Una familia de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, se tuvo que defender ayer, miércoles 26 de abril, de los ataques con piedras y palos de un grupo de jóvenes que pretendían okupar su vivienda.

La agresión, como si se tratara de una batalla campal con objetos lanzados desde la calle hacia la terraza y el interior de la casa, acabó con al menos uno de los moradores con una herida sangrando en la cabeza y en una mano, al intentar repeler el brutal ataque, y con los cristales rotos de la entrada principal al inmueble.

Incluso, tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña a esta información, se escuchan gritos de amenazas de muerte: "Estás muerto, que lo sepas. Te voy a matar".

Alarma social

La okupación de viviendas es un fenómeno que no solo genera una gran alarma social, sino que también crea problemas de convivencia con los vecinos del edificio donde se encuentra la vivienda ocupada y de los alrededores. Esta práctica se está convirtiendo en un verdadero problema social.

El Código Penal español tipifica como delito la okupación de inmuebles sin consentimiento de su dueño o de la persona que tenga derecho a su posesión de forma legítima. Además, se castiga con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y dos años.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la okupación ilegal de viviendas, más conocida como ley de desahucio antiokupas, permite al propietario solicitar la recuperación de la vivienda por la vía judicial y se establecen medidas para agilizar el procedimiento y evitar dilaciones innecesarias.

Al amparo de la okupación ilegal de inmuebles han surgido empresas especializadas que se comprometen a echar en un periodo de tiempo express (48 horas) a los okupas e inquilinos morosos que se resisten a pagar el alquiler y devolver la propiedad a sus titulares.