viernes, 19 de julio de 2024

Las cuotas “ilegales” que se pagan en las escuelas públicas agrandan la desigualdad en Barcelona

 Metropoli


Imagen de varios niños en un aula

Imagen de varios niños en un aula EFE

En Catalunya se mantiene un sistema de pagos obligatorios generalizado contrario a las leyes y que genera disparidad de oportunidades de aprendizaje según si el centro se encuentra en una zona rica o vulnerable

Sobre el papel, la educación pública es gratuita. Sin embargo, muchas familias hacen aportaciones económicas que se conocen como “cuotas”. A la hora de matricular a los hijos, los padres pagan en concepto de material escolar, excursiones o como pago para el AMPA, las asociaciones de madres y padres de alumnos. Unas cuotas de acceso a la escolarización obligatoria prohibidas por ley y que agrandan la brecha entre los barrios más acomodados y los más vulnerables de Barcelona.

En el informe del Pacto contra la segregación escolar de 2022, el Síndic de Greuges de Catalunya denunciaba que estas aportaciones sirven para pagar determinados gastos de funcionamiento o para financiar proyectos y servicios escolares, que tendría que asumir la Administración. Según el Síndic, las familias pagan estas cuotas debido a la "infrafinanciación" de los centros y que "no deberían existir" o, en todo caso, "deberían tener la consideración de voluntarias".

En Barcelona, la Fundació Bofill también publicó un informe en el que se señalaba "el incumplimiento de los principios de gratuidad de la educación y accesibilidad en igualdad de condiciones". El documento Fent efectiva l'educació gratuïta per reduir les desigualtats asegura que las familias con menor renta gastan, de media, en torno a los 220 euros anuales en libros de texto y material escolar y casi 400 euros en comedor escolar. En muchos casos, la diferencia de precio va ligada a cada centro, aunque también influye el nivel socioeconómico.

Desigualdad de oportunidades educativas

El estudio Equivalencia territorial en la planificación educativa: diagnóstico y propuesta elaborado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a petición del Consorcio de Educación evidencia que en los colegios públicos de barrios acomodados, las cuotas son hasta el triple de caras que en las de barrios más humildes. El estudio revela que en Les Tres Torres, uno de los más ricos de la capital catalana, las familias pagaron de media durante el curso 2016/2017 344 euros al año, mientras que en Ciutat Meridiana, pagaron 151 euros. En otras zonas escolares con población de renta baja, como Ciutat Vella, las familias pagaron 123 euros al año, mientras que en la Font d’en Fargues o la Vila de Gràcia abonaron 263 euros y 227 euros anules respectivamente.

Cada centro determina la cuantía de las cuotas, hecho que incrementa las desigualdades. Mientras que los alumnos de los centros con una aportación económica más elevada tienen más oportunidades de aprendizaje, ya sea por el tipo de excursiones o por el material escolar que se utiliza, los más vulnerables no estudian en las mismas condiciones. Precisamente la ley prohíbe este tipo de cuotas para evitar la discriminación.

Fuentes consultadas del Sindicato de Profesores de Secundaria también reconocen que es una práctica habitual, aunque "difícil de demostrar porque hay poca transparencia". Además, denuncian que los pagos fomentan la segregación de alumnos, ya que las cuota de algunos centros son excesivamente altas para evitar una mayor concentración de población inmigrante. Ejemplo de ellos es la escuela La Carpa de L'Hospitalet, donde se ha llegado a pagar hasta 200 euros en un pago único, según ha podido saber Metrópoli. "Impera una ley del silencio y alguien debería hacer auditorías. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién lo cobra?", se preguntan.

Tanto el Síndic como la Fundació Bofill denuncian la ilegalidad de dichas cuotas. Según el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación, “en ningún caso no podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias para recibir las enseñanzas gratuitas, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica”. Entonces, ¿por qué se permiten estos pagos?

Cuotas únicas sin concretar cantidades

En Catalunya hay un sistema de cuotas único e indivisible en el que no se pueden fraccionar pagos y los convierte a todos en obligatorios, como, por ejemplo, la cuota de las AFA o las excursiones. Estos pagos, en caso de ser voluntarios, serían legales.

Entonces, ¿qué deben pagar las familias? En horario lectivo no tendrían que pagar nada excepto las excursiones y aquello que el alumno necesita en clase, como el material escolar. Fuera del horario lectivo, la ley dice que son de pago opcional “las actividades extraescolares y los servicios voluntarios”, como podría ser el comedor. Hay una falsa creencia que considera que se debe pagar por el material como proyectores o para el mantenimiento del centro. No obstante, proporcionar estos servicios corresponde a la Administración, según las fuentes consultadas. Actualmente, los centros hacen pagar a las familias por conceptos muy diversos, desde supuestas cuotas de matrícula hasta por servicios contratados por los centros porque la Administración no se los proporciona.

Según el informe La contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán publicado en 2019 por la federación de AMPA de Catalunya (AFFAC), la Administración se ha ahorrado una gran cantidad de dinero gracias al esfuerzo de las familias. El estudio destaca el Vallès Occidental como el territorio donde las familias pagan más.

Privatización de servicios a través de las AMPA

El padre M.F. llevaba a su hijo a un colegio en Terrassa. Durante el curso 2018/2019, el centro le exigió el pago de material escolar para poder ir de excursión. Según denuncia a Metrópoli, tenía que pagar obligatoriamente una cuota única e indivisible, a lo que él se negó. Fue entonces cuando “discriminaron” a su hijo. Decidió interponer una denuncia ante la Inspección de Educación. Desde entonces, la escuela admite el pago de cada excursión por separado, sin sobrecostes. Sin embargo, el padre alerta que la exigencia de cuotas ilegales continúa.

Según M.F., Educació privatiza gestiones con las AMPA, como la contratación de personal privado en las escuelas públicas. El padre solicitó a la Generalitat el detalle de las transferencias entre los años 2019 y 2023 que las AMPA hicieron en favor de las escuelas públicas de Terrassa, así como el personal privado docente y no docente contratado por las AMPA en el mismo período. Al final, Educació decidió no entregar la información respecto a las AMPA aduciendo que se trataba de "entidades privadas que no están sujetas al régimen de transparencia".

Menores en un centro extraescolar en Barcelona

Menores en un centro extraescolar en Barcelona EFE

El padre inició un proceso de litigación para acabar con esta práctica. Ha interpuesto varios recursos a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP). Sobre este punto, critica que las cuotas obligatorias todavía existen en Catalunya, pero que se esconden bajo “aportación voluntaria de material escolar”.

A pesar de que en el curso 2018/2019 la Generalitat estableció que perseguiría las escuelas públicas que llevan a cabo el cobro de cuotas obligatorias por la escolarización gratuita, M.F. lamenta que la Administración tiene conocimiento del problema, pero opta por no hacer nada.

Por su parte, el Departament de Educació asegura a este digital que "las excursiones y servicios escolares tienen carácter voluntario y que, en todo caso, el alumnado vulnerable cuenta con una dotación por parte del Departament para cubrir los gastos extra".

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