la ciudadanía, pero también suspicacias y críticas; la cárcel y el estado de excepción. Según sus críticos, ese régimen excepcional limita la libertad de asociación, además de suspender el derecho de la persona a la asistencia de un abogado y a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos del arresto.

Organizaciones hondureñas, pero también internacionales, han condenado el estado de excepción por supuestas violaciones masivas de un proceso justo, hacinamiento extremo en las cárceles y muerte de personas bajo custodia de la autoridad. Y sobre esa norma se ha "levantado" el CECOT.


"El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de ‘excepción’ permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos", ha escrito en Twitter Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA), es muy crítico con las políticas de seguridad del gobierno de su país. Considera que la megacárcel está enfocada en el castigo y no en la reeducación. "A mí me estremeció ver celdas de castigo donde las personas van a estar en total oscuridad, en total aislamiento, durmiendo sobre una tabla de cemento", explicó.