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El Gobierno le debe a Bruselas una reforma fiscal. Así está reflejado en el plan de recuperación acordado con la Comisión Europea, que establece que este compromiso forma parte del quinto tramo de ayudas europeas que el Ejecutivo solicitará a la UE antes de que acabe el año. De su éxito o no dependen parte de los 7.200 millones de euros en ayudas directas incluidos en este desembolso.
Por el momento, los ministerios económicos no han detallado con exactitud cuál será el contenido exacto de ese paquete fiscal. No obstante, fuentes gubernamentales aportaron el martes algo más de información, después de que el Gobierno remitiera a Bruselas el plan fiscal estructural. La hoja de ruta en la que se recogen los hitos que deber seguir el país para reducir su deuda y déficit a niveles más asumibles.
En el mencionado documento, el Ejecutivo ha incluido una reforma fiscal que aportaría ingresos por valor de tres décimas de PIB desde su entrada en vigor, previsiblemente en 2025. Si traducimos esta cantidad a dinero, estaríamos hablando de unos 4.500 millones de euros en ingresos extra, que se mantendrían en los ejercicios fiscales sucesivos.
Sin embargo, el grueso de esa reforma fiscal la conforman medidas que ya están en vigor. Las fuentes mencionadas anteriormente señalan que, dentro de la reforma, se incluyen los impuestos excepcionales a las energéticas y entidades de crédito, que pasarían a ser fijos (aunque probablemente sujetos a modificaciones). Estas dos figuras han aportado 2.860 millones de recaudación tributaria solo en 2024.
El Ejecutivo también incluye dentro de ese paquete la vuelta a la normalidad de los impuestos que han estado rebajados este año como parte de las medidas de apoyo anticrisis por las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. La normalización del IVA de los alimentos (que ha estado reducido durante todo el año) o en la factura de la luz aportará más recaudación.
A esto hay que añadirle la subida de impuestos que Pedro Sánchez prometió cuando dio el pistoletazo de salida al curso político en septiembre. Entonces, el presidente prometió "gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas", aunque no precisó cómo, ni tampoco lo han hecho ninguno de los representantes del ala económica del Ejecutivo. Una posibilidad es subir los tramos más altos del IRPF que pagan las rentas del capital, como le ha reclamado Sumar al PSOE.
El plan fiscal es la guía; los presupuestos, el camino
El plan fiscal que ha presentado el Gobierno incluye ya el impacto de esa reforma fiscal, además de otras medidas que afectan al presupuesto, como la reforma de las pensiones. Sin embargo, el documento presentado el martes es una especie de hoja de ruta general que marca el camino a seguir. El cómo se alcanzarán esos objetivos (con qué medidas concretas) lo definirá cada año el Gobierno en los Presupuestos Generales y las distintas administraciones regionales en sus cuentas.
En consecuencia, el plan fiscal estructural no incluye medidas concretas que detallen cómo el Gobierno tiene previsto acometer el ajuste presupuestario necesario para cumplir con las reglas fiscales europeas. Solo señala los límites de gasto en los que se puede incurrir y deja la fórmula del ajuste en manos de la administración.
Uno de los puntos que más llama la atención del plan es que deja más margen para elevar el gasto en los primeros años y lo va reduciendo progresivamente. Esto puede hacer pensar que el Gobierno deja el grueso del ajuste para la parte final, pero en el Ministerio de Economía defienden que el ajuste está repartido por igual todos los ejercicios.
La razón que subyace a esto es que las previsiones de crecimiento económico para 2025 y 2026 son más favorables que el escenario a medio y largo plazo que dibuja la Comisión Europea. La referencia que ha fijado el Gobierno es que el gasto público puede aumentar cada año un punto menos de lo que crezca el PIB. Como las previsiones de crecimiento se van debilitando a medida que pasan los años, el margen para gastar también se reduce.
En Economía creen, no obstante, que las previsiones a medio y largo plazo (que vienen dadas por Bruselas) son pesimistas, especialmente por los supuestos de llegada de migrantes. En el departamento que dirige Carlos Cuerpo confían en que el resultado final sea más elevado y, en consecuencia, el margen para gastar sea algo mayor en esos últimos años.
El plan fiscal del Gobierno está ya en manos de Bruselas, que se pronunciará sobre su contenido previsiblemente a finales de noviembre. No obstante, el Ejecutivo todavía no ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario, un documento clave en el que se debe especificar cuáles son las líneas principales de los presupuestos de cada nivel de la administración.
La incertidumbre sobre la tramitación de los Presupuestos Generales ha llevado a que el Gobierno retrase también el Plan Presupuestario. Desde el Ministerio de Economía rehúsan dar plazos aproximados para presentar este segundo documento.
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