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Yolanda Díaz aboga por un incremento del 3,1% para este 2026, que el SMI no pague IRPF y aspira a convencer a los empresarios

El Ministerio de Trabajo ha planteado que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba este año 37 euros, hasta ubicarse en 1.221 euros mensuales (en 14 pagas). El Ministerio dirigido por Yolanda Díaz aboga por un incremento del 3,1% para este 2026 y que el SMI no pague IRPF, tal como inicialmente ambicionaba el Ministerio de Hacienda. También se ha comprometido a sondear reformas que permitan actualizar parte de los contratos públicos para que las empresas que licitan con la Administración puedan repercutir parte del incremento del SMI en sus contratas. Con ese movimiento, los de Díaz aspiran a convencer a la patronal, que se ha desmarcado de las últimas cuatro subidas del SMI. La resolución de la negociación llegará "en cuestión de días", según han manifestado los sindicatos.
Trabajo reanuda así las negociaciones para revalorizar el SMI, que quedó prorrogado en el último Consejo de Ministros del año anterior. El objetivo del Gobierno es actualizarlo a lo largo de este mes de enero para que entre en vigor de forma inmediata. El SMI lo perciben alrededor de 2,5 millones de trabajadores en toda España, según los últimos cálculos que maneja Trabajo.
El Gobierno perfila un incremento lejos de los planteamientos iniciales de la patronal, que planteó una subida del 1,5%. No obstante, desde el Ministerio creen que los empresarios "podrían estar de acuerdo" con esa subida del 3,1% si la revalorización incluye una indexación parcial de los contratos públicos al nuevo salario mínimo. La posición durante los últimos años de la CEOE ha sido reticente a aunar posiciones con el Gobierno y durante los últimos cuatro años ha declinado apoyar las revalorizaciones del SMI.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha aplaudido el "clima de diálogo franco" de la CEOE durante la reunión de este miércoles, rebajando así el duro tono que había utilizado contra los patronos en las anteriores reuniones. A quien recientemente había acusado de carecer de "la más mínima sensibilidad" al rechazar sumarse al acuerdo para ampliar los permisos por muerte de un familiar. Desde la CEOE, a preguntas de este medio, han declinado realizar declaraciones al respecto. "Estamos viendo a nivel interno la propuesta", se han limitado a declarar fuentes oficiales de la patronal.
Sin embargo, desde el Ejecutivo confían en que cambien de parecer si se les concede esa vieja pretensión de poder repercutir en los contratos públicos las subidas del salario mínimo. Por ejemplo, una empresa de limpieza viaria que tiene a parte de su plantilla cobrando el SMI presenta una licitación a un coste concreto. No obstante, si durante el contrato sube el SMI, los costes de dicha empresa suben, pero no puede repercutirle dicho incremento de coste a la administración y con el mismo presupuesto debe cubrir más costes. Ahora, Trabajo se ve confiado en poder convencer a Hacienda de que cambie de parecer y permite cierta repercusión en los contratos públicos. Hasta ahora lo había rechazado, ya que ello aumentará el presupuesto público.
Consultas internas
Los sindicatos, por su parte, ambicionaban un incremento del 7%, menos de la mitad de lo que plantea Trabajo. Sin embargo, las centrales pusieron encima de la mesa esa cuantía pensando que el SMI tributara IRPF, por lo que debía ser mayor, ya que parte de la subida se la llevaría Hacienda. Ahora que Trabajo se muestra confiado en convencer a Hacienda de no hacer tributar a los perceptores del salario mínimo, esa menor cuantía del 3,1% podría convencer a los sindicatos.
"Ni aquiescencia ni rechazo aún, pero pedimos un ejercicio de responsabilidad", ha afirmado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján. El sindicalista ha apelado, sin citarla, a Hacienda para que de su brazo a torcer, permita esa indexación de contratos públicos y allane el camino a un acuerdo tripartito, en el que "debería estar la patronal, en ese ejercicio de responsabilidad". "Hoy mandar un mensaje de estabilidad es lo mínimo", ha opinado el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco. "Que Hacienda reflexione" para "facilitar las condiciones para un acuerdo", ha añadido.
Patronales y sindicatos elevarán las condiciones planteadas por Trabajo a sus órganos directivos, que decidirán si las organizaciones apoyan o no la subida. Mientras dichos órganos sopesan su posición, Yolanda Díaz buscará convencer a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de que valide las variables que pueden hacer posible el acuerdo tripartito.
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