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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto en el que avala, por segunda vez, las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 instó a finales de 2024 a la compañía multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos de su plataforma por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica.
Según ha informado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, el TSJM ha rechazado un recurso presentado por Airbnb contra las medidas cautelares que Consumo dictó para que retirara de su plataforma 347.728 anuncios.
En total, el departamento que lidera Bustinduy instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones: la primera, de 5.800 anuncios, que fue confirmada por el TSJM en un primer auto de mayo; la segunda, de 34.728 anuncios, la referida a este segundo auto; y una tercera resolución con los anuncios restantes, que es la única que no ha sido recurrida por Airbnb. Fue en este contexto cuando, tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional terminó retirando 65.000 anuncios el pasado mes de julio.
Las razones esgrimidas por Consumo para exigir la retirada de los anuncios es que no incluyen el número de licencia o registro, lo cual es obligatorio; incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades; y no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, por lo que el consumidor no puede saber si son profesionales o particulares.
En este mismo ámbito de actuación contra la publicidad ilegal de viviendas turísticas, Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024. Además, la Dirección General mantiene abiertos expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas y expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas iniciativas, según el ministerio, van dirigidas a contribuir a atajar el problema de la vivienda en España. El propio Bustinduy ya ha declarado en distintas ocasiones que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", por lo que "ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley".
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