miércoles, 11 de junio de 2025

La revuelta vecinal en Málaga contra la Junta por los "delincuentes" de un centro de menores

 



El Gobierno andaluz afronta una suerte de revuelta vecinal en uno de los barrios de mayor renta de Málaga. En El Olivar, dentro del distrito de Churriana, la renta está entre el 8% más alto de la capital de la Costa del Sol y un grupo de ciudadanos lleva semanas protestando por la inminente apertura de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en una de las casas de la zona. El problema, aseguran estos vecinos, no es la puesta en funcionamiento de este centro, sino que hay una serie de "irregularidades" que deberían impedir el arranque de este servicio, que echará a andar en cuestión de días.

La Consejería de Justicia, de quien depende este tipo de centros, asegura que el inmueble y la concesión a la empresa Meridianos cumple la normativa. "Está perfectamente equipado y no hay ningún tipo de problema", insisten desde el departamento que encabeza José Antonio Nieto. Pero lo cierto es que los vecinos están dispuestos a dar la batalla en los tribunales tras varias reuniones con la Administración autonómica y también con el alcalde, Francisco de la Torre. El pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió un recurso administrativo contra la adjudicación del centro que anticipa un conflicto que va camino de enconarse, ya que los vecinos tienen intención de acudir a la Fiscalía si no se paraliza la apertura.

"Nos traen a delincuentes", expresó hace unos días la portavoz del colectivo ante las cámaras de Cuatro en una protesta en este barrio malagueño. El centro que gestionará la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos está en una antigua residencia de monjas que ha estado de obras en las últimas semanas ante la apertura "inminente", como dijo el propio José Antonio Nieto.

El rosario de denuncias es largo y parte de la misma concepción del lugar que debe albergar a los menores. Una de las quejas es la cercanía al resto de viviendas del vecindario y la "pérdida de intimidad" que sufrirán los vecinos de las viviendas anexas. También se refieren al "vallado inexistente", aunque es cierto que sí que hay una cerca alrededor de la casa. Y aluden al tamaño del edificio, que es menor al que figura en la memoria justificativa del proyecto o la ausencia de pistas deportivas en la parcela. Los vecinos han remitido a las Administraciones un dossier con los incumplimientos que también se refiere a la superficie de las habitaciones o a la tala de árboles que se han desarrollado durante la adecuación del edificio.

Para los vecinos existe una "voluntad de ocultar la verdad" por parte de la entidad adjudicataria, ya que hay indicaciones en la memoria justificativa que son incompatibles con la ubicación del CIMI. En la Junta recuerdan que ese documento no tiene "carácter contractual", sino que son "estimaciones" para poder establecer el precio de la concesión. Meridianos ha resultado la ganadora de una adjudicación por 4 años que ascenderá a 21 millones de euros después de que hace unos años cerrase el centro que la Consejería de Justicia gestionaba en Torremolinos y que fue cerrado por la Administración.

"No se fijan dimensiones específicas, salvo para los dormitorios en las unidades de convivencia de los menores", apuntan desde la Junta. En Justicia recuerdan además que la orden que regula estos centros no define la naturaleza ni las dimensiones de zonas formativas y de tiempo libre de los adolescentes internos. "Comprendemos la inquietud porque hay un desconocimiento", añaden fuentes del departamento que encabeza José Antonio Nieto, que insisten en que ha habido varias reuniones con técnicos y altos cargos de la Administración que han finalizado sin un entendimiento.

El colectivo que ha alzado la voz contra esta instalación duda también de que los menores allí internados vayan a poder salir con libertad, algo que en la Junta niegan. La sospecha parte de que el pliego de condiciones alude a un régimen de "semilibertad". Con este concepto la Administración alude a los permisos de salida que conceden los jueces o las prácticas en empresas que realizan estos menores, pero en Justicia garantizan que estos movimientos siempre los hacen acompañados por tutores legales. "No va a afectar a la vida del barrio", insisten fuentes del Ejecutivo andaluz.

Según la Junta, existen otros centros de este tipo que también están enclavados en una zona urbana, como en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la apuesta por esta apertura tiene que ver con el citado cierre del inmueble de Torremolinos. En Málaga no existen plazas para menores infractores en régimen de internamiento, por lo que las familias deben desplazarse a otras provincias, con el gasto en desplazamiento que supone. Justicia recuerda que se trata de menores con delitos no graves, ya que esos casos se abordan en otras instalaciones, y que los CIMI están visados por magistrados, Fiscalía e incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz.

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